Publicado en www.huelvainformacion.es
El caso de Moguer, donde las funcionarias denunciaron públicamente la saturación que padecían, se agrava en Ayamonte o en los juzgados de lo Penal de la capital · Reclaman soluciones urgentes
Estos sindicatos coinciden en señalar que la crisis, en los últimos meses, no ha hecho más que empeorar una situación que ya venía siendo preocupante y que mantenía a los juzgados en jaque, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios por sacar el trabajo adelante a costa de horas extra sin compensación. También coinciden en que la sobrecarga de Moguer no es la mayor de la provincia y apuntan a que en Ayamonte y en todos los penales de la capital llega a ser más grave.
Los factores que han contribuido a esta situación son múltiples, como en casi todas las circunstancias que se tuercen. Así los delegados sindicales explican que, por una parte, la crisis económica ha aumentado de forma importante la carga de trabajo en los juzgados civiles al incrementar los litigios, los despidos, las demandas por deudas..., y lo mismo ha ocurrido en los penales donde llegan más casos de hurtos o robos...
A esto se ha sumado el recorte en los gastos de la administración de justicia que ha aplicado la Junta de Andalucía. Así por ejemplo, el representante de CC OO, Aquilino García, asegura que en lo que va de año la plantilla se ha reducido en 5 ó 6 personas (dos refuerzos menos en cada uno de los juzgados de Moguer y uno en el Instituto de Medicina Legal que se creó en Huelva). Este asegura que esta reducción de personal ha hecho retroceder una década la plantilla de funcionarios, puesto que también han cambiado otras circunstancias como, por ejemplo, el incremento de la población.
El responsable del sector de Justicia del CSI-CSIF, Manuel Portal, afirma que desde su sindicato ya se ha solicitado una reunión al nuevo delegado provincial de Justicia de la Junta, Enrique Gaviña, por entender que la situación es "muy grave" y que los funcionarios, en general, están "sobrepasados de trabajo". Este añade a la crisis y al recorte de personal, que los funcionarios de los juzgados de la Penal han visto incrementadas sus tareas por la exigencia de nuevas anotaciones en los procedimientos de cara a las estadísticas y registros.
Este lamenta, de cualquier forma, que si llega alguna solución será demasiado tarde como ocurrió en el caso de Ayamonte, donde el nuevo juzgado "no ha solucionado nada por la enorme carga de trabajo que había". Y, ahora, vuelve a estar colapsado.
Un problema añadido es que las bajas de los funcionarios no se cubren hasta pasado un mes. Esta fue una de las razones que hizo saltar la chispa en el juzgado de Moguer que pasó de tener tres funcionarias a quedarse con una. Esta es una reivindicación de los sindicatos porque entienden que la decisión de la Junta ha hecho retroceder las circunstancias laborales varios años atrás. Así el delegado sindical de UGT, Juan Francisco Fernández, asegura que si hace tres años las bajas se cubrían en cuestión de una semana, ahora hay que esperar algo más de un mes y, "muchas veces ocurre que se nombra a alguien cuando ya se está incorporando el funcionario".
A corto o medio plazo los representantes sindicales estiman que la situación no va a mejorar "pues todo apunta a que la crisis va a seguir generando conflictos que llegarán a los juzgados". Siendo optimistas, consideran que, como mucho, "se podrá contener algo el incremento de asuntos". Así, el representante de CC OO señala que, en algunos juzgados, en el mes de marzo ya había entrado el mismo número de casos que el año anterior a finales de mayo.
A la vista de esto, se requieren medidas urgentes. Para los representantes sindicales la solución viene de la mano de que la Junta de Andalucía incremente el número de funcionarios y se creen más juzgados de acuerdo a los baremos que hay establecidos considerando la carga de trabajo. Entienden que el sistema de refuerzos que se ha venido utilizando hasta ahora para tratar de paliar la situación es "un parche", aunque, también es cierto, que a corto y medio plazo es la única salida que puede adoptar la Consejería de Justicia, ya que la creación de nuevos juzgados sigue siendo una competencia del Ministerio.
Juan Francisco Fernández de UGT añade que la administración tiene que plantearse seriamente elaborar un plan de choque con medidas para frenar esta situación.
