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Opinión

El Gobierno vuelve a incumplir su programa y mantiene la elección parlamentaria del CGPJ

Publicado en www.publico.es

gallardon-santamaria

Gallardón acusa a las asociaciones de jueces de politizar la justicia y les resta poder en la preseleción de candidatos al Consejo

El Gobierno culminó este viernes un nuevo incumplimiento de su programa electoral al mantener la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, y de paso dió una nueva coz a las asociaciones de jueces, con quienes el ministro Ruiz-Gallardón mantiene un durísimo enfrentamiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia defendió que la reforma del Consejo General del Poder Judicial aprobada este viernes por el Gobierno no supone incumplir el programa del PP, pese a que es una evidencia que el Ejecutivo lo ha hecho: prometió que los 12 vocales de procedencia judicial los elegirían de forma directa los jueces, y la propuesta legal deja la designación en el Parlamento, que la tiene atribuida desde 1985.

Pero el ministro interpreta que la promesa del PP era en favor de la "despolitización de la justicia", y cree que el proyecto lo consigue al restar poder a las asociaciones de jueces en la preselección de candidatos y abrir esa fase a los jueces no asociados, que son la mitad de la carrera.

Gallardón cree que hay una forma de politización de la justicia que no procede de la interferencia de los partidos políticos en ese mundo, sino que viene de las asociaciones, a quienes culpó de haber acaparado las designaciones de altos judicatura en los últimos años, dejando fuera a los jueces no asociados.

Pese al clamor entre los jueces contra su gestión, el ministro cree que este proyecto de reforma será bien recibido porque garantiza la independencia del poder judicial y sigue la línea de austeridad que marca la crisis económica. En ese sentido, insistió en que las asociaciones de jueces, a las que escuchará en la tramitación del anteproyecto, no son la única voz en la justicia, por lo que también hablará con magistrados del Supremo, o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia. Como colofón de sus ataques a las asociaciones, subrayó que éstas defienden a sus asociados, mientras que el Gobierno se preocupa además de todos los ciudadanos, es decir, del interés general.

La reforma aprobada, que ahora se remitirá para informe al propio Consejo del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado, no es fruto de un pacto previo con el PSOE, aunque Gallardón considera que sus aspectos esenciales serían respaldados por el que está siendo desde verano su interlocutor del proyecto dentro el PSOE, que es el exministro del Interior y fiscal Antonio Camacho. En cualquier caso, espera que obtenga el aval del principal grupo de la oposición y de otros partidos.

El cambio del sistema de elección del Consejo era una reclamación de la principal asociación de jueces, la APM, pero es rechazada por el PSOE. Ruiz-Gallardón, actualmente muy distanciado de la APM, ha presentado un Anteproyecto que deja la elección final de los 20 vocales a quien ya la tiene asignada desde 1985, es decir, al Congreso y al Senado, lo que allana un acuerdo con los socialistas.

El texto legal introduce un mecanismo previo en el proceso de selección de los vocales que resta poder a las asociaciones de jueces, ya que pretende abrir el órgano de gobierno al 50 por ciento de los magistrados, que no están asociados.

Así, podrá ser candidato a las 12 plazas judiciales cualquier juez que tenga el aval de otros 25 compañeros en activo, o de una asociación judicial, que podrán respaldar a un máximo de 12 aspirantes. El presidente del Supremo remitirá la lista de candidatos al Parlamento para que sean elegidos los vocales, y se tendrán en cuenta en la elección que los no asociados son la mitad del colectivo.

Además, el Gobierno propone que los vocales con dedicación exclusiva sean sólo 7 de los 20, incluido el presidente del Supremo, mientras que los otros 13 sigan desempeñando sus empleos habituales y sólo cobren dietas. Para evitar que haya vocales de primera y de segunda, los 20 se irán turnando anualmente, de modo que todos ellos estarán durante su mandato un tiempo en la Comisión Permanente, que agrupará a los consejeros de dedicación exclusiva.

El texto restringe las competencias del Consejo a las que expresamente le atribuye la Constitución en su artículo 122, mientras que establece limitaciones a su actividad internacional, a la potestad reglamentaria y al ámbito presupuestario.

La reforma mantiene la mayoría reforzada de tres quintos que requiere el Consejo del Poder Judicial para elegir a su presidente, aunque rebaja ese requisito para otros nombramientos, reformando la norma que aprobó el Gobierno de Zapatero en sus inicios para conseguir minorías de bloqueo a los nombramientos de un Consejo entonces dominado por mayoría simple por los consejeros afines al PP. Además, establece que el Consejo tenga un vicepresidente y el Tribunal Supremo, otro.

El fututo CGPJ sólo tendrá cuatro comisiones: la Permanente, que aglutinará las asignadas a las comisiones eliminadas; la Económica; la de Igualdad; y la Disciplinaria, a quien hará propuestas una figura de nueva creacion denominada promotor de la acción disciplinaria.

Es decir, desaparece como tal la Comisión de Estudios e Informes, tradicional 'dolor de cabeza' de los gobiernos con sus dictámenes sobre los anteprotectos de Ley, asumiendo sus competencias la Comisión Permanente.

El Pleno, con los 20 vocales más el presidente, tendrá funciones de nombramiento de magistrados del Supremo y de separación del servicio de jueces por motivos disciplinarios, entre otras, dejando a la Comisión Permanente la gestión cotidiana.

El Gobierno ha adelantado esta reforma porque quiere que esté en vigor para el proceso de renovación del Consejo que debe realizarse en septiembre de 2013.


Publicado el 2171272012 en www.publico.es

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