La Generalitat elimina una plaza de psicóloga y las citas para las parejas y sus hijos son ya para diciembre de este año
Publicado en www.laverdad.es
La tijera del Gobierno valenciano en la Administración de Justicia está muy afilada y sigue hendiendo en los servicios más básicos que ésta presta a los ciudadanos. Los recortes, que la Generalitat justifica con la austeridad presupuestaria obligada por la crisis económica, han alcanzado de lleno a los juzgados de Familia, los órganos encargados de dirimir los divorcios y separaciones conflictivas, las custodias, pensiones alimenticias y regímenes de visitas respecto a los hijos comunes.
En este sentido, desde el pasado 23 de diciembre, los juzgados de Primera Instancia 8 y 10 de Alicante, los únicos que se encargan en exclusiva de este tipo de pleitos en la provincia junto al de Primera Instancia número 6 de Elche, disponen de una sola psicóloga para elaborar los informes necesarios para que los magistrados dicten sentencia, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.
La eliminación de esa plaza ha hecho cundir la preocupación entre los magistrados, pues en este momento están dando ya citas para entrevistas fechadas para diciembre de este año.
La situación ha llevado al decano del Palacio de Justicia de Benalúa, Juan Carlos Cerón, a solicitar por escrito a la Dirección General de Justicia y Menor que vuelva a reforzar la plantilla, pero su reclamación no ha encontrado por ahora una respuesta satisfactoria.
«En la actualidad, la situación del equipo técnico de Familia es penosa», alertan otras fuentes directamente perjudicados por estas carencias. «Desde que las competencias de personal pasaron del Ministerio a la Generalitat, no se ha ampliado la plantilla y se han desoído durante años las demandas de más personal», añaden.
Demoras y problemas
Consiguientemente, la resolución de los pleitos donde son preceptivos los informes periciales acumulan más y más demoras y los principales perjudicados resultan ser los menores.
«Mantener un conflicto durante cinco, seis o doce meses en la vida de un niño es mucho tiempo. En un adolescente puede significar la pérdida de un curso escolar, el inicio de una depresión. En un niño de meses, de dos o tres años, uno sin ver a su padre o a su madre significa la pérdida de una figura de apego en la primera infancia, que es cuando se conforman sus vínculos de seguridad con el mundo», alertan esas fuentes. «En fin, se podría decir que es alta la frecuencia de alteraciones emocionales asociadas al divorcio, tanto en los progenitores como en los hijos, y su evolución puede depender de una pronta intervención psicológica y judicial».
Ante la situación que se está sucediendo, son múltiples y muy diversos los procedimientos que se están ralentizando como consecuencia de las penurias del único equipo técnico adscrito a los juzgados de Familia en la provincia.
Los perjuicios que están generando estas deficiencias recaen tanto en los menores como en sus progenitores. Algunos padres están desesperados porque no ven a sus hijos desde hace meses e incluso plazos superiores al año, lo que acaba convirtiéndoles en auténticos extraños a sus ojos. Una vez realizada la evaluación y normalizadas por orden judicial las relaciones paterno-filiales, «¿se puede volver atrás, reparar el daño causado?: Evidentemente, no», se pregunta y responde al mismo tiempo una especialista.
Deficiencias en órganos judiciales de la Comunitat
Las carencias que acusa la situación en los juzgados de la Comunitat Valenciana contrastan con las de otras comunidades autónomas, donde estos equipos técnicos, compuestos tantos por psicólogos como por trabajadores sociales, han visto mejorada su dotación de profesionales, según fuentes judiciales. Sin embargo, en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, el panorama ha ido registrando un paulatino deterioro. Máxime cuando estos profesionales, sobre todo desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, deben intervenir en las demandas de custodia y visitas cuando median denuncias de malos tratos de una mujer contra su excompañero sentimental.
Un proyecto para evitar retrasos en casos de custodia compartida
Uno de los procedimientos que más se está ralentizando es el relativo al tema del divorcio. Algunos padres y madres observan cómo se retrasa la evaluación psicológica que han solicitado respecto a sus exparejas ante las sospechas de un consumo adictivo de drogas o un trastorno mental que colocan en situación de riesgo a sus hijos. «¿Se puede esperar nueve o diez meses a que se evalúe el estado de ese progenitor?», se perguntan.
Este paisaje contrasta con la actitud del Gobierno valenciano y con la del PP, al anunciar un proyecto legislativo pionero en España que regula la custodia compartida. Los jueces ya estaban facultados con anterioridad para establecer de oficio ese régimen entre los padres separados, aunque uno de ellos se muestre en desacuerdo, pero siempre en interés del menor.
El problema es que ahora, en Alicante, los informes necesarios con que deben contar los magistrados para aprobar dicha medida no estarán elaborados antes de 2012. Toda una odisea en el espacio familiar, por parafrasear el título de la conocida película de Stanley Kubrick. «¿Y qué pasa durante este tiempo?», vuelven a interrogarse desde los juzgados. No hace falta ser muy avispado para aventurar que el conflicto en la pareja aumentará y, de nuevo, los niños serán los más afectados.
Enlace permanente:
