El dinero se demora en los bancos por la lentitud de los órganos judiciales en dictar sentencia firme.
La Administración de Justicia no sólo resuelve conflictos entre ciudadanos, sino que también puede generar ingresos importantes a las arcas públicas. Ocurre, por ejemplo, con los intereses que genera el dinero ingresado en los bancos bajo el concepto de depósitos y consignaciones judiciales, pues los juzgados y tribunales de toda España tienen bloqueados 3.127.215.612 euros en cuentas corrientes hasta que finalice el pleito, de los que 124.484.289 se corresponden con los asuntos que se tramitan en los órganos judiciales canarios, según recoge el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el último informe La Justicia dato a dato, que aborda la situación de los juzgados españoles en 2011.
Entre otros conceptos, se trata de fianzas, indemnizaciones y multas que la mayoría de las veces se ingresan en cuentas bancarias al inicio del proceso judicial, con la finalidad de garantizar el pago al afectado si finalmente recae una sentencia condenatoria. Sin embargo, en la práctica, ese dinero permanece congelado en los bancos durante años, ya que la Administración de Justicia no se caracteriza por su rapidez en la resolución de los casos y los litigantes no pueden acceder a esos depósitos hasta que las decisiones de los jueces adquieran firmeza.
De hecho, durante 2011, los movimientos que registraron estas cuentas corrientes en Canarias fueron de 1.255.253 euros, un porcentaje bastante bajo respecto al dinero total que permanece bloqueado: 124.484.289. Esta situación no es exclusiva de las Islas, sino que se repite en todas las comunidades autónomas. De ahí que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciara en julio que se invertirán 2,5 millones de euros en el Tribunal Supremo (TS) para agilizar la resolución de asuntos con magistrados de refuerzo hasta diciembre.
Y es que, mientras las partes esperan por la sentencia definitiva del Alto Tribunal, el dinero consignado como garantía del procedimiento no genera riqueza porque permanecer al margen del mercado, explicó el ministro. ¿Pero qué ocurre con los intereses de esos depósitos? En la actualidad esos fondos revierten como ingresos al Ministerio de Hacienda, aunque existen regiones que vienen reclamando el control de esas cuentas para poder disponer de esos intereses, entre ellas la Comunidad Valenciana.
Según publica el diario Información de Alicante, la Generalitat reclama desde 2010 la competencia sobre esas cuentas de depósitos y consignaciones judiciales para acceder al dinero generado por los intereses y emplear esos fondos en la financiación del turno de oficio.
El argumento usado para reivindicar esa competencia es lógico. Se basa en que la Administración autonómica cubre la mayor parte de los gastos que genera el funcionamiento del sistema judicial, por lo que no es descabellado que los intereses de los asuntos que se ventilan en esos juzgados reviertan en dicha comunidad.
En cualquier caso, la controversia sobre esta competencia no es nueva. El director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres García, subraya que el Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció en 2006 sobre la titularidad estatal o autonómica de los intereses derivados de las cuentas de depósitos y consignaciones de los órganos judiciales.
El Constitucional emitió dos sentencias (STC 50/2006, de 16 de febrero, y 67/2006, de 2 de marzo), las cuales establecen que esos intereses corresponden al Estado (art. 149.1.14 de la CE). Por tanto, la transferencia de recursos de una administración a otra no puede hacerse sin más, sino que es necesario una habilitación expresa en el bloque de constitucionalidad.
No obstante, Alejandro Parres se muestra partidario de esa reforma. Sus argumentos son similares a los empleados por sus homólogos en Valencia. El director general considera de "justicia" que nazca el nuevo precepto competencial, pues a quien corresponde "la mayor parte del gasto" también "debe atribuirse la mayor parte del rendimiento", entre otras razones porque la responsabilidad de provisionar los medios materiales para el desarrollo de la función judicial recae en las comunidades autónomas, resalta Parres.
Esa transferencia de recursos, muy jugosa en tiempos de crisis, podría suponer una fuente de ingresos importante para las arcas autonómicas. Canarias es la sexta región que más dinero tiene inmovilizado en los bancos por estos motivos, sólo por detrás de Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.
La mitad del dinero que los juzgados canarios tienen depositados en los bancos se corresponden con procedimientos civiles, que es la jurisdicción a la que recurren los ciudadanos para hacer reclamaciones de cantidades.
Luego le sigue, por orden de importancia, la jurisdicción Penal, que se nutre principalmente de multas y fianzas para garantizar el pago de indemnizaciones a las posibles víctimas de los delitos, así como los asuntos que se sustancian en Menores, Social, Militar, Contencioso Administrativo y otros órdenes sin determinar, según el informe La Justicia dato a dato elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.
Decreto regulador NOJ
