Publicado en www.expansion.com
La asociación de jueces ha decidido hoy, tras el encuentro que mantuvieron ayer con el equipo ministerial, iniciar los trámites para constituir el Comité de Huelga.
La Ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) decidió ayer iniciar los trámites para constituir el Comité para la huelga que tienen convocada para el 8 de octubre.
La asociación, mayoritaria en la carrera judicial, ha tomado esta decisión tras la reunión que mantuvieron ayer con el Ministerio de Justicia en la que constataron que las negociaciones mantenidas hasta la fecha con el equipo de Francisco Caamaño “no han aportado nada, salvo algunas mejoras técnicas”. De hecho, estiman que la información que se les ha proporcionado en esta última reunión es poco concreta y pone de relieve que “no se ha alcanzado ningún pacto en temas trascendentales como las inversiones presupuestarias en Justicia o la creación de nuevas plazas judiciales”.
El enroque de la APM en mantener la huelga es, entre otras cuestiones, porque el Ministerio no está dispuesto a proponer enmiendas para dejar los señalamientos en manos del juez y respetar la exclusividad jurisdiccional en otros asuntos como la admisión de la demanda o la acumulación de acciones que la reforma de las leyes procesales deja en manos de los secretarios judiciales. Esto, según la APM, redundará “en una mayor complejidad del procedimiento, así como en la difuminación de la separación de poderes y en una merma del derecho a la tutela judicial efectiva”.
Asimismo, la Ejecutiva de la APM entiende que el Ministerio tampoco les ha dado seguridad respecto a que el pacto alcanzado el año pasado sobre equiparación de las pagas extraordinarias vaya a ser respetado en los presupuestos de los años 2010 y 2011.
Finalmente, la APM hace un llamamiento al resto de asociaciones judiciales para mantener una reunión inmediata y consolidar una unidad de acción para hacer frente a la situación planteada.
Por su parte, desde el Ministerio insisten en que, en breve, se va a aprobar el plan estratégico y operativo con más de un centenar de medidas para modernizar la Justicia.
