Por Félix Soria.
Las gentes de orden --expresión que en este caso utilizo con toda su carga peyorativa-- han puesto en marcha una hábil operación mediática que, resumiendo, consiste en reducir el debate político abierto por las expropiaciones de alimentos ejecutadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a una sola pregunta:
¿Son justificables esas acciones?
Reduzcamos, pues, todos los debates, ¡todos!, no sólo los que interesa tergiversar a las gentes de orden:
¿Es legal que los directivos de cajas y bancos arruinados y mantenidos con dinero público cobren salarios, premios de jubilación y pensiones que equivalen al total de lo que cobrarán a lo largo de toda su vida laboral cuatro, cinco, seis y hasta diez trabajadores que perciben el salario medio?
¿Es legal que los directivos de cajas y bancos arruinados y mantenidos con dinero público cobren salarios, premios de jubilación y pensiones que equivalen al total de lo que cobrarán a lo largo de toda su vida laboral cuatro, cinco, seis y hasta diez trabajadores que perciben el salario medio?
Similar pregunta cabe formular respecto de otros fenómenos y profesionales dependientes o protegidos por el Estado, desde procuradores de tribunales y notarios hasta altos cargos de empresas y organismos autónomos de la Administración, amén de miles de asesores nombrados a dedo, etcétera, etcétera, etcétera...
No, no se equivoque, amable lector o lectora, ya sé que son perfectamente legales las desmesuradas y vergonzosas retribuciones que perciben las vacas sagradas del débil e instrumentalizado Estado español; mi planteamiento no es poner esas legalidades frente a la ilegalidad en la que habría incurrido el SAT.
El meollo del asunto, el debate que quieren evitar las gentes de orden, es el siguiente:
¿Por qué en rigor es ilegal la acción del SAT y, en cambio, es legal que una exigua minoría de profesionales que cobran del erario publico o están amparados por el Estado tengan derechos económicos que cabe describir como latrocinios institucionalizados o robos legales? ["latrocinio institucionalizado" y "robo legal" son descripciones de carácter político]
El asunto se puede plantear de otro modo:
¿A qué narices esperan los legisladores (diputados y senadores) de un Estado democrático de Derecho para reformar un ordenamiento legal que permite tan aberrantes ignominias?
¿Por qué tras la ejemplar --dicen-- transición y cumplidos sobradamente treinta años de democracia parlamentaria, los legisladores mantienen vivos en la Administración pública, incluida la de Justicia, los criterios depredadores, elitistas y nepotistas que la dictadura inyectó en la estructura del Estado español?
Este y no otro es el debate político que han abierto las expropiaciones del SAT, el movimiento 15M, los indignados o el anciano griego que, asesinado económicamente por el Estado, hizo lo único digno que restaba, rematar el trabajo de las instituciones inmolándose a lo bonzo ante el Parlamento heleno.
Las gentes de orden, que de tontas no tienen un pelo, han logrado llevar el agua a su molino y reducido el debate a una pregunta: ¿Considera usted justificable que el SAT haya incurrido en una ilegalidad?
La pregunta es tan inteligentemente estúpida que merece una respuesta inequívoca:
Pues sí, en las circunstancias actuales considero justificable, lógica y necesaria la acción del SAT. Es más, por el bien del 95% de los ciudadanos, sobre todo por el futuro de los menores de 30 años --¡de los que más de la mitad carecen de empleo!--, deseo que haya más expropiaciones y acciones similares, sólo así, quizá el Gobierno de Rajoy renuncie a desmantelar la economía social del país, quizá los dirigentes del principal partido de la oposición asuman sus funciones y dejen de decir bobadas y quizá, de paso, la sección andaluza de IU abandone el Gobierno del políticamente impresentable señor Griñán.
Publicado 09/08/2012 en http://im-pulso.blogspot.com.es/
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