El conseller Rafael Blasco afirma que el problema está resuelto, aunque CCOO alerta de las secuelas del no reparto de citaciones
Publicado en www.lasprovincias.es
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| Las notificaciones se amontonaban en cajas |
La Generalitat Valenciana afirma haber zanjado la problemática entre Correos y algunos juzgados de la Comunitat, el de Castellón entre ellos, originada por la deuda que arrastra el Consell con este organismo, que ha provocado que los funcionarios no recogieran las notificaciones de las sedes judiciales ni el lunes ni ayer. Así, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró ayer que el pago del servicio ya está resuelto, por lo que no hay «ningún argumento que justifique el retraso de ningún juicio».
Blasco, quien tiene asumidas las competencias en materia de Justicia, aseguró que esta cuestión «está en estos momentos resuelta porque se ha facilitado la fórmula económica para poder financiar los gastos atrasados». No obstante, el responsable popular destacó que la deuda contraída con Correos «no llega a representar ni el 5% de la deuda que el Gobierno de España tiene contraída anualmente con la Comunitat Valenciana».
Este mensaje de tranquilidad contrasta con el ofrecido por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO PV), que alertó de un «inminente colapso judicial» en las ciudades de justicia de Castellón de la Plana y Valencia como consecuencia de la suspensión del servicio de correo saliente.
En un comunicado, este sindicato avisó de que esta situación conllevará la «paralización de gran parte de la actividad de los juzgados y tribunales» porque «todos los actos de notificación se realizan por correo, y sólo en caso negativo se efectúan por personal judicial de forma presencial». Además de en los principales órganos de Justicia castellonenses y valencianos, CCOO indicó que el servicio de correo también está suspendido en algunos partidos judiciales de la Comunitat y advirtió de que la situación se puede agravar, ya que la administración judicial de Alicante también puede quedar paralizada.
Según este sindicato, la razón que ha llevado a Correos a suspender su servicio es la deuda «astronómica, de más de 30 millones de euros, que la Generalitat ha adquirido en los últimos años como consecuencia de su falta de pago». Para CCOO, «la suspensión de este servicio no puede sostenerse durante mucho tiempo ante el riesgo de que en pocos días quede colapsada la justicia autonómica», por lo que exigen que «se asuman las responsabilidades políticas de la nefasta gestión de la justicia valenciana».
Asimismo, Comisiones Obreras del País Valencià informó de que la suspensión del servicio también comporta la paralización de la comunicación entre juzgados, ya que «el sistema de valija interna que permite el traslado de documentos entre todos los órganos judiciales también queda paralizado». El delegado de CCOO en el sector de la Administración de Justicia, Enrique Campayo, denunció que la situación puede llegar a ser dramática porque «en pocos días puede que los juzgados estén paralizados o con la actividad seriamente reducida».
Por ello, exigió una depuración de responsabilidades en la Conselleria de Justicia y en la administración judicial valenciana.
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