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CC.OO. denuncia que las medidas de agilización procesal limitan el acceso a la Justicia

Publicado en www.europapress.es

CC.OO. ha denunciado que el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal pone límites a los ciudadanos para acceder a los diferentes servicios judiciales y puede entrar en contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva, según informa el sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) en un comunicado.

El sindicato entiende que las nuevas medidas no cumplen los objetivos del Gobierno de agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, y no se contribuye a modernizar la Administración de Justicia.

En concreto, CC.OO. critica la supresión, en el orden jurisdiccional civil, del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando esta sea menor de 6.000 euros.

Asimismo, cuestionan la "actualización" de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, que pasa de 150.000 a 800.000 euros, así como la elevación del límite cuantitativo para el recurso de apelación, cuyo mínimo pasa de 150.000 a 800.000 euros.

En opinión de CC.OO., el conjunto de medidas con las que el Ejecutivo pretende agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y tiempo, y racionalizar los recursos "no refuerza los derechos de los ciudadanos" para acceder a la Justicia.

En este sentido, el sindicato recuerda que ya con la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial de 2009, se introdujo la obligatoriedad de constituir un depósito para recurrir, incluso para los empleados públicos que, hasta ese momento, podían acogerse a la justicia gratuita para los recursos acerca de sus condiciones laborales.

Según CC.OO., el Ministerio de Justicia no conseguirá con estas medidas agilizar los tiempos de los procesos judiciales ni acabar con el retraso acumulado en los juzgados de la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, ni tampoco con el atasco existente en el Tribunal Supremo.

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