El Juzgado Contencioso Administrativo nº 10 de Valencia, en la demanda de CCOO, en esta ocasión sobre el Ayuntamiento de Gandía, emite providencia en la que se abre plazo de alegaciones previas al planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad del articulado del Real Decreto-Ley que produce el recorte salarial del sector público.
Con esta providencia, el Juzgado Contencioso Administrativo nº 10, de los de Valencia, abre plazo de alegaciones previas al planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo por su posible vulneración de preceptos constitucionales. Entre los argumentos, la providencia cita la modificación de la Ley de Presupuestos, aprobada para 2010, por vía legal distinta a la habilitada para ello.
La providencia del juzgado valenciano, emitida a consecuencia de la demanda planteada por CCOO del País Valencià, se produce con posterioridad al Auto, del Tribunal Constitucional, que rechaza la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional, en relación al conflicto de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT). Esta nueva providencia admite fundamentaciones distintas a las admitidas por la Audiencia Nacional en el anterior conflicto, llegando a hablar, incluso, de confiscación directa de emolumentos.
Por ello, de resolver el juzgado elevar cuestión de inconstitucionalidad al Alto Tribunal, el auto que se dicte se uniría a los ya planteados por los juzgados contencioso administrativos nº 2 de Badajoz y nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria. CCOO considera que, conforme a sus propios asentados criterios, el Tribunal Constitucional debería admitir a trámite la cuestión y entrar en el fondo.
El conjunto de estas cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas por estos tres juzgados, en caso de admitirse, y de resolverse positivamente, afectaría por igual a todo el personal del sector público.
