Publicado en www.lasprovincias.es
Ahora, cuando el colapso económico se sitúa quizás en lo más profundo del pozo, la situación se vuelve si cabe más angustiosa para los togados. Los últimos en lanzar la señal de SOS han sido los jueces de lo Social. Y no es para menos.
Las demandas por despidos presentadas en los juzgados de Valencia se han triplicado en los tres primeros meses del año. La ley fija un máximo de dos meses para resolver estas cuestiones. Hasta ahora, los magistrados resolvían los pleitos antes de agotarse ese plazo. Ahora es imposible. Los despidos que se hayan producido este mes, no tendrán una solución al menos hasta julio, como denuncia en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Ello no sólo supone un perjuicio para el propio ciudadano despedido, que tiene que ver como su incómoda situación se prolonga en el tiempo. El atasco judicial va a suponer dinero a las arcas públicas. Porque la Administración tiene que ocuparse de pagar a los trabajadores los salarios que excedan de los 60 días marcados por la ley como plazo para resolver el fin de una relación laboral.
La "alarmante situación", como la califica el propio TSJ, fue puesta de manifiesto el jueves durante la junta de jueces de lo Social de Valencia. Los magistrados acordaron solicitar un "refuerzo urgente" de al menos ocho jueces más, con los consiguientes funcionarios.
La petición ha sido remitida a la Sala de Gobierno del TSJ para hacerla llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y este, a su vez, lo transmita al único capaz de paliar la escasez de juzgados: el Ministerio de Justicia.
Años de beligerancia
En cifras, los órganos judiciales de la ciudad de Valencia han registrado en los tres primeros meses de este año 2.773 demandas por despidos. El dato es prácticamente el triple frente a los 985 casos contabilizados en el mismo trimestre de 2008.
Pero la avalancha de pleitos por conflictos laborales no es ninguna novedad de este año. La beligerancia entre jefes y empleados viene de lejos. Ya en 2007, los juzgados de lo Social de Valencia recibieron algo más de 16.000 asuntos.
La cifra en aquel entonces suponía el doble de la carga de trabajo máxima (850 procedimientos) recomendada por el CGPJ para estos órganos. La llegada de asuntos no hizo sino aumentar el año pasado (21.526), situándose casi en el triple de lo considerado óptimo por el Poder Judicial.
Los cálculos acerca de la estadística que reflejarán los 17 juzgados de lo Social de la ciudad de Valencia al final de año arrojan una cifra mareante: casi 40.000 asuntos, unos 2.500 por juzgado, cerca de un 300% por encima del baremo idóneo fijado por el Consejo General del Poder Judicial.
Pero el comunicado del TSJ no oculta la poca esperanza que tienen los jueces de ser escuchados por la Administración Pública. Y es que, los ochos jueces de refuerzo no dejaría de ser una medida "provisional y transitoria". Lo verdaderamente necesario es un aumento del número de juzgados.
El propio Tribunal Superior ya subraya que para este año "no está prevista la creación de ningún juzgado de lo Social en la ciudad de Valencia. Desde el TSJ reconocen que la petición de más juzgados ya ha sido trasladada al Ministerio "en innumerables ocasiones" en el pasado, y siempre con un "resultado negativo".
Medida de choque
A la espera de la "imperiosa necesidad" de nuevos juzgados, los magistrados aguardan al menos los ocho jueces de refuerzo como "medida de choque para afrontar los asuntos urgentes". Especialmente necesario es el apoyo al juzgado de lo Social número tres, encargado de ejecutar las sentencias. Porque de nada sirve que un juzgado se pronuncie judicialmente si luego su dictamen no se lleva a la práctica, uno de los grandes males actuales de la justicia española.
