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Hoja informativa de CCOO sobre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros





Hoja informativa del Sector de Administración de Justicia de CCOO sobre lo aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, que remitió el proyecto de LGPE 2012 a las Cortes Generales, aprobó también el Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo (BOE del sábado 31 de marzo) que incluye la amnistía fiscal a los defraudadores, la aprobación de nuevas tasas judiciales que ponen mucho más difícil la tutela judicial efectiva, y la subida de la luz y del gas, entre otras medidas.

Para CCOO en un primer análisis, estas medidas son injustas, no van a solucionar ninguno de los problemas que dicen intentan corregir y van, además, a crear una situación de rendición del gobierno ante los delincuentes.

Además, por su interés, os adjuntamos también el artículo del profesor Juan Torres sobre las medidas adoptadas por el gobierno.

La aprobación por el Gobierno de la amnistía fiscal para los grandes defraudadores a la Hacienda Pública, aquellos que han vaciado las arcas del Estado de manera intolerable y tenían hasta el Consejo de Ministros del viernes 30 de marzo de 2012 una enorme deuda económica y judicial con el Estado español, supone una violación de los derechos de los ciudadanos decentes que pagan sus impuestos religiosamente.

Y es una violación de los derechos de los trabajadores, que con sus impuestos contribuyen al mantenimiento del Estado Social y de Bienestar, porque el Gobierno con esta decisión está diciendo a las personas honestas que no pasa nada si los defraudadores no pagan los impuestos que les corresponden y de esa manera son parte de los responsables que gravemente contribuyen a que los servicios públicos de España se deterioren y estén en una situación muy complicada de financiación. Y esos defraudadores piensan, y el Consejo de Ministros les da la razón, que ya llegará el Gobierno y les permitirá a los que poseen grandes fortunas sin declarar a que regularicen su situación ilícita y penal, y aparezcan ante los ciudadanos decentes como personas inocentes, cuando son delincuentes de cuello blanco.

No es tolerable que el Gobierno haya vuelto a mentir y haya aprobado esta amnistía fiscal, cuando el Presidente del Gobierno, Rajoy, declaró lo contrario hace meses y en plena crisis económica: “Lo que España necesita no es una amnistía fiscal sino confianza en la política económica del Gobierno. No la vamos a apoyar porque los que pagan van a pagar más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Esperemos que esta sea la última ocurrencia."

Y en esa misma línea, la Presidenta de la Comunidad de Castilla la Mancha, y secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, declaraba también en plena crisis económica: “Claro que estamos en contra de una amnistía fiscal porque se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos que se les van a subir los impuestos y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía. Es tan injusto, tan antisocial y es tal barbaridad que el PP está en contra

Meses después, el Gobierno del PP aprueba un incremento del IRPF (BOE de 31 de diciembre de 2011) para los ciudadanos que pagan sus impuestos y una exoneración de sus deudas económicas (sólo pagarán el 10 % de lo que han dejado de declarar) y judiciales penales a los grandes defraudadores que coinciden en muchos casos con propietarios de grandes fortunas que sólo tienen como patria el dinero.

Y como expresa el profesor de análisis económico Juan Torres, “por mucho que estas amnistías puedan traer ingresos, representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quiénes estafan a la sociedad e incumplen las leyes

La aprobación por el Gobierno de una nueva subida escalofriante de las tasas judiciales, tasas que aprobó el Gobierno anterior, y que fue denunciado desde el primer momento por CCOO además de venir realizando acciones contra las mismas, viene a ser una vuelta de tuerca más contra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos reconocido en la Constitución española.

Esta medida se une a la anunciada reforma de Gallardón para impedir que los funcionarios podamos seguir defendiendo nuestros derechos laborales ante la jurisdicción contenciosa sin necesidad de abogado y procurador.

Entre las novedades que atentan aún más el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva se encuentra la imposición de tasas en segunda instancia también en la jurisdicción social


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