Publicado en www.abogados.es
La Justicia está "en crisis" y algunas resoluciones de los juzgados contribuyen a que disminuya la confianza de los ciudadanos en los tribunales. Así de contundente es el mensaje que lanzan un colectivo de jueces, abogados y otros operadores jurídicos en un comunicado hecho público esta semana en Canarias. Entre quienes lo suscriben -unas cien personas - se encuentran el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, los también abogados José Manuel Rivero y Joaquín Sagaseta y los jueces Miguel Ángel Parramón y Victoria Rosell.
El comunicado dice así:
"Como profesionales y operadores en el ámbito de la Administración de Justicia y al servicio de la ciudadanía, queremos cumplir escrupulosamente con los principios de legalidad, libertad e igualdad, con respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas y a las garantías constitucionales y legales.
Por ello, en los momentos actuales compartimos con las personas que, sin ser profesionales de este ámbito, muestran su sorpresa, escepticismo y hasta indignación por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción.
En estos tiempos tan difíciles para la credibilidad y confianza en la justicia, los que trabajamos a diario en la base de la misma, queremos hacer un llamamiento a las autoridades a quienes la Constitución y la Ley le atribuyen competencia en el ámbito de los distintos poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), para que adopten las medidas oportunas, para que se tomen en consideración y se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, a fin de lograr su recuperación.
Consideramos especialmente urgente revertir una situación, de la que parece desprenderse un mensaje al pueblo, en cuyo nombre los jueces y tribunales administran Justicia, que ésta es fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes, incrementados en estos tiempos de crisis económica que no ha sido creada por quienes la padecen. Y, por el contrario, es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales de cuello blanco que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos. Una administración de justicia, en suma, poco proclive a someter a juicio estas conductas, por los Juzgados y Tribunales profesionales o por la institución popular del Jurado, reinstaurada en nuestro país desde el año 1995.
Ésa es una imagen de la Justicia en el estado español, que puede desprenderse de una realidad objetiva, que a estas alturas de la democracia, ha de combatirse con hechos. Siendo responsabilidad de todas las autoridades mencionadas, porque la democracia así lo exige, obrar con la rectitud exigible a los cargos que ostentan y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el valor de la Justicia como digna e igual para todos".
