Porque nos sobran los motivos para la movilización
Nota informativa de CCOO de Justicia
HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO
HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La convocatoria de huelga en el sector público el día 8 de junio de 2010 es el inicio de un conflicto social ante la propuesta del gobierno de reducir los salarios en el sector público, congelar las pensiones, empeorar la aplicación de la ley de dependencia, rebajar las políticas sociales y las inversiones públicas. Y esto es solo el principio, pues se anuncian nuevas medidas que pueden agravar esta situación.
Los trabajadores y trabajadoras no hemos provocado esta crisis y no podemos ser los que paguemos los platos rotos. Las propuestas del Gobierno no son una salida para la crisis.
El origen de la crisis nos ha venido impuesto por un mercado financiero sin reglas, unas políticas neoliberales basadas en un cada vez menos intervencionismo del estado y una mayor transferencia de recursos desde lo público a lo privado, así como un modelo productivo basado en la especulación.
Una vez que los estados (esto es, todos los ciudadanos) hemos aportado ingentes recursos en salvarlos de sus errores, nos encontramos con unas medidas de ajuste únicamente sobre políticas de gasto social sin haber adoptado medida alguna sobre los propios mercados financieros, sobre las grandes fortunas y sobre las empresas. Desde el año 2004 venimos criticando duramente la política de “regalos” fiscales que ha mermado los ingresos del estado en unas cuantías muy superiores al recorte de gastos que ahora se anuncia: decisiones como la desaparición del impuesto de patrimonio, las continuas rebajas del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen al margen de la renta de quien la percibe, o la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas del capital, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de importantes ingresos al estado.
Todo lo anterior ahonda el que seamos una pocas personas (las rentas del trabajo) las que soportamos los ingresos del estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes. Tampoco podemos olvidar los años de congelación salarial a la que nos vimos sometidos los empleados públicos por gobiernos anteriores.
El Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, pero desde su firma no solo se han adoptado otras medidas que cuestionan su aplicabilidad, como el recorte en la recién aprobada OEP, la paralización de temas como la jubilación parcial, etc, sino que además el recorte salarial va a afectar también a las futuras pensiones, pues inciden directamente en las bases de cotización a la Seguridad Social y, previsiblemente, también en los haberes reguladores para el cálculo de la pensión en el régimen de clases pasivas. Y utilizar la vía del “Decretazo” para, por primera vez en este país, rebajar los salarios de un colectivo de trabajadores, supone, además una quiebra al derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una campaña de descrédito sobre todo lo público, sobre el personal funcionario como una carga para el resto de la sociedad y una burda justificación en un empleo estable, desconociendo además que el empleo precario en las Administraciones Públicas alcanza más del 30%. La reducción de salarios no sólo afecta al personal funcionario, sino a todas las empleadas y empleados públicos que prestamos un servicio público a la sociedad: policías que cuidan nuestras calles, conductores de autobuses, quienes cuidan de nuestras personas mayores, quienes apagan incendios, quienes educan a nuestros hijos, las que nos salva la vida en los hospitales, quienes hacemos posible que la Administración de Justicia, pese a todo, funcione, etc, etc y en muchos de estos casos, los salarios no son muy superiores a los mil euros al mes.
Estas medidas van más allá de un simple recorte de salarios y mucho nos tememos que le siga un intenso y rápido “adelgazamiento” del sector público, a través de externalizaciones, privatizaciones, etc., además supone abandonar la defensa de los servicios públicos y el conjunto del sector público como motor de arranque en la recuperación económica y en el cambio de modelo productivo, supone abandonar al sector público en manos de importantes sectores privados que se repartirán el pastel de los servicios públicos, supone criminalizar a lo público (y a las empleadas y empleados públicos con ello) como responsables, aunque sea indirectamente, de la crisis.
¿Y cómo afectará este recorte a la Administración de Justicia?
Estamos inmersos en un proceso de importante cambio en la Administración de Justicia. La implantación de la NOJ como sistema organizativo modelo para llevar a cabo la modernización de la Administración de Justicia pactado por los dos grandes partidos políticos requiere, si se quiere que funcione, necesariamente una importante inversión pública: en medios personales, en tecnología, en edificios judiciales, en formación,… pero, pese a mantenerse la OEP-2010 en nuestro sector, pese a garantizarse derechos tan importantes como el mantenimiento de las plantillas (incluso con el incremento de un número importante de refuerzos) la limitación a la movilidad funcional arbitraria a través de la adscripción a secciones, el mantenimiento de nuestros derechos retributivos…a través de los acuerdos sectoriales firmados en los últimos meses, no es menos cierto que estas nuevas medidas adoptadas por el Gobierno van a incidir en un recorte de la inversión pública también en nuestro ámbito que, unido al recorte de nuestros salarios, a una más que probable futura congelación del empleo en nuestro sector, al incremento de nuestras funciones y nuestra responsabilidad, a una reordenación de efectivos y en algunos casos de amortización de plantillas como se propone en algún ámbito territorial, etc, etc. nos han hecho exigir al Ministro de Justicia la PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NOJ, la convocatoria de una reunión urgente no para la negociación de procesos de acoplamiento ni de RPTs, sino para exigir la retirada inmediata de una medidas de ajuste injustas y desproporcionadas que repercutirán inevitablemente sobre una política de recorte de gastos, ya de por sí, timorata en esta llamada “modernización de la Administración de Justicia”, pues no vamos a consentir que el recorte en el gasto público y en salarios recaiga sobre ciudadanos y trabajadores.
¡¡TENEMOS RAZONES PARA LA MOVILIZACIÓN!!
¡PAREMOS LA BAJADA DE NUESTROS SALARIOS!
¡PAREMOS EL RECORTE EN EL GASTO PÚBLICO!
¡PAREMOS LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL!
TODAS Y TODOS A LAS CONCENTRACIONES
EL DIA 20 DE MAYO
Y
HUELGA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO
EL DIA 8 DE JUNIO
