Publicado en www.lavozdelacalle.es
El proyecto de Ley de agilización procesal que prepara el Ministerio de Justicia pretende agilizar los tiempos de la acción de la justicia sin perjudicar, al mismo tiempo las garantías del demandante.
Estas premisas podrían ser contradictorias, dado que una de las principales novedades que contempla la futura ley es hacer más estrictos los requisitos para acceder a los recursos de apelación y casación. De este modo en el caso de los recursos de apelación se eleva la cuantía de acceso a la apelación de los 18.000€ actuales hasta los 50.000€.
Asimismo, en los juicios verbales en los que el asunto del litigio no exceda los 6.000 euros no se podrá recurrir la sentencia dictada ante la Audiencia Provincial. Y para que el Tribunal Supremo revise un asunto por razón de la cuantía ya no bastará, como ocurre ahora, con que llegue a los 150.000 euros: la cifra deberá superar los 800.000 euros.
Un aspecto que ha levantado la oposición de la asociación profesional de corte progresista “Jueces para la democracia”: “ El PSOE y el Gobierno, a cuenta de agilizar la justicia lo que hacen es dificultar el acceso a la justica por la vía de elevar los topes dinerarios para poder recurrir”. Y añaden que la reforma supone una "justicia para ricos".
Otros aspectos que estudia incorporar la ley es el conocido como “procedimiento abreviado”, es decir, se prevé la posibilidad de dictar sentencia sin que se celebre la vista oral, cuando la Administración no se oponga a contestar a la demanda por escrito.
El portavoz de la citada asociación profesional, José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la advierte de que "no se puede salir de la crisis con leyes coyunturales", porque la de agilización procesal "sólo tiene sentido si va acompañada de una reforma de la estructura judicial".
El proyecto de Ley de agilización procesal que prepara el Ministerio de Justicia pretende agilizar los tiempos de la acción de la justicia sin perjudicar, al mismo tiempo las garantías del demandante. Unas premisas que podrían ser contradictorias, dado que una de las principales novedades que contempla la futura ley es hacer más estrictos los requisitos para acceder a los recursos de apelación y casación. De este modo en el caso de los recursos de apelación se eleva la cuantía de acceso a la apelación de los 18.000€ actuales hasta los 50.000€.
Asimismo, en los juicios verbales en los que el asunto del litigio no exceda los 6.000 euros no se podrá recurrir la sentencia dictada ante la Audiencia Provincial. Y para que el Tribunal Supremo revise un asunto por razón de la cuantía ya no bastará, como ocurre ahora, con que llegue a los 150.000 euros: la cifra deberá superar los 800.000 euros.
Un aspecto que ha levantado la oposición de la asociación profesional de corte progresista “Jueces para la democracia”: “ El PSOE y el Gobierno, a cuenta de agilizar la justicia lo que hacen es dificultar el acceso a la justica por la vía de elevar los topes dinerarios para poder recurrir”. Y añaden que la reforma supone una "justicia para ricos".
Otros aspectos que estudia incorporar la ley es el conocido como “procedimiento abreviado”, es decir, se prevé la posibilidad de dictar sentencia sin que se celebre la vista oral, cuando la Administración no se oponga a contestar a la demanda por escrito.
Según esta asociación, la citada ley tiene un objetivo "claro y explícito en su denominación, pero para lograr la deseada reducción de los tiempos de la justicia opta por restringir recursos que hasta ahora estaban a disposición del litigante".
El portavoz de la citada asociación profesional, José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la advierte de que "no se puede salir de la crisis con leyes coyunturales", porque la de agilización procesal "sólo tiene sentido si va acompañada de una reforma de la estructura judicial".
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