Reducción de partidos judiciales. Carta al ministro de Justicia

Carta al ministro de Justicia

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
MINISTRO DE JUSTICIA
C/ SAN BERNARDO Nº 45

Madrid, a 26 de abril de 2012

Son cuatro meses ya sin obtener respuesta alguna de Ud a las cartas y llamadas telefónicas remitidas por CCOO ni haber convocado la Mesa Sectorial de Justicia como así le hemos reclamado por diferentes medios, y CCOO, como sindicato más representativo de la Administración de Justicia, no vamos a dejar pasar ni un día más en hacerle llegar la inmensa preocupación de los más de 40.000 trabajadores de esta Administración, de la que Ud es su máximo responsable, en cómo se va a afrontar el futuro de nuestras condiciones laborales en medio de esta vorágine de medidas que va afrontar este ministerio y que vamos conociendo a través de los diferentes medios de comunicación y de sus diferentes comparecencias.

Comenzó su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia (25 de enero de 2012) mostrando una voluntad de diálogo y consenso con todos los operadores jurídicos en las reformas que ya anunciaba iba a emprender y hasta la fecha podríamos hacerle una relación exhaustiva de reuniones, todas ellas necesarias e imprescindibles, mantenidas por Ud con Consejeros de Justicia de CCAA, con el CGPJ, Asociaciones de diferentes profesionales de la Justicia (Jueces, Fiscales, Secretarios, Abogados, Procuradores…), Asociaciones de ciudadanos que buscan el amparo de su Ministerio en sus legítimos intereses, incluso Alcaldes, pero hasta la fecha, reitero, no ha mostrado el más mínimo interés en reunirse con aquellos que, día a día, con su trabajo y dedicación, hacen posible que durante décadas la Justicia en este país se haya podido impartir de la mejor manera posible, con más o menos medios, con más o menos reformas, con más o menos consenso.

No parece razonable por tanto, que el máximo responsable de este Ministerio no haya encontrado un momento en su apretada agenda para, rompiendo la tradición de todos sus antecesores en el cargo y de todos los colores políticos, tener una reunión con todos los representantes legales de esos trabajadores y el marco adecuado para ello es la Mesa Sectorial de Justicia. Su premeditado “olvido” hacia este colectivo e incluso las manifestaciones contra la dignidad de los empleados públicos vertidas expresamente por Ud aludiendo a unos falsos privilegios y por otros Altos Cargos de su Gobierno no ayudan a mantener ese equilibrio necesario de respeto en toda relación laboral.

Hoy más que nunca se hace necesario no solo una simple disculpa sino un reconocimiento expreso y público de la importante labor que, a veces en condiciones lamentables reconocidas por Ud mismo como una pésima imagen de la Administración de Justicia, ejercen los trabajadores y trabajadoras de esta Administración.

No vamos a entrar al detalle de los numerosos problemas pendientes, algunos de ellos trasladados también al Director General de Relaciones de la Administración de Justicia el pasado 19 de enero y del que no obtuvimos respuesta alguna, pero sí nos vamos a atrever a volver a incidir en, al menos, algunos de los asuntos de vital importancia que se propone afrontar y que va a tener consecuencias directas para ciudadanos y trabajadores de esta Administración.

Partimos del principio compartido plenamente de la necesidad de “identificar la Administración de Justicia… como un eficiente servicio básico del Estado en el que confíen los ciudadanos de nuestro país”.

CCOO viene reclamando hace años reformas en la Administración de Justicia para garantizar un respuesta rápida y eficaz a las demandas de los ciudadanos. Pero, la más urgente y necesaria, la modernización de las instalaciones y aplicaciones informáticas o la implantación generalizada de las nuevas tecnologías de la comunicación, sigue pendiente y la implantación de la nueva oficina judicial no ha cubierto, ni mucho menos, el objetivo previsto.

En cualquier caso, CCOO no puede compartir las políticas que tienen como finalidad recortar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y modificar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores. Y ello es lo que ocurre con algunas de las medidas ya aprobadas, y proyectos de reforma que pretende impulsar este Ministerio y que vamos conociendo a golpe de prensa, CCOO creemos que su contenido no es coherente con el anterior principio, más aún, va en contra del mismo.

En concreto,

1º) El proyecto de modificación de la Planta Judicial presentado por el CGPJ que, si finalmente fuera aprobado por el Gobierno, supondría una reducción del 50% de los partidos judiciales actuales, pasando de 431 a 199, supone un retroceso sin precedentes en la Administración de Justicia y un profundo ataque a los derechos de los ciudadanos a los que se les ponen cada vez más dificultades para acceder a los servicios públicos, pero también sería - junto con el resto de las medidas que el ministro de Justicia va anunciando muy dosificadamente- una agresión en toda regla a los derechos de miles de trabajadores ya que las reformas buscan fundamentalmente, con la excusa de la de la crisis económica, reducir los gastos en la Administración de Justicia a costa de las plantillas así como una modificación sustancial de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores.

2º) La posible aprobación e imposición de las tasas judiciales, extendiéndolas a las personas físicas y en casi todas las jurisdicciones, la rechazamos frontalmente pues se justifica su medida en un “supuesto” abuso en el acceso a los órganos judiciales y un medio de disuasión. Para CCOO, no puede hablarse de igualdad ante la ley poniendo dificultades sólo a los que menos tienen. CCOO denuncia que ésta medida perjudica gravemente a la mayoría de ciudadanos que, pese a tener fundamentos jurídicos para recurrir a la Administración de Justicia, pueden verse obligados a no hacerlo porque su situación económica no se lo permita. La medida, en cambio, sí permitirá que personas con más recursos, bancos, compañías, grandes empresas, o incluso la propia Administración (en los procedimientos en los que es parte), dilaten indebidamente (y hasta el límite de lo permitido) un proceso para intentar lograr el reconocimiento de sus pretensiones.

3º) Desde CCOO manifestamos que la Administración de Justicia ha de tratarse, porque así lo es, como un Servicio Público Básico para los ciudadanos, por lo que la principal apuesta que el Ministerio de Justicia debe realizar es precisamente una política de apoyo al empleo público en esta Administración que contribuya al crecimiento económico y al sostenimiento y calidad de los servicios públicos como instrumento de cohesión e integración social. Por lo tanto, la decisión de este Gobierno de congelar la OEP en todos los Cuerpos para este año 2012 y probablemente para el que viene, es una decisión absolutamente irresponsable y que no puede justificarse en un recorte de gasto, pues es por todos conocido que existen miles de plazas susceptibles de ser ofertadas a empleo público y a un coste inferior del que actualmente suponen, plazas que, por supuesto, son absolutamente necesarias si efectivamente queremos conseguir una Administración de Justicia eficiente, lejos de proyectos que podrían suponer amortización de plantillas como el de la supresión de partidos judiciales, Tribunales de instancia, aplicación de la nueva Ley de Registro civil, ….

La convocatoria de OEP para el año 2012 para todos los cuerpos de la Administración de Justicia es un clamor entre todos los operadores jurídicos y su inclusión en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado es una decisión política que avalaría sus declaraciones de acabar con una imagen de la Administración de Justicia de dependencias judiciales agobiadas por la proliferación de expedientes, la congestión en los juzgados y tribunales, la demora de los pleitos y los retrasos e incidencia en la ejecución de las resoluciones judiciales

Estas son sólo algunas de las cuestiones trascendentales que CCOO quiere trasmitirle a Ud o a los máximos responsables de este ministerio en una Mesa Sectorial de Justicia cuya convocatoria volvemos a solicitar con carácter urgente y sin cuyo compromiso no podemos dar crédito a sus propias palabras de intenciones de consenso y diálogo con todos los operadores jurídicos, entre ellos, por supuesto, los más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia.

Atentamente,

Flora Martínez García

Secretaria Gral. del Sector de la Administración de Justicia de CCOO

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