Nota informativa de CCOO de Justicia
Siete meses después de que CCOO solicitara al Ministro de Justicia la paralización de la implantación de la NOJ, numerosos colectivos comienzan a sumarse a esta propuesta.
El tiempo está dando la razón a los argumentos que CCOO viene exponiendo desde hace meses cuando en mayo de 2010 y tras la aprobación unilateral por parte del Gobierno de un severo Plan de Ajuste que suponía no solo un grave recorte sin precedentes en los salarios de los empleados públicos, sino un importante recorte en la inversión pública y en el empleo público, que ahora estamos comprobando cómo afecta negativamente también a la Administración de Justicia: recorte de plantillas, no renovación de refuerzos (algunos de ellos ya de carácter estructural), retraso en la entrada en funcionamiento de órganos judiciales ya creados, infradotación de plantillas en los órganos de nueva creación o dotación a través de amortizaciones de plantilla de otros órganos judiciales, una más que probable inexistencia de OEP para el 2011 y años sucesivos, incumplimiento del Acuerdo firmado el 10 de marzo por el propio Ministro de Justicia respecto a las retribuciones de los trabajadores afectados por la implantación de la NOJ o en el proceso de acoplamiento, etc, y por la que CCOO ha realizado concentraciones de trabajadores, recogida de firmas, huelga contra el Plan de Ajuste del Gobierno -8-J-, recursos judiciales contra los recortes salariales.
Todo ello son las consecuencias de una implantación de la NOJ que incumple los Acuerdos firmados, cuya dotación presupuestaria en una época de recortes en empleo, en salarios y en inversión, NO ACONSEJA SEGUIR ADELANTE CON UN PROYECTO cuyo presupuesto se está destinando fundamentalmente por el Ministerio de Justicia a la venta y propaganda publicitaria (creación de comisiones, Jornadas divulgativas con multitud de colectivos, canales publicitarios de última generación,….) pero, la implantación de la NOJ en las dos ciudades donde ya se ha iniciado (Burgos y Murcia) ya ha demostrado que este nuevo sistema organizativo no supone una verdadera modernización de la Administración de Justicia:
- los sistemas informáticos, en los que se basa fundamentalmente esta modernización, siguen sin funcionar y ello está aumentando el colapso judicial y empeorando las condiciones de trabajo (Minerva-NOJ, Lexnet, Agenda de Señalamientos, Cicerón -programa de grabación de vistas–, expediente digital…)
- la infradotación de plantillas en algunos servicios (servicios de ejecución, servicios de atención al público,…) está poniendo en entredicho el servicio público que se presta a los ciudadanos y profesionales
- las infraestructuras, los edificios judiciales de nueva creación o las reformas de los edificios antiguos, no cumplen, en la mayoría de los casos, con la normativa en materia de seguridad y salud como venimos denunciando desde CCOO, en algunos edificios, los trabajadores se encuentran apiñados en espacios que no cumplen las medidas mínimas legales, etc…
Y si esto es lo que se detecta en las ciudades donde la NOJ lleva funcionando dos meses, la experiencia y la seriedad aconsejan efectivamente no seguir adelante en estos momentos con la implantación en Ciudad Real ni en Cáceres, ciudades donde el Ministerio ya ha procedido a realizar el acoplamiento de los trabajadores. Ahora, acaba de publicar en el BOE (31 de diciembre), las RPTs correspondientes a las ciudades de la segunda fase de implantación -Cuenca, León y Mérida- (el ministerio nos confirma que se publicará una corrección de errores sobre todo en las RPTs de León).
Y ahora, otros colectivos con presencia en la Administración de Justicia se suman a la propuesta de CCOO de paralización de la implantación de la NOJ; la reunión de Jueces Decanos celebrada en el mes de diciembre, ahora la Junta de Jueces de Ciudad Real ha acordado por unanimidad «exigir» al Ministerio de Justicia que «paralice» temporalmente la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial hasta que se resuelvan todos los problemas y se clarifique la situación generada en Burgos. Esta decisión fue adoptada después de que la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria informara a sus colegas de las numerosas y graves disfunciones que se han puesto de manifiesto en el funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Burgos.
