Publicado en http://www.lavozdegalicia.es/
Los profesionales celebrarán el viernes juntas, por primera vez de forma conjunta, para decidir medidas de presión
La semana que entra comienza oficialmente el curso judicial, que este año se presenta como uno de los más movidos de la historia reciente de este país. La cuenta atrás comenzará el martes a las 12 de la mañana en el salón noble del Tribunal Supremo con el solemne acto de apertura del año judicial. Los discursos correrán por cuenta del fiscal general del Estado y del nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Es más que probable que sean amenizados desde el exterior, desde los jardines de la Plaza de la Villa, por una ruidosa manifestación de funcionarios judiciales.
El eco de esos discursos en los oídos del Gobierno se convertirá en el referente de los diferentes cónclaves judiciales convocados para tres días más tarde a lo largo y ancho del territorio español, a los que por primera vez acudirán de forma conjunta jueces y fiscales. No se espera que vayan a calmar los ánimos, pero sí pueden servir para atizar el fuego.
Convocatoria conjunta
La convocatoria fue lanzada por una comisión de jueces y fiscales que a mediados del pasado mes de julio hizo público un durísimo comunicado conjunto contra las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que le exigían que las paralizase.
El programa de medidas de presión que puede salir de esas juntas del viernes, según anticiparon, será gradual. Podría empezar con concentraciones en las puertas de las sedes judiciales, seguir con suspensiones de señalamientos y juicios acabar con paros parciales.
La convocatoria de una nueva huelga, como la que le montaron el 18 de febrero del 2009 al ministro socialista Fernández Bermejo, que fue secundada por un 25 % de los jueces y que no contaba con el respaldo de la asociación mayoritaria, será «el último recurso». Las distintas fuentes judiciales consultadas no la descartan, pero la ven como poco probable, al menos de momento. «Hay que seguir acumulando agravios, pero lo que vaya a salir de las juntas del día 21 es imprevisible», señaló un cualificado directivo de una de las asociaciones de jueces convocantes.
Las mismas fuentes han reconocido que los ánimos están un poco más tranquilos que hace un par de meses, cuando, aprovechando la crisis provocada en el seno del CGPJ por el escándalo de los viajes de Carlos Dívar, Ruiz Gallardón lanzó el órdago de la reforma del órgano de gobierno de los jueces con el que consiguió una reacción unánime sin precedentes en el seno del mundo judicial.
Más trabajo y menos sueldo
La ofensiva reformista del exalcalde madrileño, que se interpretó casi de forma unánime como un ataque directo a la independencia judicial, no hizo más que colmar la paciencia de un colectivo que tiene la consideración de tercer poder del Estado y que se siente especialmente agraviado porque ha visto incrementar día día su carga de trabajo para paliar las carencias de una administración judicial obsoleta, mientras el Gobierno de turno le rebaja los sueldos, como al resto de los funcionarios. El otoño judicial caliente está a punto de empezar.
Moliner, firme pero dialogante
Una de las principales novedades que registra el agitado panorama judicial desde que estalló la crisis es la llegada a la presidencia del CGPJ de Gonzalo Moliner. El sustituto de Carlos Dívar, que lograron consensuar mayoritariamente los 20 vocales del Consejo, paradójicamente contra la voluntad de equipo ministerial que dirige Gallardón, es un magistrado con un claro perfil progresista, con talante dialogante, pero con criterio propio, que no va a refrendar de forma incondicional las iniciativas que lleguen del misterio. La pérdida de poder en el seno del Consejo del núcleo duro liderado por Margarita Robles y Manuel Almenar también ha contribuido de forma determinante a la reanudación del diálogo.
Tres temas abiertos conflictivos
La reforma del CGPJ, el gran caballo de batalla, se juega a tres bandas
De la interminable batería de reformas judiciales lanzadas por Alberto Ruiz-Gallardón desde su llegada a Justicia hay tres que son las más conflictivas y las que, según fuentes judiciales consultadas, pueden llegar al Congreso la próxima primavera.
Ley Orgánica del Poder Judicial.
De cumplirse los compromisos electorales del actual Gobierno, incluiría como principal cambio la elección de los vocales del Consejo por los jueces y no por el Congreso, como ocurre tras la reforma de 1985. A este cambio se opone radicalmente el primer partido de la oposición, por lo que Gallardón ya ha recogido velas y está dispuesto a ceder en eso a cambio de un apoyo al grueso de la propuesta del comité de expertos que incluye una reorganización interna del Consejo, que quedaría con un número reducido de vocales con dedicación exclusiva. Este proyecto tropieza con el rechazo generalizado de la judicatura, que entiende que vaciaría el CGPJ de sus principales competencias y lo convertiría en un negociado más del Ministerio de Justicia. Por eso, la negociación ha de ser a tres bandas
Ley de planta. Incluirá una reducción drástica del numero actual de partidos judiciales. Si la propuesta que en tal sentido lanzó hace meses el Consejo provocó un gran rechazo entre los funcionarios y los ayuntamientos afectados, la nueva que baraja la comisión de expertos del ministerio es todavía más radical, ya que prevé la concentración de los órganos judiciales en las capitales de provincia o en grandes núcleos de población. El bálsamo que prepara Gallardón para calmar los ánimos entre los potenciales damnificados es convertir las actuales cabezas de partido judicial en juzgados de proximidad para temas menores.
Ley de Enjuiciamiento Criminal. El punto más conflictivo que tendrá que abordar es el del pase de la instrucción del juez al fiscal. Para amortiguar sus efectos, podría ser aprobada el año que viene con un período de vacatio legis -aplazamiento de la entrada en vigor- de varios años.
Publicado el 16/09/2012 en http://www.lavozdegalicia.es
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