Publicado en www.elcorreodigital.com
Ambos poderes, ha dicho, deben "reconocerse y respetarse" con la mirada puesta en el interés general. Así, entre otras cosas, ha anunciado que establecerá mecanismos de comunicación y diálogo con el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, "sin menoscabo de la legitima crítica y disparidad de opiniones", como vía para afrontar con solvencia los retos que tiene la Administración de Justicia en Euskadi durante los próximos años.
Tras expresar su reconocimiento a los jueces vascos, la consejera ha precisado que uno de los retos consiste en implantar a partir de 2010 la nueva oficina judicial (medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo de su trabajo) para agilizar la respuesta al ciudadano a través de una ambiciosa reforma de una estructura obsoleta que se había quedado obsoleta. Y ha asumido el compromiso de implantar la nueva oficina judicial de forma progresiva mejorando la comunicación y colaboración con todos los sectores implicados a través de comisiones mixtas, adecuando los actuales edificios judiciales, introduciendo métodos de gestión de la calidad y establecimiento sistemas de información que permitan su seguimiento y control por parte del Parlamento Vasco.
"El nuevo modelo organizativo debe estar acompañado de un equipamiento informático adecuado que garantice el uso y el acceso a los sistemas por los usuarios con garantías de inviolabilidad de la información", ha añadido. Asimismo, y dentro del mismo objetivo de mejorar este servicio público, Mendia ha anunciado que medirán la satisfacción del ciudadano con la Administración de Justicia, ampliarán el horario de aquellos puestos de trabajo más cercanos al ciudadano (oficinas de atención al ciudadano, registros civiles, etc.) y facilitarán trámites e información por internet.
Cooficialidad de idiomas
La consejera ha asegurado que uno de sus propósitos para la legislatura consiste en "hacer efectiva la cooficialidad de idiomas en la prestación de servicios por la Administración de Justicia" y ha explicado que para ello adecuar los órganos y servicios, promoverá el euskera entre el personal como herramienta de expresión social y laboral, y extenderá el bilingüismo en toda la documentación.
En este punto, y tras argumentar que el idioma "no puede ser ni un elemento de discriminación ni minusvalorarse el derecho de cualquier ciudadano a obtener respuesta judicial en cualquiera de los idiomas cooficiales", ha sostenido que la implantación de la nueva oficina judicial hará posible en la mayoría de los partidos judiciales la íntegra tramitación de un procedimiento judicial en euskera. "Habilitaremos, dentro de las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración de Justicia una estructura organizativa que haga efectiva la realidad plurilingüística de nuestro país, de suerte que el ciudadano pueda dirigirse y obtener respuesta en cualquiera de los idiomas cooficiales", ha señalado.
Combatir la violencia machista
Por otro lado, y con el objetivo de combatir la violencia machista, ha considerado "inaplazable" reforzar las medidas de tutela y asistencia a las mujeres víctimas de la violencia familiar y de género, y poner en marcha una red de traductores sensibilizados con las políticas de género que atiendan a las mujeres extranjeras víctimas de este tipo de violencia. Los planes legislativos son amplios. Mendía ha anunciado que estudiarán una posible ley de acceso de la ciudadanía a la información institucional, reformarán la Ley de Gobierno para regular las incompatibilidades de los miembros del ejecutivo, elaborarán una Ley de Publicidad Institucional y una Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos y de la Asistencia y Representación en Juicio.
Otro proyecto legislativo es la elaboración y aprobación de una nueva Ley de la Función Pública Vasca que, siendo acorde con los dictados contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, "se ajuste a las actuales necesidades y demandas sociales, y tenga en el pacto entre distintas administraciones y entre distintas sensibilidades políticas y sociales su razón de ser". "Esta nueva ley nos debe permitir la regulación del directivo público, la creación de un sistema de evaluación del desempeño que motive al personal, la puesta en marcha de un órgano permanente de estudio, mejora y coordinación de la función pública en el que estén presentes todas las administraciones públicas vascas, etc.", ha explicado.
Finalmente, y dentro también del área de función pública, ha defendido que la ciudadanía vasca tiene derecho a ser atendida por sus administraciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales. "Tanto el euskera como el castellano tendrán un adecuado tratamiento en la Administración Pública, no siendo ninguna de ellas causa de discriminación en el acceso a la misma", ha dicho.
