Publicado en www.fsc.ccoo.es
Enrique Fossoul, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, sostiene que el acuerdo para la Función Pública, firmado esta mañana en La Moncloa por CCOO, UGT y CSIF, es un avance para equiparar a los empleados públicos con el resto del mundo laboral y culmina con éxito ela negociación en el Foro del Diálogo Social en las Administraciones Públicas.
Concluye con éxito este ámbito del Diálogo Social, en el que es el Gobierno el que ejerce de "patronal" de las empleadas y empleados públicos, y que articula en las Administraciones Públicas el Diálogo Social Tripartito, y cuya única diferencia radica en la presencia, dentro de las organizaciones sindicales de, además de UGT y CCOO, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF.
El acuerdo, que Enrique Fossoul ha definido como "un Acuerdo muy importante para este país", tiene como vigencia el resto de legislatura y contribuye a la contención del gasto público estableciendo un incremento muy limitado de los salarios durante 2010, pero garantizando el poder adquisitivo del personal del sector público a través de una cláusula de revisión salarial.
Fossoul también ha destacado que el pacto constituye un avance para equiparar a los empleados públicos con el resto del mundo laboral, y demuestra la voluntad de este colectivo de colaborar para salir de la actual crisis económica. Además, ha afirmado que "sólo con el diálogo social se podrá salir de la crisis y construir unas nuevas bases de crecimiento económico".
El acuerdo firmado recoge medidas relativas al empleo, desde la flexibilización de la tasa de reposición de efectivos que se pueda establecer en LPGE, excluyendo de ella a servicios de carácter esencial y poniéndola en relación con la reducción de la temporalidad que se establece en el 8% para el conjunto de las Administraciones Públicas, hasta la aplicación del derecho a la jubilación parcial recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
El texto pactado supone igualmente un importante impulso a la modernización de las Administraciones Públicas, a través de medidas concretas para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, y establece la necesidad de adoptar criterios generales de carrera, evaluación al desempeño, estructura retributiva, etc.
Otro de los avances contenidos en el acuerdo es, según Fossoul, la creación de un observatorio de empleo público que se encargará no sólo de evaluar el volumen de los recursos humanos, sino de la calidad de los servicios, del empleo público y del tipo de empleo que se crea en cada administración.
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