Publicado en www.elplural.com
- Es la primera vez que la Junta de Andalucía actuará mediante inspectores
El TSJA en un informe reciente dejaba de manifiesto que existía un fuerte absentismo laboral e impuntualidad en los funcionarios de los juzgados andaluces. Tras esta denuncia que levantó una amplia polvareda entre los funcionarios, por primera vez la Junta de Andalucía ha decidido actuar mediante la inspección administrativa que por primera vez, estará atenta vigilando al personal de justicia.
Esta labor se materializará en el Consejo de Gobierno del próximo martes y que aprobará el nuevo plan de inspección de la administración para 2009. Será la primera vez que incluya a la justicia. Una de sus peculiaridades, según informa hoy el diario sevillano “El Correo de Andalucía”, es que en un juzgado trabaja personal de la Junta (los funcionarios), del Ministerio de Justicia (los secretarios judiciales) y del Consejo General (los jueces y magistrados). La Ley subrayaba la necesidad de coordinación entre las administraciones competentes a la hora de controlar el trabajo.
Control de presencia
En Andalucía, continúa explicando el rotativo sevillano, con las competencias transferidas desde 1997, todo permiso que pida un funcionario debe ser aprobado por la Delegación Provincial de Justicia, que mediante el programa informático Hermes usado por los funcionarios para fichar cuando entran y salen del juzgado, debe también supervisar si éstos cumplen su horario. Además, los secretarios judiciales y jueces también tienen competencias en la “organización, gestión, inspección y dirección del personal” de sus juzgados.
”Pérdida de control”
El resultado, según el informe presentado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en noviembre, es que la “ambigüedad” sobre qué papel juega cada uno ha llevado a una “pérdida de control” por parte de secretarios y jueces en el “absentismo e impuntualidad” de los funcionarios y a “cierta inhibición por parte de las Delegaciones Provinciales que asumieron su control y que se desentienden incluso de las quejas que remiten a la administración algunos secretarios”. Para el TSJA, además, los sistemas informáticos de control horario actualmente disponibles “resultan a diario vulnerables a cualquier manipulación capaz de enmascarar la realidad de un horario, salvo excepciones, abiertamente incumplido”.
Analizar causas
La Junta no rechazó las críticas en su momento, en pleno enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces por la sanción al juez Rafael Tirado y a su secretaria judicial por el caso Mari Luz, pero la queja ha calado. El nuevo plan de inspección de la administración pública andaluza incorpora por primera vez una línea de actuación específica para controlar el absentismo y la tramitación de bajas entre los funcionarios de justicia dependientes de la Junta (5.898 entre los cuerpos de gestión y tramitación procesal, administrativos y auxilio judicial).
Subsanar errores
Y es que la justicia lleva meses en el punto de mira, que incluso ha provocado la primera huelga de jueces de la democracia española. La Junta se ha hecho eco y si el objetivo de todo plan de inspección es velar por una administración pública legal, eficaz y eficiente, ahora se incluirá a la administración de justicia bajo ese control.
En el plan, la Junta reconoce la necesidad de “profundizar” en el control y estudio de la información sobre el absentismo del personal de justicia bajo su tutela, y señala que “procede el análisis de los datos e información obtenida, evaluando las causas y las posibles medidas subsanadoras que puedan adoptarse”. Aunque el TSJA cuestionaba la eficacia del actual sistema informático de control horario, el plan no concreta si se mantendrá o no el programa Hermes.
Protección de datos
Pero los funcionarios de los juzgados no estarán sólo controlados en cuanto a si entran y salen a su hora o cuántas bajas y permisos se cogen. El plan de inspección dedica especial atención a la protección de los datos personales de ciudadanos que se manejan en los tribunales. Por ello, se evaluará la seguridad de los sistemas informáticos pero también si con su actuación los funcionarios cumplen la normativa sobre protección de datos y si adoptan medidas preventivas o correctoras que eviten la vulnerabilidad de los archivos telemáticos.

