Publicado en www.lavozdegalicia.es
- Según la ley que la regula, tendría que estar operativa desde finales del 2008
Implantar la nueva oficina judicial ha sido un objetivo prioritario confeso de los distintos titulares de la cartera de Justicia desde López Aguilar. Pero el gallego Francisco Caamaño, con el talante negociador que lo caracteriza, ha sido el primero en lograr el consenso necesario para sacar adelante el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal necesaria para hacer viable el nuevo modelo de oficina judicial, que fue publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el pasado 19 de diciembre.
Con la media docena de enmiendas consensuadas el pasado 26 de mayo, en el último debate del estado de la nación, Justicia prevé que la reforma de las 21 leyes procesales necesarias para la puesta en marcha de la nueva oficina entren en vigor en enero del próximo año.
Mientras tanto, ya se han puesto en marcha una batería de medidas organizativas que posibiliten el desarrollo de esta oficina, tales como el nombramiento de un secretario general de modernización, la creación de una comisión encargada de la implantación de la oficina y la elaboración de la nueva relación de puestos de trabajo. Todo ello después de haber implantado experimentalmente el modelo en once partidos judiciales pertenecientes a las nueve comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.
Lo último fue la reunión celebrada el pasado 29 de mayo en Toledo por los secretarios judiciales coordinadores de toda España con los altos cargos del ministerio implicados en el proyecto.
Nuevos plazos
El resultado oficial de esa reunión fue la elaboración de un cronograma de aquí a diciembre con el fin de «proporcionar los instrumentos adecuados para la efectiva implantación de la nueva oficina judicial a partir del próximo mes de enero». En la judicatura no se respira el mismo optimismo. Distintos jueces consultados explican que el consenso alcanzado para las reformas legales no implica más que «no poner obstáculos a un cambio cuya necesidad ya nadie discute; otra cuestión es cómo se pretende llevar a cabo».
Consideran los críticos que el modelo que se pretende implantar es fruto de «mucha matemática y estadística, pero evidencia un escaso conocimiento de la realidad judicial de este país». Explican que el origen del problema radica en que «conciben el trabajo judicial como un trabajo en cadena y no como un trabajo intelectual».
Antonio Fraga Mandián, decano de los jueces coruñeses, considera que la nueva oficina judicial que se pretende implantar es una realidad irreversible porque está aprobada por ley, pero no es la panacea para resolver los males endémicos de la Justicia española. Teme que va a consumir muchos recursos y a generar más insatisfacciones que resultados efectivos. Fraga Mandián considera que el modelo actual de oficina judicial no es malo, sino que está mal dotado. A su juicio, el problema se resolvería con más jueces, una digitalización plena del proceso judicial y una mayor formación del personal.
Otros colegas suyos son más pesimistas y están convencidos de que ningún ministro se va a atrever a poner en marcha la nueva oficina, porque para eso harían falta sedes judiciales nuevas y duplicar las actuales plantillas de funcionarios.
«La implantación va para largo, pero se puede empezar a aplicar paulatinamente»
Pilar Cancela es la coordinadora de los secretarios judiciales de la provincia de A Coruña desde hace tres años. La pasada semana participó en Toledo en un encuentro nacional de secretarios coordinadores con directores generales de Justicia para dar un impulso definitivo a la implantación de la nueva oficial judicial (NOJ).
Con 25 años de experiencia profesional a sus espaldas, cree en el proyecto, pero no en los plazos previstos para su implantación.
-Lo último que dijo el ministro Caamaño es que la NOJ es «la estación de destino de un largo viaje». La fecha de llegada era finales del 2008. A este ritmo, ¿llegará a ser realidad algún día?
-Yo ya me empiezo a creer que sí. En la reunión de Toledo quedó claro que el nuevo ministro quiere llegar a un acuerdo social para implantarla escuchando a todo el mundo. De hecho, ya logró un acuerdo para sacar adelante la reforma procesal necesaria.
-¿En qué plazos?
-El modelo a seguir ya está en la ley aprobada en el 2003. La implantación, me temo que va para largo, pero sí creo que ya se puede empezar a aplicar paulatinamente, una vez aprobadas esas reformas procesales necesarias.
-La ley se aprobó hace cinco años y decía que la implantación sería progresiva. ¿Qué se ha hecho hasta la fecha?
-La ley habla del diseño de la oficina, pero también de nuestro estatuto jurídico. Ya hubo cambios, sobre todo de mentalidad. Ya estamos hablando de racionalidad, de flexibilidad, de eficacia y de eficiencia, cosas que antes, en los juzgados, sonaban a chino. El cambio de la estructura de las oficinas judiciales es otro tema. Eso nadie se lo cree, porque requiere una dotación de medios económicos y materiales muy fuerte que atañe ya a las comunidades autónomas con competencias transferidas.
-¿Y ese pulso entre jueces y secretarios? ¿Quién va a mandar en el juzgado?
-Como secretaria judicial, no me siento afectada por las reivindicaciones de jueces y magistrados sobre el control de la agenda. Es lógico que el juez quiera tener un control sobre los señalamientos. Pero para celebrar los juicios hay que tener en cuenta más aspectos que el estrictamente técnico jurídico, que es el que representa el juez. Interviene infraestructura material -hay más juzgados que salas de juicio- y humana -secretarios, fiscales, agentes judiciales, policías y testigos, peritos, etcétera-, que el juez por sí solo no es capaz de gestionar.
-Al final, solución salomónica: la agenda la organiza el secretario, pero con el visto bueno del juez, que tendrá la última palabra.
-Sí, pero lo que ocurre es que los secretarios nunca tuvimos ningún interés en quedarnos con el control de la agenda judicial ni en ignorar los criterios del juez, sino en saber cuándo y cómo se puede señalar un juicio.
-¿No quedan mermadas competencias reales del juez al perder el control de la tramitación del proceso en favor de los secretarios?
-Es el mensaje que se vende, pero no es así. Porque las leyes de enjuiciamiento siguen dejando en sus manos la competencia y la actividad jurisdiccional. De hecho, la ley deja claro que los servicios comunes, aunque los dirija el secretario, están para prestar el apoyo que necesite el juez.
-¿Con más jueces y herramientas idóneas se podría mejorar el servicio público de la justicia sin cambiar el modelo de oficina judicial?
-Creo que sí. No hay una solución mágica. No sería la panacea, pero se podría mejorar.
-¿Se puede implantar la oficina sin hacer sedes judiciales nuevas?
-Si se quiere, se puede. Para implantar las fases iniciales no hay que esperar a que se construya un nuevo edificio.
Cinco años de implantación gradual con cambios mínimos
Según las previsiones de la ley aprobada en diciembre del 2003, la nueva oficina judicial se debería implantar gradualmente para alcanzar su pleno funcionamiento a finales del 2009.
La realidad actual es que el único servicio común implantado en los juzgados gallegos es el de notificaciones y embargos, y eso con carácter parcial.
Minerva, un programa de gestión procesal clave para unificar trámites, no llegó a todos los juzgados. Lexnet, el correo electrónico judicial, solo está implantado plenamente en la jurisdicción civil.
