Publicado en www.adn.es
Aragón y Navarra son las Comunidades Autónomas donde mejor funciona la Justicia, mientras que las mayores deficiencias se registran en Madrid, Cataluña y Baleares, según los más de 5.000 abogados participantes en un estudio elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Según los letrados, las áreas de lo Social y de lo Civil son las que mejor funcionan, puntuadas con un 5,6 y un 5,2 por ciento, respectivamente, mientras que las áreas de lo Contencioso-administrativo y de lo Penal suspenden con un 4,2 y un 4,8 por ciento.
En general, la mayoría de los entrevistados (71 por ciento) considera que la Justicia funciona mal y el 88 por ciento coincide en que atraviesa una crisis "muy grave y profunda", además de que la forma en la que está organizada se corresponde más con las necesidades de una sociedad del pasado que con una del siglo XXI.
Los letrados achacan estos problemas a los Gobiernos que, en su opinión, muestran más interés en tratar de controlar la Justicia o influir en ella que en emprender una mejora que la modernice y la haga plenamente eficiente.
En esta línea, el 85 por ciento de los letrados entrevistados señala que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un órgano politizado, un dato que ha sorprendido poco al presidente del CGAE, Carlos Carnicer.
"Es un órgano fortísimamente politizado y así no puede gestionar la independencia de la Justicia", ha apuntado en la presentación del estudio hoy en Madrid, para añadir que el problema del CGPJ no está tanto en el sistema de elección de los magistrados que lo componen, sino en su composición, algo que exige una reforma constitucional para cambiarse.
Los letrados también critican el corporativismo de la Justicia y un 63 por ciento cree que se organiza a medida de los jueces y no del modo que podía resultar más cercana y útil a la ciudadanía.
Sin embargo, los abogados no descargan la responsabilidad de los problemas de la Justicia en los jueces, sino en la Administración y exigen, por unanimidad, un Pacto de Estado para remodelar a fondo la organización y funcionamiento del sistema.
Según recoge el estudio, las soluciones propuestas por los letrados pasan por buscar medios alternativos para resolver los conflictos para descargar a los tribunales y por modernizar la Justicia aprovechando las nuevas tecnologías.
Cinco años después de la puesta en marcha del Plan Tecnológico de la Abogacía, el 97 por ciento de los entrevistados considera que se debe seguir invirtiendo en mejorar y aumentar los servicios colegiales basados en las nuevas tecnologías.
