Valcarcel abre las puertas a un principio" de diálogo
Cerca de 60.000 personas salieron ayer a las calles de Murcia en la que fue la séptima movilización en protesta por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada el 23 de diciembre en la Asamblea Regional. Esta vez, los manifestantes participaron de forma silenciosa, portando ropa oscura y velas en la mano, bajo el frío y la lluvia.
Retrasada media hora por la reunión entre el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel con los sindicatos SATSE, UGT, CCOO, CSI-F, Sterm Intersindical, Anpe Murcia, Sidi y SAE, la manifestación partió sobre las 18.30 horas de la Plaza Fuensanta como es habitual encabezada por una pancarta gigante en la que se podía leer 'Los servicios públicos son de todos', transcurrió sin incidentes y en silencio.
Ataúdes con escritos como "No dejaremos que entierren los derechos de los empleados públicos", carteles como "RIP Ley 5/2010 D.E.P. Sus afligidos padres, los diputados regionales del PP. Ruegan Paz Social" y velas con lemas grabados como "Valcárcel, guaperas aprende de Barreda" pudieron verse a lo largo de la marcha a la vez que se escuchaba el "Réquiem" de Mozart.
En la cabecera de la pancarta el secretario general de CCOO, Daniel Bueno, aseguró que se había llegado a "un principio" de diálogo, roto desde diciembre, con el presidente del Gobierno regional que "ha dicho -recordó Bueno- que la ley es revisable en todo su contenido y, por lo tanto, vamos a formular la propuesta para proceder a esa revisión". Se trata, advirtió, "de un logro de las movilizaciones de los miles de trabajadores y trabajadoras el que el presidente nos haya recibido y se muestre dispuesto a establecer un diálogo, aunque condicionado, y revisar su contenido".
"Vamos a intentar ese proceso y en una semana o diez días sabremos cómo va la negociación, si camina o no positivamente", insistió Bueno.
El coordinador regional de IU-Los Verdes, José Antonio Pujante, aseguró que, ante la respuesta "contundente y masiva" de la ciudadanía de la Región de Murcia, Valcárcel "debe tomar muy buena nota y, a partir de ahí, tomarse muy en serio la negociación que ha de llevar a cabo con los sindicatos".
Según Pujante, la negociación "debería pasar por una derogación de la Ley" o, en todo caso, "modificarla por otra consensuada con los agentes sociales y grupos parlamentarios". Buscar, de esa forma, "una salida alternativa a la situación de déficit público que está padeciendo la Región, como que paguen más los que más ganan y tienen".
Rueda prensa CCOO
Los máximos dirigentes de las federaciones estatales del Área Pública de CCOO, Enrique Fossoul de la Federación de de Servicios a la Ciudadanía, Antonio Cabrera de Sanidad y Servicios Sociosanitarios y María Ortiz de Enseñanza, se desplazaron a Murcia para manifestar el apoyo de sus respectivas organizaciones a las movilizaciones de los empleados públicos, y en especial a la que tuvo lugar por la tarde y en la que participaron.
En rueda de prensa por la mañana, Enrique Fossoul, secretario general de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, indicó que lo que está ocurriendo "se entiende como una gran vulneración de derechos" que en su opinión deriva del incumplimiento por parte del Gobierno central del Estatuto Básico del Empleado Público que ha hecho posible su no desarrollo por parte de las comunidades autónomas. Para Fossoul, hay conceptos básicos y homogéneos para el personal público, independientemente de su ubicación territorial que no pueden modificarse y suprimirse.
El secretario general de FSC-CCOO se preguntó con qué objeto se están dando los pasos que ha iniciado la Comunidad Autónoma de Murcia, para añadir que las medidas adoptadas tienen carácter definitivo y no coyuntural como pretende hacer ver el Gobierno regional.
Fossoul recordó la presentación ante el Gobierno central del conflicto de competencias sobre la ley aprobada por el parlamento murciano, y afirmó que el Gobierno central "está mirando para otro lado", mientras los demás le hacen el "trabajo sucio", haciendo ver que no hay otra alternativa que no pase por la reducción del gasto. En este sentido, el dirigente de CCOO dijo que hay otras alternativas y así se le han expuesto al Gobierno; alternativas que pasan por la calidad de los servicios públicos, por la política industrial, política energética, etc. Pero "parece que se quieren boicotear estas propuestas", añadió.
