30-12-2010. Más de 15.000 personas se han manifestado en la tarde de ayer en Murcia, en lo que ha sido la cuarta jornada de protesta contra los recortes sociales y laborales que establece la "ley de medidas extraordinarias" aprobada la semana pasada por la Asamblea Regional de Murcia con los votos en exclusiva del Partido Popular.
Los manifestantes llenaron la Gran Vía de la capital murciana, la arteria principal de la ciudad, por espacio de dos horas y media y finalizaron su recorrido frente a la Consejería de Economía y Hacienda, donde se pidió la dimisión de la consejera, Inmaculada García.
La manifestación había sido convocada por la totalidad de los sindicatos representativos de los empleados públicos de la región: CCOO, UGT, Intersindical, ANPE, CSI-CSIF, SATSE y SIDI. A la misma asistieron los máximos dirigentes de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, respectivamente, así como el coordinador regional de IU, Antonio Pujante y la concejal de IU en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas.
Maestros, profesores de instituto, médicos, enfermeros, personal de la administración, de servicios sociales… todos mostraban su indignación por la actuación del gobierno Valcárcel, que incapaz de gestionar la crisis ha utilizado a los empleados públicos como chivo expiatorio, en una actitud cobarde que además intenta enfrentarles con el resto de la ciudadanía haciéndoles aparecer como una élite privilegiada.
El Gobierno regional, con su presidente al frente, sigue sin dar la cara excepto para reafirmarse en el atropello cometido y escudarse, ahora sí, en el Gobierno central, que según Valcárcel apoya las medidas adoptadas, pero a quien sigue culpabilizando de la situación de quiebra regional. Algunos consejeros, como el de Educación, Empleo y Formación, Constantino Sotoca, han aparecido en medios de comunicación intentando quitar importancia a las repercusiones que sobre el empleo y la calidad del servicio (cerca de 2.000 interinos perderán sus puestos de trabajo) van a tener las medidas adoptadas, al tiempo que lanzas invectivas contra las organizaciones sindicales en un intento de desprestigiarlas ante la opinión pública. Valcárcel y sus consejeros dejan por fin ver su verdadero rostro y adelantan lo que PP entiende por "gestionar" la crisis. Murcia se convierte en el "laboratorio" de la estrategia popular.
Desde CCOO y UGT se sigue insistiendo en la necesidad de retirar la ley y adelantan que se recurrirá por todas la vías posibles para que ésta no entre en vigor.
Daniel Bueno, secretario general de CCOO Región de Murcia, ha asegurado que la ley "vulnera artículos constitucionales, de derechos de los trabajadores, competencias" y ante esta situación, ha subrayado que la Asamblea Regional "no tiene competencias legislativas en la regulación de las condiciones de trabajo, o de eliminación de convenios colectivos, entre otros, que es competencia exclusiva del Estado".
De forma, ha advertido, que una ley regional, del Parlamento autonómico, "no puede vulnerar normas derivadas de la Constitución". Por esa vía, ha deseado, "esperamos que junto con la presión seamos capaces de hacer que esta ley vuelva al sitio de donde nunca tuvo que salir y no se apliquen las medidas contempladas en ella".
PRÓXIMA MANIFESTACIÓN: EL MARTES
Los sindicatos se encuentran trabajando en un calendario de movilizaciones, que se tendrá planificado para la primera semana de enero, según ha avanzado Bueno. De momento, hay convocada una quinta protesta el martes, día 4, a las 18.00 horas.
En esta línea, Bueno ha reprobado el silencio de la Administración regional, ya que "solo sabemos que la Asamblea ha aprobado la ley con la que estaba de acuerdo el Gobierno, se ha saltado el diálogo con las organizaciones sindicales y tampoco nos han llamado para ver qué opinamos una vez aprobada la ley".
No obstante, ha dejado claro que "en los actuales momentos, se hace difícil establecer un diálogo con la Administración regional, ya que se ha saltado todos los acuerdos que habíamos alcanzado".
Razón por la que se ha preguntado "con qué moral nos sentamos a negociar con una Administración que no cumple lo que acuerda". "Tendrá antes la Administración que echar atrás esta ley para que podamos sentarnos a dialogar", ha sentenciado Bueno.
