Las personas que litiguen contra la Administración pueden encontrarse con que su proceso no se resuelva hasta el año 2017 por la falta de recursos y el incremento de las demandas
Si a un madrileño le dieran cita para arreglar su coche dentro de cinco años, enseguida buscaría otro taller. Si a esa misma persona le tocara operarse dentro de un lustro, denunciaría al centro hospitalario. Esos hipotéticos casos sí están dándose sin embargo en la jurisdicción contencioso-administrativa de la región. Muchas personas que están litigando contra la Administración ya reciben citaciones para 2017.
Las cifras resultan apabullantes. Los 34 juzgados de la región recibieron en 2011 un total de 39.743 casos, lo que arroja una media de 1.169 procedimientos por magistrados y un incremento en solo un año del 27,8%. “Tenemos una carga de trabajo muy alta y no nos da tiempo a ver todos los casos en profundidad. Lo razonable es que nos tocaran unos 500 al año”, reconoce uno de los magistrados de Madrid, que prefiere no dar su nombre. La entrada a su juzgado permite ver las mesas llenas de legajos y con carpetas de diferentes colores, según el procedimiento de cada demanda.
La contencioso-administrativa es una de las jurisdicciones que más ha crecido en los últimos años. El incremento no se ha visto acompañado del aumento de juzgados ni de personal, según se quejan los sindicatos del sector. Un ciudadano que tenga un problema con cualquier Administración debe acudir a esta jurisdicción. Eso supone que los litigios vayan desde una multa de tráfico hasta la denegación de una licencia de apertura de un local, pasando por asuntos tan dispares como el impago de una deuda o la reclamación de un tributo mal calculado. Su ámbito es tan amplio que llevan hasta la vulneración de los derechos fundamentales, la materia electoral, las entradas en domicilios a solicitud de la Agencia Tributaria, los ingresos en centros sanitarios si se opone el afectado y los temas de extranjería.
“El problema de Madrid es que la mayoría de las entidades de derecho público [las Administraciones] tienen sus sedes sociales en Madrid. Por lo cual, todo se centraliza en la capital”, reconoce el magistrado.
Una de las soluciones que han adoptado sus hermanos mayores, los del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es la especialización. De esta forma, cada sala solo conoce un tipo de casos, lo que facilita la resolución de demandas. “Ese planteamiento no se podría dar en la primera instancia porque el número de casos según cada especialidad sería muy dispar. Como tenemos casos muy variados, algunos seguirían colapsados, mientras otros resolverían todos en corto plazo”, añade el juez.
Otra posibilidad pasa por la acumulación. Esta consiste en que todos los casos similares se dejen en trámite hasta que se resuelva uno de ellos. A partir del primero, se podría sentenciar el resto con la misma motivación y sin necesidad de repetir el procedimiento al detalle. Es decir, si un policía reclama unas horas extras no cobradas, la acumulación permitiría que todos los agentes de esa plantilla vieran resuelto su litigio de la misma manera. Los jueces reconocen que es posible en el papel, pero que no resulta fácil dado que muchos casos presentan las suficientes diferencias como para no permitir un procedimiento único.
Mientras, los peor parados son los administrados. Los afectados se enfrentan con que el cobro de muchas deudas se demora meses con el consiguiente peligro de que subsistan las compañías. “La ley del 98 preveía un procedimiento abreviado para tramitar cuestiones de forma muy ágil, pero en lugar de eso hemos logrado que haya señalamiento para dentro de años”, critica el coordinador de lo contencioso-administrativo del Colegio de Abogados, Cesar Pinto.
“El cliente suele llegar muy enfadado porque lleva meses recurriendo a la Administración y lo más duro es cuando se le dice que su caso se puede prolongar durante años”, explica Pinto. Esta demora hace que los demandantes intenten soluciones extrajudiciales. Pero no siempre se consigue dada la dificultad de una mediación o de un arbitraje cuando ya se ha iniciado el procedimiento judicial. “Por ejemplo si sale un caso de extranjería dentro de cinco años, ya no va a tener ningún sentido, porque el implicado ya habrá vuelto a su país”, añade el coordinador. “Al ser una respuesta tan lenta, mucha gente se desincentiva y tira la toalla”, describe gráficamente.
Otra medida que quiere poner el legislador es que el acudir a la justicia sea caro. Y mucho más el recurso en segunda o tercera instancia. Además de las tasas, habrá que hacer un depósito. “De esta forma se está evitando el control judicial a la administración y evitar que los ciudadanos reclamen sus derechos. En definitiva es bastante complicado”, cuestiona Pinto.
La situación en los próximos meses no parece que vaya a mejorar. En 2011 los juzgados resolvieron 855 casos de media, por lo que se les acumularon solo de ese ejercicio casi 10.700 procesos, más los pendientes de otros años. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, ya alertó en verano de este problema, en especial por los impagos de la Administración.
“Para poder ir más descargado y sacar el trabajo pendiente, deberían crearse no menos de tres juzgados. Por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior se están buscando soluciones, pero resultan muy complejas”, reconoce el magistrado. El atasco ha adquirido ya tales dimensiones que frenarlo resultará difícil. “El órgano que resuelve es uno, por lo que habrá que crear los mecanismos que eviten que todo llegue a los juzgados”, añade el juez.
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