Publicado en www.lavozdegalicia.es
- Los funcionarios judiciales se niegan a poner los sellos debido a la sobrecarga de trabajo que soportan a diario.
Las notificaciones, citaciones, requerimientos o cualquier tipo de carta que sale de los juzgados coruñeses vienen de vuelta. No llegan a los destinatarios porque Correos se niega a seguir enviando misivas que no lleven su correspondiente pegatina o sello postal y los funcionarios judiciales se oponen a realizar ese trabajo. En la última semana se cuentan por cientos los escritos devueltos. Solo una minoría llegó a su destino, aquella correspondencia que, por ser de especial importancia o urgencia, los trabajadores de los órganos judiciales sí sellan «para evitar graves perjuicios a los ciudadanos», según afirma el portavoz de la junta de personal de los juzgados coruñeses, Pedro Galán.
Esta caótica situación se veía venir desde hace mucho tiempo, desde hace dos años, cuando la sociedad estatal de Correos y la Consellería de Xustiza firmaron un convenio para la remisión de la correspondencia oficial a organismos y particulares. En el contrato se establecía que serían los trabajadores judiciales los responsables de pegar los sellos a las cartas que quisieran remitir. Los funcionarios, salvo alguna excepción, nunca lo hicieron. Alegan que «las secretarias de los juzgados ya están más que saturadas debido a la sobrecarga de trabajo que soportan diariamente, superando ampliamente el número de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial considera que un tribunal puede enjuiciar, fallar y ejecutar».
La junta de personal de los juzgados coruñeses asegura que el contenido de ese convenio era «totalmente desconocido» para ellos, «a pesar de implicar una evidente alteración de las relaciones laborales en el sentido de que obliga a los trabajadores de la Administración de Justicia a asumir otra función más, que no está por ningún lado claro que tengan que realizar».
Perjuicios
La junta de personal lamenta los «perjuicios irreparables» que genera esta situación, «si tenemos en cuenta el colapso en el que se encuentra inmersa la Justicia, derivando en suspensiones de juicios, declaraciones penales, etcétera». El hecho de que sean cientos los ciudadanos que no han podido enterarse, por ejemplo, de la fecha y hora en la que tenían que acudir a un juicio supondrá, según los empleados de los juzgados, un cúmulo de suspensiones, lo que provoca que los afectados tengan que volver a ser citados para más adelante, «incrementando aún más la paralización judicial». Por no hablar de las notificaciones por desahucio o embargos.
Asimismo, los funcionarios recuerdan que si «el opaco contrato» firmado entre Correos y Xustiza hace dos años ha sido incumplido por alguna de las partes, «debe ser denunciado por el cauce que la leyes prevén para ello, no siendo de recibo que se prive a los ciudadanos del tan necesario en estos tiempos servicio público de la Justicia». Creen que actuar de esta forma «sorprendente y de un día para otro» no es la mejor solución.
Los trabajadores creen que se debería buscar personal que realizara estas tareas
Desde las organizaciones sindicales que componen la mesa sectorial de Xustiza, así como desde la junta de personal de la provincia de A Coruña, se afirma que este convenio firmado hace dos años no afecta a la Administración de Justicia «por carecer entre otras cosas del personal laboral que realice las labores establecidas en dicho convenio».
Además, la junta de personal califica de «irresponsable» la actitud del director xeral de Xustiza, «dado que este tema no le es absoluto desconocido, puesto que desde las organizaciones sindicales se le ha hecho llegar una propuesta, consistente en que el servicio de Correos continúe, como venía haciendo hasta ahora, recogiendo y entregando la correspondencia».
Desde la consellería se afirma que se tratará de solucionar el problema en breve y que hoy mismo se pondrán en contacto con los secretarios judiciales para conocer la situación y buscar una solución urgente.
