Esta mañana alrededor de sesenta personas, en su mayoría vestidas de negro, se han concentrado frente al edificio de los Juzgados con una pancarta en la que se podía leer: «Justicia clama justicia, no a los recortes»
Unas doscientas personas se han movilizado este viernes en la capital leonesa contra los recortes del Gobierno nacional y el regional a los empleados y servicios públicos con cortes de tráfico frente a las distintas administraciones.
Estas protestas convocadas por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se han desarrollado en diferentes puntos de la ciudad como la Subdelegación del Gobierno, la delegación territorial de la Junta de Castilla y León o los Juzgados donde han protagonizado cortes de tráfico de más de quince minutos que han ocasionado colas de vehículos.
Frente al edificio de los Juzgados de León, el coordinador de Justicia de CCOO, Javier Fuente, ha resaltado el «seguimiento alto» de estas protestas «a pesar de ser agosto».
Según Fuente, el objetivo es «sostener» la protesta que se inició el pasado mes de julio y prepararse para la manifestación convocada el 15 de septiembre en Madrid.
Esta mañana alrededor de sesenta personas, en su mayoría vestidas de negro, se han concentrado frente al edificio de los Juzgados con una pancarta en la que se podía leer: «Justicia clama justicia, no a los recortes».
Adjuntamos enlace a la página web del Ministerio de Justicia en dónde se ha publicado la Resolución de 12 de abril de 2012 de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León en Valladolid, por la que se aprueba PROVISIONALMENTE la bolsa de trabajo de interinos, de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión procesal, Tramitación procesal y Auxilio judicial al servicio de la Administración de Justicia, de las provincias de LEON, PALENCIA, SALAMANCA, VALLADOLID Y ZAMORA.
En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución, los interesados podrán subsanar las causas de su exclusión.
La Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en Castilla y León, con sede en Valladolid, ha dictado Resolución de esta fecha, por la que se modifica la Base Segunda de la Convocatoria recientemente publicada de Bolsa de Trabajo de funcionarios interinos de los cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia; que afecta de manera importantísima los correspondientes cupos de integrantes de la citada bolsa.
Dicha resolución se dicta, tras la denuncia efectuada por CC.OO. tras comprobar que dichos cupos de integrantes eran muy inferiores, a los que habrían de corresponder tras aplicar los respectivos porcentajes del 35% sobre las correspondientes plantillas orgánicas para el cuerpo de Gestión Procesal y Auxilio Judicial , y del 40% para el cuerpo de Tramitación.
Obsérvese, como tras la denuncia presentada, y la oportuna solicitud de modificación de la Base Segunda de la Convocatoria publicada, el cupo de integrantes nada tiene que ver con el publicado por la Gerencia, y que de no haber sido por la denuncia de CC.OO. habría quedado mermado, además de incumplir los acuerdos adoptados en las correspondientes Comisiones Paritarias celebradas en fecha de 15 de septiembre de 2011 y posterior de 2 de diciembre.
Adjunto como queda el correspondiente cupo de integrantes tras la modificación por este sindicato solicitada.
CUPO DE INTEGRANTES TRAS LA MODIFICACIÓN BASE SEGUNDA DE LA CONVOCATORIA.
MEDICOS FORENSES
GESTIÓN
TRAMITACIÓN
AUXILIO
LEÓN
8
59
88
44
PALENCIA
3
19
34
18
SALAMANCA
5
36
49
27
VALLADOLID
7
58
99
41
ZAMORA
4
22
28
17
Compárese, con el cupo originalmente publicado en las correspondientes bases por la Gerencia Territorial, que nada tiene que ver.
CUPO DE INTEGRANTES PUBLICADO POR GERENCIA EN LAS BASES CONVOCATORIA
MEDICOS FORENSES
GESTIÓN
TRAMITACIÓN
AUXILIO
LEÓN
8
47
63
35
PALENCIA
3
17
30
16
SALAMANCA
5
28
38
20
VALLADOLID
7
42
61
34
ZAMORA
4
17
21
15
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE LOS CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Los trabajadores de la administración de Justicia en Burgos han pedido cambios en la organización de la Nueva Oficina Judicial, cuando se cumple un año de su implantación en el partido judicial de Burgos, el primero de España en el que se probó este sistema de organización.
El presidente de la Junta de Personal de los trabajadores de la Justicia en Burgos, Alberto Arroyo, ha asegurado que la Nueva Oficina Judicial sigue "sin funcionar adecuadamente" y ha pedido la desaparición del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento.
En su lugar, ha planteado la necesidad de refuerzo de las unidades de apoyo directo a los jueces, lo más parecido al antiguo sistema de organización.
En su opinión, no se trata de volver del todo al antiguo sistema de organización, porque los servicios de ejecución y servicios generales podrían seguir funcionando, porque sí están dando buenos resultados.
Más de un centenar de trabajadores de la administración de Justicia en Burgos, acompañados por algunos procuradores y abogados, se han concentrado hoy frente al edificio de juzgados de Burgos para protestar por el mal funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial.
Arroyo ha declarado a los periodistas durante la concentración que lo más urgente sería reforzar las unidades de apoyo directo a los jueces en las áreas de familia, mercantil, instrucción y penal.
El presidente de la Junta de Personal ha asegurado que los trabajadores de Justicia en Burgos están "desmotivados" porque el sistema funciona tan mal que es muy difícil saber dónde se encuentran los expedientes y algunos llegan a desaparecer durante varios días antes de ser localizados.
Aunque ha reconocido que el sistema informático ya no registra interrupciones graves como ocurrió en los primeros meses de la implantación de la Nueva Oficina Judicial, Arroyo ha señalado que el Sistema Común de Ordenación del Procedimiento no funciona bien ni siquiera con la dotación de más de 20 interinos que prestan ahora apoyo y que han conseguido mejorar algo los resultados de meses anteriores.
En el Boletín Oficial del Estado número 257, de 25 de octubre de 2011, se publica el Real Decreto 1489/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica la planta judicial del partido judicial de León, en ejecución de la Sentencia de 30 de mayo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan parcialmente determinados artículos del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y se constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de Juez de adscripción territorial.
Real Decreto 1489/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica la planta judicial del partido judicial de León, en ejecución de la Sentencia de 30 de mayo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan parcialmente determinados artículos del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y se constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de Juez de adscripción territorial.
Funcionarios, jueces, procuradores o abogados están cansados de que el Ministerio de Justicia compare datos de manera «torticera». Las notificaciones vía Lexnet, según el último informe ministerial, se han duplicado desde la puesta en marcha de la Oficina Judicial hasta este momento al pasar de 12.000 a más de 26.000. Sin embargo, Alberto Arroyo, representante de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, se queja de que se haga esta comparación, «ya que en el inicio del nuevo modelo organizativo apenas se notificaba». «Es lógico que ahora se duplique, pero no quiere decir que el ritmo sea bueno», afirma.
Ese trámite se resolvía antes de la Oficina Judicial en 15 días. Funcionarios, jueces y los propios procuradores huyen del triunfalismo del Ministerio de Justicia y continúan exigiendo más personal y una mejor formación de la plantilla
Funcionarios, jueces, procuradores o abogados están cansados de que el Ministerio de Justicia compare datos de manera «torticera». Las notificaciones vía Lexnet, según el último informe ministerial, se han duplicado desde la puesta en marcha de la Oficina Judicial hasta este momento al pasar de 12.000 a más de 26.000. Sin embargo, Alberto Arroyo, representante de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, se queja de que se haga esta comparación, «ya que en el inicio del nuevo modelo organizativo apenas se notificaba». «Es lógico que ahora se duplique, pero no quiere decir que el ritmo sea bueno», afirma.
Es más, en su opinión, el número de notificaciones por Lexnet «ha aumentado debido al exceso de burocracia que ha conllevado la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial». Las cosas «van mejorando pero muy lentamente», indica Arroyo. El clima entre los trabajadores «ya no es tan crispado como en un principio». Según señala, «la gente ya se han resignado, al comprobar que no queda otra y que el Ministerio no va a dar marcha atrás».
Ahora bien, no está dispuesto a consentir «triunfalismos» por parte del Ministerio. Y es que las declaraciones de José de la Mata, director general de Modernización de la Administración de Justicia, esta semana en Burgos no han sentado nada bien entre los funcionarios. Entre otras cosas porque se enteraron de su visita por la prensa y fue el único colectivo con el que el responsable ministerial no se reunió durante la jornada de trabajo que mantuvo el miércoles en la capital.
Carmen Velázquez, decana del Colegio de Procuradores de Burgos, que ayer celebró su festividad -Santa Ana-, tampoco está de acuerdo con el «exceso de euforia» del Gobierno central. En su opinión, la Administración de Justicia en Burgos está «saliendo poco a poco» del caos que creó la Oficina Judicial cuando entró en funcionamiento en el mes de noviembre. Pero siguen produciéndose problemas que retrasan en demasía la resolución de asuntos. Dos ejemplos muy claros. Antes de que empezara a funcionar el nuevo modelo de organización, estos profesionales tardaban una media de quince días en registrar una demanda. Pues bien, en estos momentos el plazo puede dilatarse hasta los dos meses. Y el señalamiento de juicios puede tardar dos o tres meses cuando antes en el plazo de un mes estaba listo. También echa la culpa de estos retrasos a las distintas reformas procesales que se han llevado a cabo. «No creo que fuera el momento de poner en práctica todas estas novedades a la vez», se lamenta. Por ello Velázquez insiste en que es necesario más personal en muchos servicios, además de reclamar más formación para los funcionarios, sobre todo los interinos.
Sobre la entrada en funcionamiento del nuevo expediente electrónico a principios del próximo año, confía en que sirva para dar «un empujón a la Oficina Judicial». Pero se teme que «el sistema informático no responda a la carga de trabajo». Por ello exige al Ministerio que ponga en marcha el proyecto «con todas las garantías».
El de los procuradores va a ser el colectivo al que más afecte el expediente digital. A partir de enero todos los documentos que remitan a los juzgados tendrá que ser en formato digital. «Por tanto tendremos que digitalizarlos nosotros», explica. Y a los clientes se los enviarán en el formato que pacten con ellos ya que hay abogados y ciudadanos «reacios aún a leer los escritos en formato electrónico».
La visita ayer del secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, no se quedó en la presentación del nuevo modelo del Registro Civil que inauguró Burgos el pasado lunes. El segundo de abordo del Ministerio que dirige Francisco Caamaño tuvo que responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre el funcionamiento de la Oficina Judicial y fue ahí cuando sacó a relucir unos datos (ya preparados y pensados) en los que anunció que el rendimiento de los juzgados había crecido, de media, un 122% entre los meses de noviembre y mayo.
La juez decano improvisa una rueda de prensa tras escuchar las declaraciones de Campo en las que afirma que el rendimiento de los juzgados ha crecido un 122%
La visita ayer del secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, no se quedó en la presentación del nuevo modelo del Registro Civil que inauguró Burgos el pasado lunes. El segundo de abordo del Ministerio que dirige Francisco Caamaño tuvo que responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre el funcionamiento de la Oficina Judicial y fue ahí cuando sacó a relucir unos datos (ya preparados y pensados) en los que anunció que el rendimiento de los juzgados había crecido, de media, un 122% entre los meses de noviembre y mayo.
Sin embargo, lo que seguramente no contemplaba Campo es que la juez decana de Burgos, Blanca Subiñas, se iba quedar a escuchar la comparecencia. Y mucho menos que improvisara una rueda de prensa minutos después de escuchar al secretario de Estado.
Así, Subiñas rebatió al secretario de Estado, que se encargó de enfatizar repetidamente en sus declaraciones que los datos son inamovibles e indiscutibles, que tomara como primera referencia noviembre de 2010, fecha de implantación del sistema. «No es un mes indicativo sino que es un mes en el que la actividad judicial, en su conjunto, estaba seriamente afectada por toda la preparación de la Oficina Judicial», recordó la juez decano. Y es que, tal y como señaló, el socialista comparó un mes de bajísima actividad con otro de un nivel de rendimiento más normal.
Y después, añadió que, como había dicho Campo, es cierto que «los motores no se pararon» y todas las plantas de juzgados siguieron abiertas. Pero también lo es que «la gente no estaba trabajando porque estábamos preparándonos para el nuevo sistema», criticó.
Por eso, la juez decana invitó al secretario de Estado a que «las comparativas se hubieran hecho con el mismo mes del año pasado. Y entonces, continuó, «tendríamos unos datos más exactos».
Y es que, la sensación de Subiñas, lejos de las palabras de Campo en las que dijo que Burgos era una ciudad «mimada» que «está triunfando» fueron distintas. Si bien la juez reconoció que gracias al refuerzo de 30 a 50 personas en el SCOP «hoy estamos en estos parámetros». En cualquier caso, añadió que todavía queda bastante tiempo para «alcanzar el nivel anterior». Algo que podría suceder cuando el expediente judicial entre en funcionamiento. Seguramente, el próximo año.
La juez decana y la titular del Juzgado de Instrucción nº3 reclaman que se recupere la plantilla que había en estos órganos judiciales antes del cambio de modelo
Los Juzgados de Instrucción representan en muchas ocasiones el primer escalón de la Administración de Justicia, la primera pieza que empieza a hacer funcionar una maquinaria que en Burgos, hasta la llegada de la Oficina Judicial, funcionaba razonablemente bien. Ese sentimiento unánime ya no es tal meses después del cambio de organización, y los cuatro Juzgados de Instrucción son una muestra de ello.
La juez decana de Burgos, Blanca Subiñas, y la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Burgos, Paula Crespo Álvarez, explican que el sistema de funcionamiento de la Oficina Judicial y la instrucción «son dos conceptos que se acomodan con dificultad». Especialmente la instrucción penal. Los datos así lo indican. Durante la presentación de la memoria judicial del año pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, indicó que el Juzgado de Instrucción nº2 de Burgos había tramitado 70 procedimientos el primer trimestre de 2010, mientras que durante el mismo periodo de este año habían entrado 10.
La explicación de este descenso es simple, según la juez de Instrucción. Se hace el mismo trabajo con la mitad de plantilla. Cuatro funcionarios tienen que hacer el mismo trabajo que antes hacían ocho. Lo que se ha producido, en palabras de Subiñas, es un «expediente de regulación de empleo», ya que en todos los Juzgados de Instrucción se ha reducido a la mitad a la plantilla.
Si la instrucción penal y el sistema de oficina judicial «chirrían» más entre sí que con los órganos de enjuiciamiento es porque en este tipo de juzgados el juez es la figura principal.
Dirección judicial
Es un órgano de dirección judicial porque «lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal», recuerda Subiñas. La juez Crespo Álvarez explica que en los Juzgados de Instrucción es donde empieza un proceso judicial, donde se decide qué diligencias de investigación se deben realizar en casos como posibles faltas o delitos. Es el juez de este órgano el que decide si hay material suficiente para continuar con la causa o decide archivarla. En caso de que siga adelante, toda las decisiones las sigue dictando la juez de Instrucción porque «están en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos». Lo que hace es seguir todo el proceso, algo que con el cambio de la Oficina Judicial se ha perdido. El problema, explican ambas magistradas, es que cuando el asunto sale del Juzgado, que ahora se denominan Unidades Procesales de Apoyo Directo, con destino al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) se pierde la comunicación. «Nos han dejado desconectados del SCOP, y una vez que hemos hecho nuestro trabajo no hay mecanismos para conocer el estado del caso», comenta la titular del Juzgado de Instrucción nº3. Y esto es un problema más, ya que durante la instrucción son constantes los actos judiciales, con idas y venidas de autos, recursos y notificaciones, lo que hace un juez de Instrucción tenga que estar especialmente pendiente de los asuntos. «No se puede dejar al voluntarismo de la gente» ver en qué situación está determinado expediente.
Además, en el SCOP «no se sabe si un procedimiento es o no importante, y detrás, a parte del delito hay personas con su drama». En este sentido, ambas magistradas recalcan que el_SCOP es una herramienta útil, porque es bueno que haya una única entrada de los procedimientos. Toda esta serie de disfunciones hacen que la instrucción «no se pueda acomodar nunca a este sistema de Oficina Judicial tal y como está hoy prevista».
Junto a la distribución de personal que se ha realizado, otro problema que, en opinión de las dos juezas, tampoco está ayudando es el relacionado con la tecnología. Consideran que un sistema que tendrá el expediente electrónico como base no puede ser tan inestable.
Para el presidente de la Audiencia, la implantación de la Oficina Judicial ha supuesto que Burgos deje de ser una ciudad «modélica»
La Oficina Judicial no ha cumplido su finalidad; ni en lo que se refiere a la optimización del trabajo de los funcionarios, ni a la agilización de procedimientos, ni a convertir Burgos en referente de un producto para la exportación. Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Carreras, durante la última sesión de las jornadas sobre los primeros de meses de funcionamiento del nuevo sistema.
Tanto Carreras como el director de las jornadas, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3, Francisco Javier Ruiz Ferreiro, consideran que los problemas detectados no son cuestiones puntuales sino defectos estructurales basados más en el «voluntarismo» que en la «planificación». «La modernización de la Justicia, en la que todos estábamos implicados, no puede ser un eslogan, una pancarta, sino que tiene que ser algo lleno de contenido», manifestó el primero.
Sobre el objetivo de optimización del trabajo de los funcionarios, el presidente de la Audiencia aseguró que lo «poco» que ha mejorado ha sido a costa de una treintena de trabajadores de refuerzo. De igual forma, precisó que los procedimientos, lejos de agilizarse, están en buena medida retenidos y que el hecho de que Burgos se convirtiera en un modelo a seguir tampoco se ha cumplido puesto que se ha paralizado la implantación del sistema en ciudades como Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla. Todo ello ha supuesto, según sus palabras, que la Administración de la Justicia en Burgos deje de ser lo «modélica» que era antes del pasado octubre, cuando comenzó el proceso de puesta en marcha de la Oficina Judicial.
La prueba de lo detallado, según Carreras, se encuentra en la propia Audiencia Provincial, que se ha visto afectada por el colapso del sistema. En este sentido, explicó que hasta la fecha la llegada de asuntos a la Sección Primera, de lo Penal, ha disminuido entre un 60 y 65% y un 30% en lo Civil. Porcentajes que suponen una «ligera mejoría» respecto a los primeros meses de implantación, cuando llegó al 80% en Penal y al 60% en Civil, aunque atribuida a su juicio al esfuerzo del trabajo de los funcionarios. «El sistema no se regenera con eficacia y por tanto no ha cumplido su finalidad», agregó.
Para el presidente de la Audiencia Provincial, tanto la implantación de la Oficina Judicial como la reforma del Palacio de Justicia evidencian que la Administración «tiene como criterio no contar con los jueces». Respecto a la reforma de la sede del paseo de la Isla, «edificio al que no hemos podido acceder a pesar de haberlo solicitado», subrayó que aún desconoce la ubicación definitiva que tendrá la Audiencia Provincial, con sede en la calle San Juan. «Lo que más preocupación nos ha causado es que podíamos haber aportado cosas y se ha perdido una magnífica oportunidad. Nuestra voluntad era conocer y ayudar», sentenció.
Muestran su «indignación» ante las voces que les han acusado de obstaculizar el proceso. Señalan que el Ministerio les ha ninguneado de forma «consciente y premeditada»
Los jueces burgaleses se han sentido «abandonados» en el proceso de implantación de la nueva Oficina Judicial y acusan al Ministerio de Justicia de no darles de forma «consciente y premeditada» la oportunidad de participar en el proceso. Magistrados, secretarios, fiscales y procuradores participan entre ayer y hoy en un curso titulado ‘Los primeros meses de vida de la Nueva Oficina Judicial’, que dirige y organiza Francisco Javier Ruiz Ferreiro, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Burgos.
La jueza decana, Blanca Subiñas, quien señaló que el modelo tal como funciona ahora «no es exportable», atribuyó a la «poca participación de la carrera judicial en el proceso de implantación» parte de la culpa de su fracaso en estos primeros meses. María Luisa Miranda, titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 y encargada del Registro Civil se sintió «indignada» por las acusaciones de algunos colectivos acerca de la obstaculización de los jueces a la implantación. «Si algo ha funcionado ha sido precisamente gracias al trabajo de los magistrados y a las buenas relaciones que han tratado de entablar con el resto de colectivos», afirmó.
Francisco Javier Ruiz participó de esa misma indignación y recordó que el Ministerio, cuando a principios de octubre los jueces preguntaban cuándo se pondría en marcha la Oficina Judicial, «se negaban a dar ninguna fecha». Y luego comenzó a funcionar un 10 de noviembre.
Los tres jueces, junto a la directora del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP), Pilar Rodríguez, participaron en una de las mesas redondas celebradas ayer en el hotel NH, en la que se abordó el actual proceso de implantación de la Oficina Judicial así como el expediente digital y las futuras reformas.
En este sentido, Subiñas recalcó que el modelo se puso en marcha de forma «precipitada» y se mostró partidaria de una puesta en marcha «gradual» de los servicios comunes. La fase de implantación en que se encuentra actualmente «es de agotamiento», ha llegado al máximo. Y solo el expediente digital «contribuirá a evitar muchas de las deficiencias» de la Oficina Judicial, ya que con él se eliminarán los traslados físicos de expedientes desde los servicios comunes a las Unidades de Apoyo a los Jueces (UPAD), que son los que retrasan el procedimiento.
Personal escaso
La jueza decana de Burgos lamentó que la provisión de puestos de trabajo no fuera la más adecuada en la puesta en marcha del nuevo modelo. En concreto, subrayó la poca dotación de persona al SCOP, con tan solo 30 funcionarios, «cuando es el gran tramitador, el que realiza la labor desde la entrada de una demanda hasta la ejecución de la sentencia». Prueba de la escasez de recursos humanos en el servicio es que a finales de junio empezarán a trabajar en él 20 funcionarios más.
Con la modificación del modelo organizativo 256 funcionarios se han movido de su puesto de trabajo, «con lo cual los juzgados han perdido en especialización». Subiñas puso un ejemplo: «Hay trabajadores que han pasado toda su vida en Vigilancia Penitenciaria que han pasado a tramitar asuntos mercantiles o de familia, todo ello sin recibir la formación adecuada», se quejó.
Reclamó, asimismo, un servicio de información «eficaz» y una agenda de señalamientos «acorde a estos tiempos». Solicitó también que se dote a los jueces de un sistema que los mantenga vinculados a los servicios comunes, y reclamó que las UPAD se dediquen a la labor para las que fueron concebidas, el auxilio a los magistrados, y no a la tramitación.
Expertos judiciales han criticado este viernes en Burgos los "desajustes" y "defectos" de los que a su juicio adolece la Oficina Judicial, desde su implantación en noviembre de 2010.
Según ha explicado el presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, Miguel Carreras, los problemas se relacionan con el incumplimiento de los objetivos previstos como la optimización de los efectivos, la agilización de los procedimientos y la exportación del producto a otras ciudades.
En este sentido, ha señalado que no se ha cumplido la optimización de recursos planteada y que incluso ha habido que incrementar en 20 personas de refuerzo la plantilla, que la agilización prevista ha desencadenado en un "pantano" que ha originado numerosos retrasos y que la posibilidad de exportar el modelo de modernización se ha frenado en ciudades como Ceuta, Melilla o Palma de Mallorca, a consecuencia de los "desajustes" sufridos.
"La Administración de Justicia en Burgos era modélica y ahora está a la altura de otras ciudades", ha aseverado Carreras, antes de añadir que "pensábamos que el sistema estaba para funcionar y no para probarlo".
En relación a esto, ha asegurado que el sistema de modernización se basa más en el "voluntarismo" que en la "planificación", por lo que el "colapso" en las secciones penal y civil se deriva de este planteamiento.
Respecto a la situación de las obras del nuevo Palacio de Justicia de la capital burgalesa, ha asegurado que se desconoce el momento por el que atraviesan las ejecuciones y ha lamentado que el Gobierno no haya contestado a las comunicaciones remitidas para aportar ideas en la remodelación.
La Justicia de León estrenó ayer nuevo modelo con un pequeño colapso informático similar a los de Burgos
Momento de la inaguración de la nueva Oficina judicial en León
Las deficiencias no se han hecho esperar. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalaron la puesta en marcha de la Oficina Judicial en León a pesar de las recomendaciones lanzadas desde distintos ámbitos de la judicatura de que se demorara. Sin embargo, ayer en su día de inauguración la sede leonesa registró a primera hora de la mañana el primer error, el sistema informático se colapsó durante unos minutos.
El contratiempo se solventó rápidamente y sin que causara perjuicios mayores a funcionarios o ciudadanos que eran atendidos. Un fallo sin repercusiones que, no obstante, repite los mismos sufridos en Burgos, donde se han denunciado en repetidas ocasiones las deficiencias del sistema informático. De hecho, en base a estas quejas León inauguraba ayer la Oficina Judicial con una nueva versión del mismo supervisada por el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo. En su discurso, argumentó que «todo proceso de arranque tiene sus puestas en rodaje». Así, asumió que habrá fallos comprensibles y coherentes de acuerdo a una nueva práctica y que León se ahorrará tropezar en obstáculos que han trabado el camino de otras sedes y será al mismo tiempo experiencia de referencia en los próximos partidos judiciales en los que se implante el modelo, en los que se seguirán corrigiendo los errores «que salgan de aquí».
La Oficina Judicial de León integra a la totalidad de órganos judiciales de la ciudad, con una plantilla de 293 funcionarios, que en los últimos días han realizado un importante esfuerzo en el traslado de expedientes hasta las nuevas instalaciones para que el día de su puesta en marcha todo estuviera a punto. A partir de ahora, el sistema pasará por un periodo de adaptación de unos tres meses, tras los cuales alcanzará en rendimiento al resto de Oficinas Judiciales.
«La gran mimada»
La puesta en marcha de la segunda Oficina Judicial en la Comunidad da por cumplido un «empeño» del Gobierno, para el que Castilla y León es la «gran mimada», señaló Campo.
El nuevo sistema de gestión se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación para funcionar con criterios de agilidad, transparencia, eficacia, eficiencia en la racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión y coordinación entre Administraciones.
