Publicado en www.elpais.com
Las bodas ya previstas, los enterramientos, los juicios rápidos por delitos graves, los asuntos electorales y, en general, las diligencias muy urgentes serán los únicos asuntos que se atiendan en la primera huelga de jueces de España anunciada para el próximo miércoles.
Todo un desafío al Ministerio de Justicia, que tacha la huelga de ilegal por tratarse de un derecho vetado al considerarlo tercer poder del Estado. Pero los jueces discrepan y mantienen el paro, que en Madrid puede adquirir una importante magnitud por ser la ciudad donde más adeptos suma y por coincidir, además, con la huelga de 12 días seguidos que han convocado desde este lunes los funcionarios judiciales madrileños. Éstos protestan por el incumplimiento del acuerdo económico que alcanzaron con el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Unos 1.700 jueces, de los 4.400 que hay en España, han anunciado por escrito o a través de sus asociaciones que secundarán la huelga del 18-F. Ellos mismos han fijado los servicios mínimos y constituido sus comités de huelga. El Consejo del Poder Judicial se inhibió de hacerlo, cuando lo solicitaron los jueces, al entender que existe un limbo legal sobre si un juez puede hacer huelga.
Los respectivos tribunales superiores darán cuenta al Consejo de los jueces que finalmente secunden el paro. De momento, 31 partidos judiciales, entre ellos los de todas las grandes capitales, acordaron el pasado 21 de enero cerrar sus puertas el 18-F. Sin embargo, al estar convocado el paro por dos asociaciones, a él se pueden sumar quienes lo deseen con independencia de la decisión adoptada por sus juntas.
Las dos asociaciones convocantes han evitado recurrir ante el Tribunal Supremo la inhibición del Consejo para evitar que entre en el fondo del asunto y emita una resolución que pueda restar cobertura al paro.
