Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Comisión técnica de temporalidad y empleo
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| Manuel Chaves |
La reunión de la Comisión técnica de temporalidad y empleo celebrada el 15 de febrero ha servido a CCOO para conocer los límites de la Administración a la hora de negociar el Real Decreto de Oferta de Empleo Público para 2011, y agotar el recorrido que pudiese tener la discusión. CCOO rechaza el borrador y Chaves anuncia que se aprobará el viernes.
La Administración y el Gobierno han vuelto a poner de manifiesto el escaso interés por la negociación en de Oferta de Empleo Público para 2011. No solo por el nivel de las propuestas que nuevamente planteaban los responsables de Función Pública, el calendario de negociación también quedaba hipotecado desde el momento en el que el propio Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas anunciaba, en una nota de prensa y con carácter previo a la reunión, que el próximo viernes el Real Decreto será aprobado en el Consejo de Ministros.
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, avanzó que el Consejo de Ministros del viernes aprobará la oferta de empleo público que limita la tasa de reposición de efectivos al 10% para reducir el déficit público, como ya ocurriera en 2010, y puso en valor la "contribución" de los empleados públicos con los objetivos de austeridad y control del gasto, al recordar el ahorro en torno a 5.600 millones de euros entre 2010 y 2011 derivado de la limitación de la tasa de reposición y la rebaja de sueldo del 5% el pasado año y la congelación salarial para este ejercicio.
Comisión técnica de temporalidad y empleo de la AGE
En la reunión de la Comisión técnica de temporalidad y empleo de la AGE se contaba con el borrador del Real Decreto de Oferta de Empleo Público para 2011, un texto decepcionante para CCOO por las siguientes razones:
1. La oferta de nuevo ingreso aparece exclusivamente ligada a la política de recorte recogida en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos de 2011, lo que conlleva el ridículo número de 633 puestos para el presente año.
2. No se tiene en cuenta la situación de servicios públicos, con claras deficiencias de plantilla, que pueden ver comprometido su funcionamiento en el corto plazo, como es el caso de IIPP, IMSERSO, SPEE, Seguridad Social, AEAT y todos aquellos con una gestión vinculada con la atención al público.
3. Hay un olvido intencionado del personal laboral, al insistir en no convocar ninguna plaza en el presente ejercicio y anular así las posibilidades de promoción de este colectivo, descapitalizar ámbitos concretos de gestión en donde será imposible reprimir la tentación hacia la privatización si el organismo cuenta con recursos económicos o en caso contrario dejar el servicio público claramente cuestionado.
4. Una definición de los concursos que introduce nuevos condicionamientos a la movilidad del personal e incluso se maneja la posibilidad de cerrar definitivamente la incorporación de nuevos efectivos por esta vía si el ámbito no tiene la consideración de prioritario.
5. El preámbulo condiciona de forma permanente la distribución de la oferta de empleo, p dirigiéndola primordialmente a los grupos A1 y A2, tanto en este ejercicio como en los próximos.
La argumentación de CCOO ha forzado a la Administración a comprometer una revisión de este último aspecto y a buscar una redacción en donde se obviasen las consecuencias que este sindicato denunciaba. CCOO ha señalado también que el borrador de Real Decreto no refleja principios comprometidos en el reciente Acuerdo sobre el Plan de Igualdad, y la Administración se ha comprometido a revisarlo.
En el resto de las cuestiones, la cerrazón de la Administración Pública ha sido absoluta. Desconcertante su argumentación en los concursos, donde introduce unilateralmente nuevos criterios que endurecen las condiciones de participación y simultáneamente se compromete el proceso de negociación que se establece en el artículo 37.1.c del EBEP en el caso de que dichos criterios se pretendan plasmar en concursos concretos.
Sobre lo que Función Pública había presentado en las dos reuniones anteriores, CCOO destaca que la promoción interna pasa de 300 puestos a 450 plazas en 2011 y que en la oferta libre se contemplarán plazas para cuerpos o escalas del grupo C1. Ambas cuestiones responden, aunque de forma insuficiente, a propuestas de CCOO vinculadas a la mejora de la promoción interna y a la exigencia de que la oferta libre fuese equilibrada y recogiese plazas de todos los grupos de titulación.
Leve mejora de la promoción que permite dar continuidad y mantener el mismo número de plazas del año 2010 en todos los procesos dirigidos a Cuerpos Generales o a la Escala de Organismos Autónomos (55 en el caso del acceso al A2, 114 en el acceso al C1 y 100 en el caso del C2) y aún más escasa la decisión de que al menos un 8,37% de las plazas de nuevo ingreso quedarán ligadas a cuerpos o escalas del subgrupo C1, matizando levemente la intención inicial de dirigir la totalidad de la oferta libre a los grupos A1 y A2.
CCOO rechaza la propuesta de real decreto
Por lo tanto, CCOO ha rechazo la propuesta de real decreto de oferta, y denuncia las situaciones que va a provocar un recorte de plantilla de la intensidad que se pretende, el caos al que se van a ver abocados un número significativo de centros de trabajo y la grave irresponsabilidad que supone que los máximos responsables de la Función Pública de este país se refugien en criterios puramente economicistas para justificar una norma que va a deteriorar de manera sensible el funcionamiento de los servicios que deben garantizarse a la ciudadanía.
También se lesionan de manera irremediable derechos de las plantillas. La promoción sufre un deterioro injustificado. En esta parcela ni siquiera vale la justificación económica pues el impacto de la misma sobre el capítulo de retribuciones es mínimo. Por el contrario es preocupante que la Administración no sea capaz de propiciar un esquema de promoción interna, que en un momento como el actual, aumentase las posibilidades y colaborase en una adecuada a la planificación de los recursos humanos en el seno de la Administración.
Por último, la negociación de la política de empleo en la Administración General del Estado queda claramente condicionada desde el momento en el que el ministro de Política Territorial y Administración Pública difundía, en una nota de prensa y con carácter previo a la reunión que se mantenía, que el próximo viernes el Real Decreto sería aprobado en el Consejo de Ministros, ignorando el proceso de negociación que se estaba desarrollando. Desgraciadamente parece demostrarse la falta de contenidos y voluntad real, por parte de la Administración, de buscar consensos en esta materia.
En definitiva, un real decreto que solo podrá ser calificado como lamentable si, como todo parece indicar, este viernes, 18 de febrero, es aprobado por el Consejo de Ministros. Una nueva oportunidad perdida a la hora de utilizar esta norma para dar respuesta al trabajo de diagnóstico, de planificación de recursos humanos y de fortalecimiento de los servicios que están encomendados a los diferentes centros de la Administración General del Estado.
