Publicado en www.abc.es
Con los jueces en pie de guerra y recién salidos de una huelga histórica, al Gobierno se le ha abierto otro frente. Casi un centenar de catedráticos y profesores de Derecho Procesal de universidades de toda España han firmado un manifiesto para expresar su «honda preocupación» por «los daños irreparables» que, de aprobarse en su redacción actual, causará a la Administración de Justicia el proyecto de ley que regula la nueva oficina judicial. Los firmantes, que pertenecen a distintas escuelas y entre los que también figuran catedráticos próximos al PSOE, advierten de que el proyecto no sólo no resolverá los problemas de la Justicia sino que los agravará y que, además, es «conceptual y constitucionalmente inadmisible». Piden que el texto «sea sustituido por el resultado de una reflexión detenida» que cuente con la aportación de expertos en la materia.
El manifiesto es un torpedo en la línea de flotación del plan de modernización de la Justicia del Gobierno, que pivota en torno a la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. La preocupación de los catedráticos se centra en el proyecto de ley, remitido al Parlamento el pasado mes de diciembre, que reforma más de veinte leyes procesales (un millar de artículos) para regular la atribución a los secretarios judiciales de funciones que hasta ahora correspondían a los jueces.
Y es en ese punto donde los firmantes del manifiesto dan la voz de alarma. Pero lo hacen yendo mucho más allá que los propios jueces, una de cuyas reivindicaciones irrenunciables se refiere a la potestad que el Gobierno quiere atribuir al secretario judicial sobre la agenda de señalamientos.
El manifiesto advierte de los «graves errores» en que incurre el proyecto, entre ellos «la sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal», separación que contradice el mandato constitucional según el cual sólo a los jueces corresponde «administrar justicia».
Fuentes consultadas por ABC explican que en determinados procedimientos el proyecto del Gobierno convierte al juez en un espectador que sólo puede intervenir, al final del proceso, para dictar la resolución. En este sentido, el manifiesto señala que «administrar justicia o ejercer la potestad jurisdiccional requiere e incluye (...) dirigir de principio a fin los procesos de todo tipo». «Los jueces no pueden ser situados al final del recorrido procesal o verse ajenos a buena parte de sus incidencias, en las que se pone en juego la tutela jurisdiccional, confiada exclusivamente, insistimos, a los juzgadores independientes».
Funcionarios no independientes
De aprobarse el proyecto sin modificaciones, «gran parte de la administración de la justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales», un cuerpo jurídico al que los catedráticos expresan su «respeto» al tiempo que recuerdan que se trata de «funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia y que, salvo en el ejercicio de la fe pública judicial, desempeñan sus funciones con sujeción a los principios de «unidad de actuación y dependencia jerárquica»». El aumento de las funciones encomendadas a los secretarios, recuerdan, no se acompaña en el proyecto de ley «de suficientes mecanismos de control por los jueces y magistrados».
Los profesores consideran «inadmisible» que los secretarios asuman la ejecución en los procesos civiles o laborales o que se les confíen resoluciones con efectos jurídicos, no sólo procesales.
Las claves del manifiesto
INCONSTITUCIONAL
«El proyecto no es conforme con la exclusiva atribución de la administración de Justicia a jueces independientes y contradice la Constitución»
Apartar al juez de gran parte de las incidencias del proceso supone «un fuerte menoscabo de las garantías y derechos de todos en lo relativo a la tutela judicial»
DEPENDEN DEL MINISTERIO
«Gran parte de la administración de la Justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales» que son «funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia»
«CAOS FUNCIONAL»
Con el proyecto de ley «no habría una nueva oficina judicial moderna»; y tampoco se dotará a los juzgados y tribunales de «un sistema organizativo adecuado a su funcionamiento»
