Publicado en www.elfaroceutamelilla.es
El sector de justicia de Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la secretaría general de nuevas tecnologías para denunciar los problemas habidos en la administración con la implantación del sistema informático.
Mientras que sobre el papel el Ministerio defiende una justicia informatizada para poder dar respuesta a la creciente demanda judicial, en teoría, todavía, a fecha de hoy, no se ha instalado ni puesto en marcha ninguno de los programas, ni el Lexnet, ni el Inforeg o el M.I.G. “y nos estamos encontrando con verdaderos problemas en la implantación, los nuevos cambios y la adaptación de las nuevas tecnologías en los órganos judiciales”, apunta CCOO.
En el escrito oficial presentado, el sindicato recuerda que hasta el pasado 22 de mayo estaba en funcionamiento el sistema LIBRA, arrastrando cuantiosos errores y deficiencias. “Esto provocaba que los funcionarios tuvieran que perder parte de la jornada laboral, realizando llamadas al centro de atención al usuario con objeto de abrir incidencias por su mal funcionamiento, muchas de las cuales se quedaron sin resolver”, apunta Comisiones. Pues bien, tras esta tortura llegaría la implantación del sistema Minerva, que no ha hecho sino provocar un aumento de las quejas debido a los problemas surgidas en la migración de un sistema al otro.
Los juzgados de lo Penal se han convertido en los martirizados por esta situación. Las deficiencias que arrastran son varias y comprenden desde que los modelos que fueron implantados en el sistema Libra no aparecen con el nuevo, o que el nombre de los acusados aparece duplicado. Pero hay más, a la hora de tramitar cualquier resolución y fusionar con la base de datos, hay que insertar manualmente todos los detalles de la ficha “lo que hace que estos trámites sean desesperantes”. A estas quejas se suman, por ejemplo, que las liquidaciones de condena no insertan las fechas de preventivas o que no se reconocen los datos que han sido registrados previamente en los juzgados de instrucción y que pasan después al juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento.
Hay asuntos más graves como que al realizar autos acordando la libertad se registra en la base de datos como busca y captura. Así ha habido situaciones en las que un funcionario, al dictar una resolución de averiguación de domicilio se ha topado con una busca y captura. “Por un error informático una persona puede quedar privada de libertad”, advierte CCOO. Esta situación influye directamente en el rendimiento de los trabajadores al ver ralentizados sus trabajos sobre todo en lo relacionado con las ejecutorias “ya que tienen que recurrir a procesadores de texto para poder realizar trámites con celeridad”.
La persona designada por el Ministerio para atender las quejas surgidas está completamente desbordada por las cuantiosas quejas recibidas. Entre ésas se incluye, por ejemplo, el hecho de que lo que antes se hacía en 10 minutos ahora cuesta 25. “El nuevo sistema que ha sido implantado para hacer bueno el antiguo está plagado de problemas”.
CCOO ha pedido una actuación urgente advirtiendo de que si no se atiende su demanda “nos podemos topar con unos juzgados ralentizados lo que causará un grave perjuicio al administrado”.
