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Burgos: Jueces de Instrucción alertan del colapso creado por la Oficina Judicial


La juez decana y la titular del Juzgado de Instrucción nº3 reclaman que se recupere la plantilla que había en estos órganos judiciales antes del cambio de modelo

Los Juzgados de Instrucción representan en muchas ocasiones el primer escalón de la Administración de Justicia, la primera pieza que empieza a hacer funcionar una maquinaria que en Burgos, hasta la llegada de la Oficina Judicial, funcionaba razonablemente bien. Ese sentimiento unánime ya no es tal meses después del cambio de organización, y los cuatro Juzgados de Instrucción son una muestra de ello.

La juez decana de Burgos, Blanca Subiñas, y la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Burgos, Paula Crespo Álvarez, explican que el sistema de funcionamiento de la Oficina Judicial y la instrucción «son dos conceptos que se acomodan con dificultad». Especialmente la instrucción penal. Los datos así lo indican. Durante la presentación de la memoria judicial del año pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, indicó que el Juzgado de Instrucción nº2 de Burgos había tramitado 70 procedimientos el primer trimestre de 2010, mientras que durante el mismo periodo de este año habían entrado 10.

La explicación de este descenso es simple, según la juez de Instrucción. Se hace el mismo trabajo con la mitad de plantilla. Cuatro funcionarios tienen que hacer el mismo trabajo que antes hacían ocho. Lo que se ha producido, en palabras de Subiñas, es un «expediente de regulación de empleo», ya que en todos los Juzgados de Instrucción se ha reducido a la mitad a la plantilla.

Si la instrucción penal y el sistema de oficina judicial «chirrían» más entre sí que con los órganos de enjuiciamiento es porque en este tipo de juzgados el juez es la figura principal.

Dirección judicial

Es un órgano de dirección judicial porque «lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal», recuerda Subiñas. La juez Crespo Álvarez explica que en los Juzgados de Instrucción es donde empieza un proceso judicial, donde se decide qué diligencias de investigación se deben realizar en casos como posibles faltas o delitos. Es el juez de este órgano el que decide si hay material suficiente para continuar con la causa o decide archivarla. En caso de que siga adelante, toda las decisiones las sigue dictando la juez de Instrucción porque «están en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos». Lo que hace es seguir todo el proceso, algo que con el cambio de la Oficina Judicial se ha perdido. El problema, explican ambas magistradas, es que cuando el asunto sale del Juzgado, que ahora se denominan Unidades Procesales de Apoyo Directo, con destino al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) se pierde la comunicación. «Nos han dejado desconectados del SCOP, y una vez que hemos hecho nuestro trabajo no hay mecanismos para conocer el estado del caso», comenta la titular del Juzgado de Instrucción nº3. Y esto es un problema más, ya que durante la instrucción son constantes los actos judiciales, con idas y venidas de autos, recursos y notificaciones, lo que hace un juez de Instrucción tenga que estar especialmente pendiente de los asuntos. «No se puede dejar al voluntarismo de la gente» ver en qué situación está determinado expediente.

Además, en el SCOP «no se sabe si un procedimiento es o no importante, y detrás, a parte del delito hay personas con su drama». En este sentido, ambas magistradas recalcan que el_SCOP es una herramienta útil, porque es bueno que haya una única entrada de los procedimientos. Toda esta serie de disfunciones hacen que la instrucción «no se pueda acomodar nunca a este sistema de Oficina Judicial tal y como está hoy prevista».

Junto a la distribución de personal que se ha realizado, otro problema que, en opinión de las dos juezas, tampoco está ayudando es el relacionado con la tecnología. Consideran que un sistema que tendrá el expediente electrónico como base no puede ser tan inestable.

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