El anteproyecto de ley de reforma integral de los registros civiles, del que os hemos venido informando desde hace semanas, es uno de los ataques más graves contra los derechos de los trabajadores de la Administración de justicia y de los ciudadanos, ataque que no podemos ni vamos a tolerar.
Que el Gobierno tenga la desvergüenza de pretender convertir un derecho obligatorio y fundamental de los ciudadanos en otra fuente de ingresos de grupos privados, con claras y directas conexiones con intereses de miembros del Gobierno, es un ataque al Estado de Derecho ante el que CCOO no va a permanecer de brazos cruzados (recordamos nuevamente, que entregar los registros civiles a la gestión privada de los registradores de la propiedad y mercantiles, cuando los máximos responsables de la Dirección General de los Registros y del Notariado y el propio Presidente del Gobierno, que son los que otorgan ese traspaso de la gestión pública a la privada, son registradores, sería en cualquier país democrático del mundo una tropelía que llevaría a estas personas a ser investigadas por si de sus actos se dedujeran responsabilidades graves o muy graves, incluso del orden penal).
Ese anteproyecto de Ley de reforma integral de los registros civiles, si finalmente no logramos detener su aprobación, constituye para CCOO no sólo la privatización de un servicio fundamental y obligatorio para los ciudadanos, sino que constituye un paso más, de enorme gravedad, en la dirección de desmantelar el Servicio Público de la Justicia como derecho básico e imprescindible del Estado Social y de Derecho.
Junto a la Ley de Tasas Judiciales, que impide el acceso a la Administración de Justicia a los ciudadanos con menos recursos (se estima que más del 60% de las personas que tengan que realizar una reclamación judicial, no podrían hacerlo, a partir de la entrada en vigor el pasado lunes, 17 de diciembre, por falta de medios), el anteproyecto de reforma de los registros civiles que será aprobado en Consejo de Ministros próximamente, u otros proyectos que ya se anuncian como la privatización de las notificaciones o ejecuciones de sentencias, representan el cambio radical de modelo de la Justicia, convirtiéndola en un reducto para los intereses privados y reservada solo para una exigua minoría de la población española.
De la misma forma que desde el 4 de diciembre, pusimos en marcha una campaña de recogida de firmas entre trabajadores, profesionales y ciudadanos por la defensa del Servicio Público de la Justicia y para exigir la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y la retirada de todos los proyectos que, como el anteproyecto de reforma de los registros civiles, pretendan convertir la Justicia en un negocio, desde CCOO proponemos al resto de sindicatos de la Administración de Justicia y a los trabajadores intensificar, a partir del 8 de enero, la movilización e iniciar una campaña de Asambleas en los registros civiles y en el resto de órganos judiciales para conseguir el máximo seguimiento en las movilizaciones, sin descartar las más contundentes, para defender los registros civiles de su privatización y para garantizar los miles de puestos de trabajo en riesgo con este proyecto.
