Publicado en www.expansion.com
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la nueva Ley de Tribunales de Instancia con el que el Ministerio de Justicia pretende “dotar de más agilidad al sistema y ganar en seguridad jurídica”. Caamaño ha dicho que la creación de estos tribunales “es otra pieza fundamental para el cambio de la Justicia”
A propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el Gobierno ha aprobado este anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia, que se configurarán como el órgano de organización colegiada que agrupará, en sus respectivas secciones especializadas, a los jueces de los distintos juzgados existentes en un partido judicial.
Los nuevos tribunales de instancia asumirán las competencias que actualmente están atribuidos a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de los Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria y de Violencia sobre la mujer.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia ha afirmado que un cambio significativo a partir de ahora es que “donde hoy hay, por ejemplo, el juzgado nº 1, nº 2 o nº 3, habrá un solo tribunal servido por tres jueces”.
Por otra parte, “el Tribunal tendrá un presidente con funciones de coordinación. Será elegido por los jueces y magistrados que lo integren”, ha asegurado Caamaño, que ha añadido que “esta organización colegial tiene claras ventajas frente al actual modelo de juzgados unipersonales”.
Otras de las novedades que ha avanzado el titular de la cartera de Justicia es que “ahora para aumentar personal hay que crear nuevos juzgados con todo su personal. Con esta Ley, sólo se crean las plazas necesarias”.
El ministro ha añadido que con esta ley “se prevé que el presidente del Tribunal podrá unificar criterios con el resto de miembros para que asuntos iguales tengan iguales resoluciones”.
Estos nuevos tribunales irán sustituyendo progresivamente a los ahora existentes. Se prevé que en plazo de tres años el proceso de cambio pueda estar finalizado.
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