Publicado en www.diariosur.es
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anulado un acuerdo del juez decano de Málaga y el presidente de la Audiencia Provincial sobre la utilización del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia por parte de los magistrados, y ha dado la razón a la Junta de Andalucía.
La comisión permanente del CGPJ, reunida hoy, ha decidido "dejar sin efecto" los acuerdos adoptados el pasado 8 de julio por el presidente de la Audiencia de Málaga y el juez decano de la ciudad por los que se limita el uso de las plazas del aparcamiento.
Argumenta que dichos acuerdos, "en los términos que figuran redactados y llevados a ejecución no se ajustan a la legalidad" al exceder las competencias sobre el uso de los edificios judiciales reconocidas en el Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales.
El Consejo indica que el caso no corresponde a ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ya durante toda esta mañana y por orden expresa y directa del viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Ortiz, el acceso al 'parking' de este recinto se hizo por estricta orden de llegada. De este forma ya se ponía fin a la situación creada ayer a primera hora de la mañana cuando, para sorpresa de los funcionarios, un agente de la Guardia Civil acataba órdenes ejerciendo de filtro a la entrada del aparcamiento e impidiendo la entrada de muchos empleados alegando que tenía que reservar 60 plazas para los magistrados y fiscales.
Esta mañana, la delegada deJusticia de la Junta de Andalucía en Málaga, Blanca Sillero, expresaba su respaldo a los funcionarios de justicia en el transcurso de la reunión mantenida esta mañana con sus representantes sindicales.
Ayer, pasadas las 9.00 horas, ocurría todo lo contrario y la Benemérita controló el acceso. «Hoy no mandamos nosotros», le respondía con la cabeza gacha el responsable de las dependencias judiciales.
Media hora después, sobre las 9.30, se personaba en la puerta del 'parking' la Secretaria General de la Delegación de Justicia de Málaga, acompañada de un inspector de servicio de la Junta de Andalucía para tomar acta de lo sucedido y de la actuación de la Guardia Civil. Ésta no hacía más que aplicar el acuerdo adoptado por el juez decano y el presidente de la Audiencia para asignar a los jueces el uso preferente de las 166 plazas del recinto por «razones de seguridad».
Acto seguido, y según las fuentes consultadas, la propia delegada de Justicia trasladó los hechos a Sevilla, desde donde el viceconsejero del ramo, José Antonio Ortiz, ordenó el cierre del 'parking'.
Reacciones
En el momento de dicha decisión, el aparcamiento tenía ocupadas las 100 plazas puestas a disposición de los funcionarios y 11 de las 60 reservadas a los magistrados, tal y como indicaron a este periódico dos sindicatos que representan a los empleados públicos de la administración de Justicia. Por su parte, el juez decano, José María Páez, eludió entrar a valorar lo sucedido alegando no tener constancia de lo ocurrido. «Nosotros mantenemos nuestra postura y actuamos dentro de los cauces legales, como hemos hecho hasta ahora», subrayó.
«Lo que nos comentan es que mientras que la Guardia Civil continúe realizando este filtro y reservando plazas se seguirá aplicando esta política de clausura», detalló Adriano Moreno, portavoz de Spj-Uso, sindicato mayoritario de los empleados públicos.
En los últimos meses, el aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia se ha convertido en el ojo del huracán de una pugna entre poderes: el administrativo y el judicial. Y cada uno se aferra a sus argumentos: la Junta dice que el edificio es de su propiedad y, por tanto, es la que tiene competencia para regular el uso del aparcamiento. Los jueces, por su parte, se escudan en que la ley les ampara, y que en los edificios judiciales son ellos los que tienen las atribuciones.
La cuerda se tensó al máximo el pasado miércoles, cuando la magistrada María Teresa Sáez denunció por desobediencia a un guardia civil que le negó la entrada al recinto porque estaba lleno. La juez se escudaba en el acuerdo del 8 de julio del presidente de la Audiencia, que, como recalcan los jueces, es firme, porque nadie lo ha recurrido.
Los sindicatos, por contra, volvieron a insistir ayer en que los magistrados se atribuyen competencias que no tienen para obtener privilegios. Al respecto, Adriano Moreno señaló que el sentimiento general de los trabajadores de la Ciudad de la Justicia es «de indignación», y afirmó que el artículo 80 del Estatuto de Autonomía, es claro en cuanto a las competencias de la Administración andaluza, «responsable de la gestión de los medios materiales», dijo.
Juan Antonio Luque, portavoz de Staj (el otro sindicato), subrayó ese planteamiento y reclamó igual trato para todos los empleados. Para exigirlo, la junta de personal de los funcionarios acordó ayer celebrar una concentración de los trabajadores de la Ciudad de la Justicia este jueves, a las 12.00 horas, pero previsiblemente quedará desconvocada, a la espera de lo que se decida mañana a primera hora.
