- El Poder Judicial urge a poner medios para corregir esta situación y Magro propone la creación de oficinas especializadas
Más de la mitad de los juzgados de malos tratos no tiene ningún tipo de coordinación con los servicios sociales y asistenciales para las víctimas, según desvela un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el funcionamiento de estos órganos judiciales. El informe asegura que "no resulta plenamente satisfactorio" el actual nivel de coordinación y se pide desplegar los esfuerzos necesarios en cada partido judicial para corregir la situación.
Aunque la coordinación con las fuerzas de seguridad es buena, el personal de los juzgados reconoce que hay muchas carencias a la hora de coordinarse con otras instituciones, como los servicios sociales o los servicios de asistencia a las víctimas. Algunos expertos reconoce que la Ley Integral es un buen texto para poder luchar contra la lacra de la violencia de género, pero las medidas se han quedado únicamente en subir las penas a los maltratadores y las plantillas en los juzgados son insuficientes. Quedan por desarrollar numerosas iniciativas de carácter social para garantizar que las víctimas puedan salir de su situación.
No son pocas las deficiencias que admiten tanto el personal de los juzgados, como la Fiscalía y la propia Conselleria. Las Oficinas de Ayuda a Víctima del Delito carecen de los datos de mujeres con órdenes de protección. Cada provincia en la Comunidad tiene protocolos diferentes para avisar a las mujeres maltratadas que su agresor va a salir de prisión. La coordinación con los centros de ayuda 24 horas a la mujer la hace el propio fiscal. Además, para ejercer de juez en estos juzgados no es necesario haber seguido cursos de especialización en violencia de género y en muchas sedes judiciales ni siquiera hay estancias para que las maltratadas no se crucen con sus agresores.
El uso de los puntos de encuentro para realizar las entregas de los hijos en las parejas con orden de alejamiento con casos de maltrato es otro punto de conflicto. El número de estas dependencias es muy limitado y en cambio cada vez son más casos en los que es necesario usar este tipo de instalaciones para la entrega de los menores. Por su parte, desde el sindicato CC OO se pone el énfasis también en la creciente lista de espera de maltratadores que han sido condenados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad y que no pueden cumplir la pena por la insuficiente oferta de plazas para hacer esta prestación.
Para el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, resulta necesaria la creación de oficinas especializadas que se encarguen de este tipo de coordinación, tal y como ya se ha hecho para implantar las penas alternativas. El presidente de la Audiencia aseguró que una mujer que acude a los servicios sociales con una orden de protección es atendida y recibe las ayudas que le corresponden, aunque reconoció que no existe antes ningún tipo de coordinación previa entre el juzgado y el departamento, ni intercambian información.
