Hace unos días hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que los magistrados y jueces han convocado concentraciones el próximo viernes, 23 de noviembre, a las 13:30 ante los órganos judiciales y en Madrid, ante el ministerio de Justicia, contra los recortes en la Administración de Justicia y contra las tasas judiciales aprobadas por el Partido Popular y otras reclamaciones, y contra los recortes en los servicios públicos.
CCOO es una activa defensora de los servicios públicos, porque consideramos que sin servicios públicos no sólo perdemos los profesionales que prestamos estos servicios sino también, y de forma muy importante, porque quienes pretenden acabar con los servicios públicos lo hacen para atacar el Estado Social y Democrático de Derecho y lanzar a la ciudadanía a una situación en la que no existan derechos, claves para el mantenimiento de la igualdad de oportunidades y del acceso a las prestaciones sociales por todos los ciudadanos y, también, porque acabando con los mismos los que buscan su eliminación se garantizan la transformación de los ciudadanos en súbditos nuevamente sin posibilidad de reclamar y defenderse ante las agresiones del poder.
Como las asociaciones de Jueces y Magistrados conocen, CCOO junto a STAJ y UGT les remitimos hace ya varios días un correo con la necesidad de constituir un frente común contra todos los ataques a los servicios públicos y a los derechos de todos los empleados públicos.
Desde CCOO por una parte nos alegramos del posicionamiento de los jueces y magistrados contra estos recortes, pero, por otro lado, nos preocupa, expresado desde el punto de vista constructivo, que Jueces y Magistrados no se hubieran unido a las movilizaciones convocadas por los empleados públicos y los sindicatos de la Administración de Justicia desde el mes de julio, fecha de aprobación y publicación del RD 20/2012, donde se recogen todas estas medidas que afectan gravemente a todos los trabajadores públicos, repercutiendo en última instancia en los ciudadanos. Pero aún estamos a tiempo.
Desde CCOO venimos intentando impulsar, articular y consensuar un frente común contra estos recortes entre todos los agentes implicados en la Administración de Justicia (contra la eliminación de la paga extra, la imposición de la movilidad geográfica, la reducción de días por antigüedad y de asuntos particulares, el descuento del 50% en los primeros días de baja y del 25 % hasta el vigésimo), y, viendo el cariz y la justificada gran alarma social que entre los ciudadanos en los últimos meses está adquiriendo el tremendo drama de los desahucios, así como la publicación y aprobación por el Gobierno de la Ley de Tasas que antepone la recaudación, con la excusa de la reducción de la litigiosidad, a garantizar a los ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva, condenándoles a la indefensión y la imposibilidad de su acceso a la Administración de Justicia en condiciones de igualdad, es por lo que consideramos imprescindible adoptar un posicionamiento conjunto de todos los que intervenimos en la Administración de Justicia en defensa del servicio público de la Justicia para que el Gobierno adopte las medidas oportunas para modificar de forma total sus decisiones y resolver, por tanto, esta grave situación a la que nos conduce su gestión.
Por todo esto consideramos imprescindible que en las próximas concentraciones y movilizaciones que se convoquen para defender el servicio público de la Justicia y nuestros derechos como empleados públicos en general y como de la Administración de Justicia en particular, se instrumenten unitariamente las fórmulas adecuadas para que participemos todos los agentes activos relacionados, o que intervienen en la Administración de Justicia, en busca del frente común necesario y para que, además, se puedan incorporar el número mayor a dicho frente todos los colectivos profesionales relacionados con la justicia (abogados, procuradores, otros profesionales, etc.) y las organizaciones sociales y ciudadanas en general cuyos legítimos intereses se están también atacando con las decisiones tomadas por el Gobierno (asociaciones de vecinos, stop desahucios, organizaciones sociales,… etc.)
