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Ámbito no transferido. Recorte presupuestario en acción social y formación





Publicamos la hoja informativa sobre los nuevos recortes que el Ministerio de Justicia va a comenzar a aplicar en las partidas presupuestarias de Acción Social y Formación de los empleados públicos de la Administración de Justicia no transferida, tanto funcionarios como laborales, (y que ya se están anunciando en el resto de departamentos de la Administración General del Estado)



Nota informativa


Tras la denuncia de CCOO de más recortes en las AA.PP en las partidas presupuestarias de Acción Social y Formación, ahora también en la Administración de Justicia

EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONFIRMA QUE SE RECORTARÁ EL PRESUPUESTO PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES (FUNCIONARIOS Y LABORALES) DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


El Área de Formación del Ministerio de Justicia nos acaba de comunicar la suspensión sin fecha de la reunión convocada para el próximo lunes para la negociación del Plan de Formación de este año 2012 hasta conocer exactamente a cuánto alcanzará el recorte presupuestario en dichas partidas.

Y el motivo no es otro que lo que hemos anunciado esta misma mañana en una hoja informativa anterior: SE CONFIRMAN NUEVOS RECORTES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AHORA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN SOCIAL Y A LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El Ministerio de Justicia no ha podido confirmar a cuánto ascenderá dicho recorte, pero ya hemos conocido a través de la información de nuestros compañeros de CCOO en la AGE que éste será del 50% y en todos los departamentos ministeriales, y ha suspendido la reunión hasta conocer exactamente el presupuesto asignado, que, a tenor del ocultismo que está generando este gobierno con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y con el único dato conocido oficialmente de la reducción del 12,5% del gasto disponible en cada Ministerio según el cuadro macroeconómico para el 2012 aprobado en el consejo de ministros del 2 de marzo, no será otro que dicha reducción del 50%.

Esto supone un nuevo y grave atentado contra los derechos de los trabajadores como es el derecho a la formación y además supone un nuevo recorte encubierto de salario, pues la acción social se concibe como una retribución diferida del salario del empleado público.