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| El consejero de Presidencia, Leandro Esteban. / Ana Pérez Herrera (EFE) |
Publicado en www.elpais.com.
Los sindicatos, reunidos en la mesa sectorial, acusan al Ejecutivo regional de "actitud dictatorial".
El goteo de despidos en la Junta de Castilla-La Mancha continúa. Después de que, según fuentes sindicales, unos 15.000 funcionarios interinos se fueran a la calle en el último año, la mayor parte en los sectores de Educación y Sanidad, el Gobierno de Dolores de Cospedal pretende despedir al 80% de los interinos restantes de la Junta, según una instrucción de la Dirección General de la Función Pública regional a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El 11 de julio pasado, el Director General de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, dictó una instrucción que prevé la amortización de cerca de 700 puestos de trabajo de funcionarios interinos, un 80% del total. Días después el Consejero de Administraciones Públicas y portavoz regional del Ejecutivo, Leandro Esteban, lo desautorizó en público, pero en la mesa de negociación con los sindicatos que se reunió el día 23 de julio, De la Fuente comunicó que Esteban le había dado orden de seguir adelante con la reducción de plantilla.
La instrucción 5/2012, sobre medidas para la racionalización y reducción del gasto en materia de empleo público especifica que "cada consejería y organismo autónomo deberá amortizar el 80% de los puestos de trabajo vacantes de su consejería u organismo que, a fecha de 16 de julio de 2012, estén ocupados por personal funcionario interino".
Hoy los sindicatos y la Junta se reúnen desde el mediodía en la Mesa de Negociación. Han acudido UGT, CCOO y el sindicato de trabajadores de la Administración, STAS. Declinó la participación en la mesa el CSI-F por considerar que "se puede hacer bastante poco". El resto de los representantes de trabajadores han tachado la negociación de "pantomima" y "farsa" y acusan al Gobierno de "actitud dictatorial" por no admitir ninguna propuesta. Gustavo Fabra, del SATS, aseguró que el gobierno regional prevé más amortizaciones de puestos porque, sostiene el Ejecutivo, “hay un exceso de empleo público”.
La supresión del 80% afectará a todos los departamentos y provincias de Castilla-La Mancha, según denuncian los sindicatos, y algunos despidos entrarán en vigor desde mañana. El viernes, al menos 32 trabajadores de la Consejería de Agricultura tuvieron constancia de su futuro despido tras aparecer como “cesados” en la página interna de acceso exclusivo para los empleados públicos. Como figuraba allí, su despido se haría efectivo el 21 de agosto, un día después de la reunión de la mesa sectorial. Esta misma tarde, Juan Manuel de la Fuente ha anunciado a los sindicatos la intención de publicar mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) donde se anuncia la supresión de las plazas. Los despidos serán entonces efectivos.
Por esta razón, los sindicatos defienden que la Junta no tiene voluntad negociadora y aseguran que impugnarán judicialmente los despidos por considerarlos “fraude de ley”.
En agosto de 2011, tras haber ganado el Partido Popular las elecciones a la Junta de Castilla-La Mancha, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció un recorte de cerca del 20% de los Presupuestos Generales de la región para 2012 .El Ejecutivo manchego pretendía ahorrar entonces 1.815 milllones de euros entre 2011 y 2012
En diciembre de 2011, Cospedal concretó las medidas de este plan en lo era, hasta entonces, el mayor recorte a funcionarios que había llevado a cabo un Gobierno del PP. El viernes 2 de diciembre la propuesta de agosto aumentó en 350 millones a partir de 2012. El programa, que ascendía entonces a 2.165 millones, representaba el 25% del presupuesto de la comunidad. Entre las medidas más destacadas estuvo la elevación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y la reducción en un 3% bruto el sueldo de todos los empleados públicos. Además, y pese a haber descartado tal posibilidad, en agosto la Junta preveía reducir el déficit mediante, entre otras medidas, la subida de impuestos. Se verían así afectados los precios de los hidrocarburos, el tramo autonómico del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el llamado canon eólico, entre otros.
A mediados de mayo de este año, y para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%, fijó un plan de ajuste que preveía recortes sociales muy duros. Según reveló el plan de ajuste que presentado al Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo de Dolores de Cospedal debía reducir sus gastos en 1.556 millones de euros, y de ellos casi 850 millones corresponderían al tijeretazo que efectúa en los servicios públicos.
El grueso del recorte que plantea el nuevo plan de ajuste irá a parar a la sanidad pública, que pierde casi 540 millones de euros. Además, "se plantea la colaboración público privada como una estrategia a largo plazo orientada a garantizar la viabilidad de nuestro sistema sanitario público", según el documento. Los sindicatos aseguran que esta tarde el director general de la función pública, ha expresado que "los servicios sociales hay que pasarlos a manos privadas a medio plazo".
Este mismo agosto Castilla-La Mancha ha reducido también los equipos que trabajan en el sistema de la dependencia en un 57%. En total se destruyeron 104 puestos de trabajo vinculados al ámbito de los servicios sociales. "Ya nos advirtieron de que no se iban a mover de esta posición, pero teníamos esperanza de que el Gobierno entendiera que esto es un ataque frontal a los servicios sociales", dijo entonces a Efe Ramón González, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.
Publicado el 20/08/2012 en www.elpais.com
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