Publicado en www.diariodesevilla.es
La Junta garantiza que todas las notificaciones serán entregadas después de que el juez decano alertara de la posibilidad real de que no pudieran llevarse a las prisiones las órdenes de puesta en libertad.
La decisión de la Consejería de Justicia de retirar el coche oficial para los juzgados de guardia y restringir la utilización de los taxis por su elevado coste no sólo está paralizando la actividad de los juzgados sino que está provocando ya roces entre los jueces y la Junta. El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, anunció el martes que suspendería las notificaciones a partir de hoy jueves si no recibía un número de vales para taxis suficiente, especialmente para los desplazamientos a las cárceles, adonde no llega el transporte público.
Ante la posibilidad real de que se dieran situaciones como las de presos que no pudieran salir por falta de notificación de la orden de puesta en libertad, la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, garantizó ayer que no habrá problemas para que la Delegación Provincial en Sevilla pague más taxis a los funcionarios encargados de entregar notificaciones en las prisiones de la provincia. La consejera apuntó que la orden de su departamento es que se valoren los servicios que requieran una forma de notificación específica para que quede garantizada la prestación del servicio.
La Delegación de Justicia en Sevilla estudiará también la petición del juez decano de un vehículo disponible las 24 horas o vales de taxi suficientes para los funcionarios de los juzgados de guardia que tengan que ir a hacer notificaciones en la cárcel de Morón de la Frontera. El resto de servicios ordinarios se está cubriendo de momento con el transporte público.
“A la cárcel no llega el Metro ni el autobús y evidentemente tampoco va a ir el funcionario andando o en bicicleta”, explicó ayer a este periódico el juez decano, Federico Jiménez Ballester, que el pasado martes envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertando del riesgo de paralización que sufren los juzgados con la instrucción de la Junta de utilizar el transporte público para todas las diligencias que haya que practicar fuera de la sede judicial.
Para el decano, la medida de la Junta ha causado un “gravísimo quebranto del servicio público de Justicia”. El juez lamenta la “gravedad de la situación planteada, sin que hasta el día de hoy se haya adoptado ninguna medida para permitir que continúa el normal funcionamiento de los juzgados del partido judicial de Sevilla”.
El decano recuerda en su escrito que los tres juzgados de Guardia de Sevilla disponen sólo de cuatro vales de taxis diarios para realizar todas las diligencias fuera de su sede tales como declaración de detenidos hospitalizados o reconocimientos forenses de personas víctimas de agresiones sexuales. Por ello, pide que la Junta dote al Juzgado de Guardia de un vehículo con disponibilidad las 24 horas del día y con “medios acústicos y luminosos que permitan su circulación preferente”.
Mientras se estudia esta petición, la consejera de Justicia –que gasta tres millones de euros al año en taxis– explicó que la orden de utilizar el transporte público se limita a la ciudad, porque los autobuses y los taxis circulan por los mismos carriles habilitados. Begoña Álvarez añadió que su departamento está trabajando para buscar soluciones a la “saturación” del servicio de notificaciones, ya que, aunque en el futuro tiene que hacerse por la vía telemática, mientras tanto se ha optado por reorganizarlo de forma que se distribuya el trabajo de los funcionarios buscando una mayor eficacia.
