El objetivo es manifestar la oposición ante la propuesta parlamentaria del PP, aprobada gracias al acuerdo alcanzado el pasado 19 de mayo con los grupos parlamentarios del PSOE, CiU y PNV, que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar el alcance de la jurisdicción universal en España.
El Principio de Jurisdicción Universal, recogido en el artículo 23 de la LOPJ, otorga competencias a la Audiencia Nacional para juzgar determinados crímenes internacionales con independencia del lugar donde se hayan cometido los crímenes, de la nacionalidad de las víctimas y de la de los autores. Tras la reforma solo se podría ejercer la jurisdicción universal si los presuntos delincuentes se encontrasen en territorio español o si hubiera víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde ocurrieron los hechos no hayan abierto una investigación sobre el tema.
En la actualidad, hay en la Audiencia Nacional 13 casos abiertos cuya competencia deriva de dicho principio; entre ellos, el caso del genocidio de Guatemala, en el que CC.OO es acusación particular y popular. La reforma tiene lugar después de que fueran admitidos a trámite en la Audiencia Nacional casos contra oficiales israelitas, chinos y estadounidenses, que han dado lugar a presiones políticas por parte de los gobiernos de los países afectados. Con esta reforma España estaría cediendo ante las presiones de las grandes potencias.
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