Publicado en www.lamanyana.es
Juzgados Penales de Lleida han presentado un comunicado a varios organismos, entre las que se encuentra el Departament de Justicia, donde aseguran que gracias a las reformas del poder legislativo los tres juzgados de Lleida se encuentran bajo “una saturación insoportable”.
Los funcionarios aseguran que el incremento de tareas a las que les han sometido choca de frente con unos medios materiales y humanos totalmente insuficientes a lo que hay que sumar el último legado del ex ministro Mariano Fernández Bermejo, el Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias.
Los funcionarios exponen en el comunicado el aumento de ejecutorias a las que les ha sometido las reformas legislativas.
La ejecución de las sentencias, tanto las propias como las que llegan de los juzgados de instrucción, gracias a las llamadas conformidades, son de duración larga ya que entre ellas se encuentran las penas de prisión, violencias domésticas, impagos de pensiones, privaciones de permisos de conducir, indemnizaciones a perjudicados... En la actualidad, los Juzgados de lo Penal de Lleida cuentan con 3.221 ejecutorias vivas, “algunas de ellas tienen la misma antigüedad que el propio juzgado”.
Al aumento de ejecutorias, que viene reflejado en la tabla de esta misma página, no le ayuda “los continuos cambios legislativos que se van produciendo en la legislación penal, que conllevan a la penalización de nuevos delitos que están llevando al colapso de esto órganos, como son los delitos contra la seguridad en el tráfico, violencia de género y contra la propiedad intelectual.
El registro de Bermejo
Según los funcionarios de los juzgados penales con estos cambios legislativos los trabajadores del Canyeret acaban asumiendo competencias “que hasta ahora ejercían otras administraciones públicas como Hacienda, Tráfico, el INEM o las Policías”. A todo ello debe sumarse la creación del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias que Bermejo puso en funcionamiento el pasado 17 de febrero. Algunos de los usuarios aseguran que la tarde de la inauguración ya estaba totalmente colapsado.
Los funcionarios quieren dejar claro que no se oponen a la creación del mismo. “Los instrumentos de control y medidas de modernización y transparencia de la Administración de Justicia son necesarios pero solicitamos que sean eficaces y dotados de medios personales y materiales suficientes para que puedan alcanzarse los objetivos”, aseguran en el comunicado. “Resulta penoso que se haya puesto en marcha el registro sin haber recibido formación alguna sobre su funcionamiento y más contando que un sólo error puede ser muy grave para la persona que lo padezca”. Los trabajadores del Canyeret afirman que tal carga de trabajo resulta “inviable”. Además Además, centrarse exclusivamente en la entrada de datos en el citado registro supone dejar de hacer otras funciones lo que “provoca el colapso de los Juzgados de lo Penal”.
Plantillas estables
Los funcionarios aseguran que las plantillas de los penales han permanecido estables a lo largo del tiempo. Los funcionarios que trabajan en los penales “están comenzando a plantearse como una alternativa cada vez más real el abandono de esta jurisdicción, debido a la escasez de incentivos, la excesiva responsabilidad que va recayendo día tras día sobre los funcionarios, el incremento desmedido de asuntos y lo más preocupante, la desmotivación que provoca la falta de atención absoluta ante los problemas que llevan mucho tiempo originándose” y que según opinan no se han dado soluciones.
Afirman que el Departament de Justicia “no sólo ignora esta realidad, lo más preocupante es que trasmiten una sensación de indiferencia absoluta”. Por ese motivo solicitan a la Generalitat que dote a los penales de los funcionarios necesarios hasta el punto que, por lo menos, equiparen la plantilla a la de los Juzgados de Instrucción. También solicitan que se suspenda la entrada en vigor del polémico registro de Bermejo hasta que se implanten los medios y el personal suficiente para tal labor.
