Publicado en www.www.diariosur.es
- Los sindicatos alertan de que se han quedado 20 plazas desiertas de Gestión en ambos municipios. Nadie las quiere
Lejos quedan los años en los que los partidos judiciales de Marbella y Estepona eran los destinos más deseados de la geografía española para los funcionarios. La Consejería de Justicia y Administración Pública ha ofertado 20 plazas del cuerpo de Gestión para ambos municipios y ningún funcionario de España ha solicitado el traslado en promoción interna. Las plazas, actualmente cubiertas en su mayoría por interinos de la bolsa de trabajo y personal no cualificado del SAE, han pasado a estar desiertas a la espera de que los aprobados en las últimas oposiciones elijan destino.
Los sindicatos CC.OO. y UGT aseguran que se quedarán libres en su mayoría. «Nadie quiere ir a Marbella o Estepona. No sólo por la lejanía con la capital o el elevado precio de la vivienda, sino porque ya no es un destino apetecible. Demasiado trabajo y causas muy complejas. No compensa», explica Juan Miguel García, secretario de la sección sindical de Justicia de UGT Andalucía.
Además, sólo hay 75 aprobados en las últimas oposiciones de Gestión de promoción libre para 204 plazas ofertadas en toda la comunidad autónoma, así que los nuevos funcionarios no tienen problema para elegir destino y la mayoría solicitarán capitales de provincia. Después de meses en los que nadie quería venir a trabajar a Marbella y Estepona, la Consejería ha echado mano de la bolsa de trabajo del SAE. Se trata, sin embargo, de personal no especializado al que hay que formar, lo que agrava aún más el atasco judicial.
Para José María Vico, responsable de Justicia a nivel regional en CC.OO. se trata de un problema estructural en toda Andalucía, agravado en Marbella y Estepona por el atasco que sufren sus juzgados. «La Administración ha disminuido durante años la oferta de empleo público pendiente de la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial que preveía la creación de servicios comunes y una profunda reestructuración de la plantilla al uso. El proyecto lleva años dando bandazos sin fecha concreta y los políticos han cometido el error gravísimo de guardar las plazas pendientes de un proceso de reforma que nunca llega».
«El problema es estructural -apunta García-. El aumento de la plantilla y de los juzgados y la oferta de empleo publico no se ajusta a la necesidad de efectivos que hay. La solución es que el Gobierno central transfiera las competencias a la Junta de Andalucía».

