El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se supera cada día y no precisamente para bien. Y mira que parecía difícil.
Esta semana, la comisión interasociativa de jueces y fiscales -que agrupa a siete asociaciones de todas las tendencias y que por ello nunca antes habían estado de acuerdo en casi nada- ha rechazado públicamente al ministro como interlocutor válido y ha reclamado una reunión urgente con el presidente del Gobierno, que parece que no tiene otros problemas que ocuparse de los desaguisados que le cocina su ministro de incendios innecesarios.
Gallardón, que dirime una dura pugna con su colega de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert sobre visibilidad negativa de sus actuaciones, parece asimilarse a su compañero de Gabinete en que es como un toro y se recrece en el castigo (si el guiñol de Jesulín de Ubrique levantara la cabeza iba a hacer el agosto). Por si la situación no fuera suficientemente complicada para sus intereses, Gallardón declaró el otro día que habían sido los propios jueces los que habían solicitado que se aprobaran tasas judiciales disuasorias para reducir las cargas de trabajo de los juzgados y tribunales y que era lógico que los magistrados estuvieran enfadados con él -y que por ello le criticaran-, porque les había quitado días libres y la paga extra de Navidad.
Gallardón debería saber, y si no lo sabe debería fusilar a todos sus asesores, que las tasas abusivas que ha implantado configuran una justicia para ricos, que la medida vulnera la tutela judicial efectiva, por lo que es de dudosa constitucionalidad, y que no va a ahorrar trabajo en las primeras instancias, donde hay más atasco, sino en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Así que no son ni los días libres, ni la paga extra, aunque supongo que también ayuda, ni son solo los jueces y fiscales, puesto que también están en pie de guerra todos los abogados, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, y los secretarios judiciales. Le han hecho un paro de una hora, con pancartas en todas las sedes judiciales y le amenazan con una huelga en enero de 2013. Ni Homer Simpson, cuando dice que todos están equivocados menos él.
Pero con ser todo ello un incendio bastante descontrolado que merecería muchísima más atención por parte de algún periodista que no estuviera en el paro, sobre lo que realmente hoy quería llamarles la atención es sobre la política de indultos del Gobierno de turno cuyo brazo ejecutor es el ministro de Justicia.
¿Sabían que en el pasado este departamento recibía el nombre de Ministerio de Gracia y Justicia?, precisamente por las medidas de gracia, que eran los indultos, aunque quizá alguien pensó que tenían poca gracia y abrevió la denominación.
Aunque los indultos proceden de las prerrogativas regias de las monarquías absolutistas, su único sentido en los estados democráticos es corregir aquellas penas que resultan desproporcionadas por la pura aplicación de las leyes. De hecho, en muchas ocasiones, los tribunales recomiendan el indulto en la propia sentencia porque la condena mínima a aplicar al caso sigue siendo demasiado elevada para el delito cometido. Es decir, que el principio que debe regir en los indultos no es el de la arbitrariedad del Ejecutivo al perdonar a políticos corruptos del partido gobernante, sino de resolver situaciones que han devenido injustas, aplicando criterios de justicia y equidad.
Hace poco más de una semana, el departamento de Gallardón se lucía al indultar por segunda vez a cuatro mossos d’esquadra condenados a cuatro años y seis meses por torturas. Los cuatro agentes habían confundido a un ciudadano rumano con un atracador y tras detenerle violentamente, le golpearon y amenazaron, simulando que lo iban a matar. Solo pararon cuando les indicaron que su actuación estaba siendo grabada. El detenido perdió su trabajo como consecuencia de la detención, a pesar de que fue puesto en libertad cuando se advirtió el error.
Pues bien, a pesar de los informes contrarios de la Audiencia de Barcelona y de la Fiscalía, Justicia perdonó dos veces consecutivas a los agentes, para evitar que ingresaran en prisión. La medida de gracia fue contestada por 200 jueces que la calificaron de “grosera” e “impropia de un Estado de derecho”, por lo que supone de dinamitar la separación de poderes.
Ahora, el mismo departamento que indultó a los policías ha denegado el perdón a David Reboredo, un ex toxicómano rehabilitado que ha tenido que ingresar en la cárcel de A Lama (Pontevedra) a cumplir siete años de prisión a los que fue condenado por vender en 2006 y 2009 dos papelinas de heroína. Lleva dos años desenganchado de la droga y varias asociaciones apoyan su reinserción y han realizado manifestaciones en su favor. Justicia, sin embargo, alega que no puede conceder el perdón porque Reboredo tiene antecedentes por pequeños hurtos que cometió para pagarse la droga.
Si la finalidad de la pena es la reinserción del condenado en la sociedad y Reboredo está reinsertado ¿no está el indulto precisamente para estas situaciones?
Y al final, ustedes se preguntarán: ¿cuál es el mensaje? ¿Mano dura para todos, menos para algunos, que son amigos o tienen poder? ¿Tranquilos policías que si os excedéis al reprimir manifestaciones como la de Rodea el Congreso y partís la cabeza a un indignado, aunque los jueces os condenen, el Gobierno del PP tenderá el manto de impunidad del indulto?
El ministro va a tener que esforzarse para hacerlo mejor –peor, es realmente difícil- y recuperar aquella imagen de filoprogresista en un partido conservador, porque, como decía la magnífica abogada matrimonialista Concha Sierra, “cambiar de tumbona en la cubierta del Titanic, no te libra del iceberg”.
Publicado el 17/12/2012 en www.elultimorecurso.es
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