Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales en el tercer trimestre 2012

Los concursos de acreedores presentados en los juzgados de lo Mercantil aumentaron un 26,7% durante el tercer trimestre de 2012, hasta alcanzar los 2.306 concursos. Los procesos por despidos crecieron un 34% (38.384 demandas) y las ejecuciones hipotecarias se incrementaron en un 30% (9.324 ejecuciones iniciadas en el tercer trimestre).

Enlace

Vía: CGPJ

El Gobierno vuelve a incumplir su programa y mantiene la elección parlamentaria del CGPJ

Publicado en www.publico.es

Gallardón acusa a las asociaciones de jueces de politizar la justicia y les resta poder en la preseleción de candidatos al Consejo

El Gobierno culminó este viernes un nuevo incumplimiento de su programa electoral al mantener la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, y de paso dió una nueva coz a las asociaciones de jueces, con quienes el ministro Ruiz-Gallardón mantiene un durísimo enfrentamiento.

Moliner prevé "un deterioro judicial" por la supresión de los jueces sustitutos

Publicado en www.elidealgallego.com

Así lo ha expuesto Moliner al presentar la Memoria del Poder Judicial de 2011 en la que ha sido su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso desde su elección en julio tras la dimisión de su antecesor Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes en fin de semana.

Aunque la mayor parte de las cifras que ha ofrecido son de 2011, también ha dado datos de este año, en el que se ha reducido un 3,05 por ciento el número de asuntos que entraron en los juzgados.

Sin embargo, ha matizado que en los asuntos computados no figuran ni los procesos monitorios, ni las ejecuciones hipotecarias, que han incrementado "notablemente" (52,36 % los procesos monitorios y 134,13 % las ejecuciones hipotecarias reales), así como un 24,66 los despidos.

A la luz de estos datos ha explicado que, por tanto, no ha descendido la litigiosidad, "sino que se ha modificado la calidad de la misma, siendo sorprendente el incremento de las ejecuciones hipotecarias" con "la consiguiente creación de un conflicto social".

Moliner augura "penuria" al no ser posible el aumento de la plantilla de jueces

Publicado en www.europapress.es

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el número de asuntos que tienen que resolver los jueces y magistrados "excede de sus posibilidades por mucho que dediquen a ello sus esfuerzos", por lo que es necesaria la creación de nuevas plazas.

Los juicios descienden más de un 10 % en Galicia en el último año

Publicado en www.lavozdegalicia.es

La comunidad lidera junto con Aragón la bajada en el índice de litigiosidad

Alberto Ruiz-Gallardón defiende que las nuevas tasas judiciales servirán como instrumento disuasorio, una criba para reducir los conflictos que llegan a los tribunales. Se supone que con su aplicación descenderá el índice de litigiosidad, el número de casos por habitante. Habrá procesos que, desde el punto de vista económico, no será rentable iniciar. Pero la crisis tiene sus propios mecanismos de recorte. El deterioro de la situación económica ha provocado que se disparen procesos como los laborales, pero las cifras del 2012 caen rompiendo una tendencia al alza que había durado ocho años. Los últimos datos oficiales reflejan que en Galicia hay 160.000 asuntos en trámite. Todas las comunidades excepto Navarra registraron descensos en el último año y el de Galicia está entre los más acusados, con un 10,5 %, solo superada por Aragón, que baja un 13,5 %.

Los retrasos del Poder Judicial libran a un juez de Lorca de una sanción

El CGPJ impuso una multa de 300 euros al magistrado por tardar más de un año en dictar una sentencia, pero el Supremo la anula por dilaciones en el trámite

Consejo General del Poder Judicial

Publicado en http://www.laverdad.es

El retraso con el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tramitó el expediente disciplinario abierto al juez de lo Penal número 1 de Lorca, José Luis García Fernández, por retraso injustificado en sus juzgado, le ha librado de la sanción de 300 euros que se le impuso.

Dívar renuncia a la indemnización de 208.243 euros

Publicado en www.publico.es

El expresidente del Consejo General del Poder Judicial, que dimitió en junio, cobrará solamente su pensión de jubilación, que asciende a algo más de 2.000 euros mensuales.

El expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Carlos Dívar, que dimitió de su cargo el pasado 21 de junio tras conocerse que habría cargado a este órgano parte del coste de varios viajes de fin de semana, ha presentado este lunes un escrito renunciando a cobrar laindemnización por valor de 208.243 euros que le correspondía por su condición de exalto cargo del Estado.

Fuentes del Consejo han señalado que la petición será estudiada en la Comisión Permanente que está prevista mañana, donde se tomará conocimiento de este escrito y previsiblemente se pedirá a Hacienda que deje sin efecto la ampliación de crédito que se había solicitado para hacer frente a la indemnización.

Además, el CGPJ también pedirá al Erario Público que haga ya efectivo el cobro por Dívar de su pensión de jubilación, a la que había renunciado durante dos años para poder optar a la indemnización fijada por la ley para los altos cargos. Con esta decisión, Dívar cobrará algo más de 2.000 euros mensuales, según las mismas fuentes.

No cobraba desde junio

Hasta este momento el Ministerio de Hacienda tenía pendiente responder al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ampliación del crédito necesario para hacer frente a la indemnización de 208.243 euros que había solicitado Dívar. Esta respuesta de Hacienda era necesaria para que el Consejo pudiera abordar el asunto en el Pleno del próximo día 20, lo que presentaba relativa urgencia ya que Dívar no cobra desde junio.

Dívar recibía una cantidad de 130.152 euros brutos al año como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, de lo que habría cobrado su parte correspondiente hasta su dimisión, el pasado 21 de junio. En su calidad de exalto cargo, tendría derecho a percibir una indemnización del 80% de sus retribuciones durante un plazo máximo de 24 mensualidades, a razón de 8.676 euros por mes, tras lo cual pasaría a recibir su pensión por jubilación. Dívar optó personalmente por esta opción al solicitar su indemnización, lo que suponía la no percepción de su pensión por jubilación hasta dentro de dos años.

Hernando también cobró

Fuentes del Consejo esperaban la pronta respuesta de Hacienda, pues la ampliación del crédito no suponía ningún incremento extra para el Consejo, sino una mera sustitución de partidas. Añaden que el Consejo ha aprobado indemnizar a todos los expresidentes que ha tenido desde su constitución, incluidos Javier Delgado y Francisco Hernando, que las percibieron antes de aceptar sus cargos como magistrados del Tribunal Constitucional.

Concretamente, el Ministerio tenía que responder si amplía el crédito para afrontar el pago correspondiente a 2012, el cual no estaba previsto en los presupuestos del presente ejercicio y ascendería a 44.623 euros. "Se ha pedido esta dotación presupuestaria, lo cual no impide que se debata el tema de fondo", afirmó Moliner a finales de julio, tras el Pleno en el que se trató esta cuestión.

Dicho Pleno tuvo sobre la mesa el informe de la Comisión de Estudios que, con tres votos a favor, daba el visto bueno a la solicitud cursada por Dívar, quien dimitió el pasado 21 de junio a raíz de la polémica suscitada por los gastos de sus viajes cargados al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces.

Publicado el 0309/2012 en www.publico.es

Enlace permanente: http://goo.gl/QXlDo

Robles acusa a Gallardón de "ningunear" al Consejo General del Poder Judicial

Publicado en www.europapress.es.

Denuncia la reforma del Poder Judicial como "un retroceso muy importante" y propone que cinco vocales tengan dedicación exclusiva.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha acusado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de estar "ninguneando" al órgano de gobierno de los jueces y ha asegurado que la comunicación entre ambos estamentos para abordar las reformas pendientes en la Administración de Justicia es "inexistente más allá de lo puramente formal y del protocolo". "La relación se reduce a cortesía y a protocolo pero no hay más", dice.

Así lo apunta en una entrevista concedida a Europa Press en la que dice "echar de menos" el "trabajo coordinado" que el Consejo llevaba a cabo con el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y acusa a Ruiz-Gallardón de querer instaurar una "justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres", con medidas como la creación de tasas judiciales para la presentación de recursos en segunda instancia.

Como ejemplo de esa falta de entendimiento entre Ministerio y Consejo, Robles cita el proyecto para modificar la Ley de Planta y Demarcación, sobre el que el órgano de gobierno de los jueces emitió un informe en el que proponía reducir a la mitad el número de partidos judiciales.

"No está habiendo ningún tipo de contacto formal ni oficial entre el Ministerio y el Consejo. Con otros ministerios el Consejo ha trabajado con una cierta coordinación a la hora de plantear las reformas y, sin embargo, desde el Ministerio se está ninguneando al CGPJ", apunta.

"SUSTRAER COMPETENCIAS AL CONSEJO"

En relación con la modificación del sistema de elección y funcionamiento del CGPJ, Robles considera que la reforma planteada por Ruiz-Gallardón es "bastante preocupante" porque trata de "sustraer una parte importante de las competencias al CGPJ para finalmente pasárselas al Poder Ejecutivo".

"Supone un retroceso muy importante en lo que había pasado en los últimos 30 años desde el punto de vista de la separación de poderes. Si lo que Gallardón va anunciando por ahí es que trata con esta reforma de despolitizar la Justicia, no sólo no consigue ese objetivo sino que competencias que hasta ahora eran del Poder Judicial van a pasar al Ministerio de Justicia", ha afirmado.

En su opinión, toda la filosofía de la reforma de la LOPJ parte de "una desconfianza del Ministerio de Justicia hacia el CGPJ". "Tengo la impresión de que el Ministerio de Justicia cree que el CGPJ trata de entrar en competencias suyas y eso es rigurosamente falso", ha señalado a Europa Press antes de considerar "decepcionante" que en lugar de abordar los problemas que "de verdad" tiene la Justicia, como "la poca agilidad de los procedimientos", Ruiz-Gallardón tenga como "único objetivo modificar el CGPJ".

CINCO VOCALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA

La representante del Poder Judicial, que fue elegida a propuesta del PSOE, también apuesta por reducir a cinco el número de vocales que junto al presidente tengan dedicación exclusiva, al objeto de "racionalizar el funcionamiento del Consejo". "A mí no me parece que en este momento sean necesarios 20 vocales con dedicación exclusiva pero el presidente solo es imposible porque no podría llegar a todo", apunta.

Los otros 15, según plantea, trabajarían en sus respectivos destinos y acudirían "una vez al mes a los plenos". En relación con la posibilidad de reducir el número de miembros del Consejo, considera que "no es posible" porque la Constitución establece que debe estar formado por un presidente y 20 vocales.

En el mismo sentido, asegura "ignorar por completo" los términos en los que se llevará a cabo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). "No sabemos si el texto articulado completo está sirviendo como borrador para el proyecto de reforma, no hay ninguna comunicación con el Ministerio", ha indicado.

Publicado el 19/08/2012 en www.europapress.es

Enlace permanente: http://goo.gl/AjLwZ

Cese de Carlos Dívar

En el Boletín Oficial del Estado número 156, de 30 de junio de 2012, se publica el Real Decreto 1034/2012, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don José Carlos Dívar Blanco como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

PDF de la disposición

Sobre el anteproyecto de tasas judiciales

Publicamos la hoja de CCOO contra la aprobación por el Gobierno del anteproyecto sobre las tasas judiciales, que eleva sus cuantías en una cantidad en muchos casos del 167%.

Este incremento de las tasas judiciales es inaceptable y supone un ataque más del Gobierno a los derechos de millones de ciudadanos que tendrán más difícil aún acudir a los Tribunales para defender sus legítimas pretensiones.

Os adjuntamos también junto a la hoja de CCOO que denuncia con contudencia el anteproyecto, el texto aprobado por el Gobierno y el informe del CGPJ.

Éste último critica muchas de las cuestiones que aprueba el Gobierno en su anteproyecto como la elevación desproporcionada de las tasas judiciales y la pretensión del Ministerio de Justicia de proceder a la supresión del derecho actualmente vigente para que los funcionarios puedan acudir a defender sus derechos profesionales y laborales sin necesidad de abogado y procurador. Cuestiones que CCOO ya ha venido denunciado desde hace varias semanas, desde que conocimos el anuncio del ministro de Justicia, como un ataque a trabajadores públicos y ciudadanos que debemos combatir.

Hoja informaiva

Conocido el texto del Anteproyecto de Ley de Tasas Judiciales, CCOO vuelve a denunciar cómo el Gobierno limita una y otra vez los derechos fundamentales de los ciudadanos

EL ABONO GENERALIZADO DE TASAS PARA ACUDIR A LA JUSTICIA SUPONE UN NUEVO REPAGO JUDICIAL Y LA SUPRESIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA PARA MILLONES DE CIUDADANOS

La imposición generalizada de las tasas judiciales a todos los ciudadanos así como el incremento exorbitante de su cuantía (en algunos casos, el incremento llega alcanzar el 167% de su cuantía actual) sólo van a traer como consecuencia que los ciudadanos dejen de acudir a los tribunales para dirimir sus conflictos, sobre todo en aquellas reclamaciones de menor cuantía, pues el costo de acudir a la Justicia (con el abono de tasas, a las que habría que sumar los gastos de abogado y procurador) será muy superior a la cuantía a reclamar en muchas ocasiones.

La exención de esta tasa a las personas que tengan derecho a la justicia gratuita (un número muy limitado porque los topes para poder acceder se encuentran por debajo del nivel de pobreza) es una excusa para justificar esta imposición que supone una regresión al sistema que imperó en los años 60 y que fue erradicado con la Ley 25/1986 precisamente para propiciar el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24 C.E.) por todos los ciudadanos, cualquiera que fuera su situación económica o posición social.

La justificación del Anteproyecto esgrimida por el ministro de Justicia vuelve a ser la misma que la utilizada por el Gobierno para imponer su política de recortes sociales y de derechos de los ciudadanos, esto es, paliar los efectos de la crisis económica con la recaudación de fondos públicos y la racionalización del uso de los servicios públicos, acusando de forma absolutamente discriminatoria y generalizada a la ciudadanía de abusar de la Justicia.

Como bien observa el CGPJ en el informe emitido como paso previo a la tramitación parlamentaria de este Anteproyecto, ya existen mecanismos legales en nuestro ordenamiento jurídico que disponen las consecuencias jurídicas para estas actuaciones dilatorias sin necesidad de articular un sistema que generaliza la implantación de las tasas e incrementa de forma desmesurada sus cuantías que no supondrá remedio alguno para estas situaciones y que, además, no justifica cómo este sistema puede incrementar la eficacia y racionalización de la Administración de Justicia.

La verdadera justificación de dicha medida no es otra que propiciar una reducción de la litigiosidad en los tribunales a través del efecto disuasorio que implicará la universalización a todos los ciudadanos de la imposición de unas tasas cuyas cuantías se han visto incrementadas de una forma abusiva y desproporcionada, trasladando el coste económico a los ciudadanos que recaben la tutela judicial de sus pretensiones, que se sumará a los gastos ocasionados por la defensa y representación que se deben asumir en la mayoría de los procedimientos.

Además, el anteproyecto contempla la derogación expresa del apartado 3, art. 23 de la LJCA por el que se establecía la posibilidad de comparecer por sí mismos a los funcionarios públicos para la defensa de sus derechos laborales, lo que supondrá asumir un mayor coste económico que el de cualquier otro trabajador y, en este sentido, el propio CGPJ propone en su informe la exención subjetiva para los funcionarios públicos, en sintonía con la regulación establecida para los trabajadores que, en el orden social para la defensa de sus derechos laborales, están excluidos del devengo de tasas por ser beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Una vez más, los funcionarios públicos somos objeto de un atropello continuo y calculado por este gobierno, en el que no solo se nos desprestigia públicamente nuestra labor sino que sus medidas pretenden enfrentarnos a la ciudadanía como falsos “privilegiados”, pero también con el resto de trabajadores al establecer medidas totalmente discriminatorias que ahondan en otras anteriormente adoptadas como fue la obligación de constituir depósitos para recurrir.

El Anteproyecto dispone que la recaudación de las tasas servirá para la financiación de la Justicia gratuita, trasladando así el coste de ésta a los usuarios de la Administración de Justicia y no a través de los presupuestos generales, de la recaudación vía impuestos que, con un sistema progresivo en función de los ingresos, debe ser la vía general para la financiación de los servicios públicos pero que vemos como en la actualidad estamos asistiendo a su desmantelamiento progresivo, a la instauración de un régimen meramente asistencial en todos ellos, también en el de la justicia, pues en definitiva la universalización de las tasas judiciales a todos los ciudadanos implicará una Justicia para el que se la pueda costear y eludirá la responsabilidad de los poderes públicos en su obligación de invertir en ella, en su modernización y en una adecuada dotación de medios materiales pero también personales, como venimos demandando desde CCOO.

Además el texto no resuelve el problema que puede suscitarse con otras medidas similares que ya se han adoptado por las CCAA, como es el caso de Cataluña que ya aprobó el pasado mes de marzo la imposición de tasas en su territorio, y que pueden constituir una doble imposición a los ciudadanos que acudan a los órganos judiciales en dicha C.A. lo que supondría también una desigualdad en el acceso a la justicia en función del territorio.

Del informe del CGPJ, que pone en evidencia muchos de los problemas que se pueden suscitar y para los que propone algunas soluciones, extraemos algunas conclusiones que coinciden con lo que CCOO y algunos otros colectivos relacionados con la justicia venimos denunciando y que no son otros que:

• La generalización de la aplicación de las tasas judiciales supondrá un coste económico añadido para todos los ciudadanos que recaben la tutela judicial

• El desorbitado incremento de las cuantías tendrá un efecto disuasorio, sobre todo en asuntos de escasa cuantía, y es la burda justificación que utiliza el ministro para conseguir la reducción de la litigiosidad

• Esta reforma no incrementará la eficacia y racionalización de la Administración de Justicia que se dice perseguir

• Es necesario establecer una exención subjetiva en el devengo de las tasas para los funcionarios públicos respecto de los litigios que promuevan en defensa de sus derechos estatutarios y laborales en consonancia con lo establecido para el resto de trabajadores.

Descarga de archivos:

- Hoja informativa

- Anteproyecto

- Informe CGPJ

Aprobada por el Pleno del CGPJ la reducción de partidos judiciales

Como ya os venimos anunciando, en el Pleno del CGPJ de ayer 3 de mayo se ha aprobado el proyecto de bases para la reforma de los partidos judiciales con una mayor reducción del inicialmente presentado y que todos conocíamos ya.

El Pleno ha aprobado una reducción superior al 50% de los actuales 431 partido judicial, pasando a 192 partidos (las modificaciones se han producido en Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid).

Para CCOO, como venimos denunciando, esta reducción de partidos judiciales no es más que un nuevo recorte de los derechos de los ciudadanos aprovechando la crisis económica, para alejar la Justicia del ciudadano más aún, dificultando el acceso a la misma, limitando una vez más el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, supondrá un mayor recorte en los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia, en amortizaciones de plantillas, traslados forzosos, afectará a la propia situación socio-económica de los Ayuntamientos afectados por la eliminación de los partidos judiciales y su reorganización en otros más alejados de la población.

CCOO se dirigirá a los Ayuntamientos, a las CCAA, a todas las organizaciones sociales y económicas afectas para aunar esfuerzos contra este recorte sin precedentes en la Administración de Justicia.

Os adjuntamos hoja informativa de CCOO con los cuadros actualizados y el Proyecto de Bases para una nueva demarcación judicial aprobado ayer por el Pleno del CGPJ.

Descarga de archivos:

- Acuerdo del CGPJ

- Cuadro reducción partidos judiciales

El poder judicial se da otros tres meses para redefinir la ubicación de los juzgados

El texto no es vinculante pero Gallardón ha avanzado que será la base de la reforma de la ley

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado esta mañana una sesión extraordinaria en la que ha aprobado un polémico informe que a priori plantea reducir a la mitad los 431 partidos judiciales que hay en España. Para reducir gastos, el informe propone eliminar  cabeceras judiciales y aglutinarlas con otras hasta que cada una de las resultantes sumen al menos 100.000 habitantes.

Aunque se trata de un informe no vinculante, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha adelantando que el informe del Consejo será la base de la reforma de la Ley de Planta y Demarcación que va a acometer el Gobierno de Mariano Rajoy. Los criterios básicos de esta reforma los avanzó el pasado pasado 19 de abril la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, si bien el órgano de gobierno de los jueces decidió tomarse dos semanas para estudiarlo con más profundidad y hacer algunas correcciones. Hoy lo ha hecho y se ha dado otro plazo de tres meses para continuar el debate e incorporar las sugerencias de las salas de Gobierno de los tribunales superiores, según ha explicado hoy la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. Este asunto está suscitando un gran revuelo en numerosos municipios españoles que hoy son cabecera judicial y que ven cómo, si finalmente Gallardón lo lleva adelante, se quedarán sin sus juzgados, lo que obligaría a vecinos a desplazarse a otras localidades para pleitear. La portavoz ha destacado que no se van a suprimir juzgados, ya que cabe la posibilidad de que existan cabeceras con juzgados en distintas ciudades.

La portavoz ha insistido en que se trata de un documento que está abierto y sometido a debate y que una vez que esté concluido, dentro de tres meses, será remitido al Ministerio de Justicia como sugerencia de lo que el Poder Judicial entiende que debe ser la nueva estructura judicial española. "Se busca asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, teniendo en cuenta las circunstancias sociales, judiciales y políticas de los diferentes territorios. El poder judicial cree que con este informe no invade competencias de otros poderes del Estado. "Entendemos que estamos en condiciones para poder elaborar propuestas, como esta, que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los juzgados españoles", ha dicho la portavoz, que ha insistido en que solo se trata de "un documento de trabajo inicial, provisional, abierto a incorporar las aportaciones que se realicen desde otras instancias del poder judicial".

Por ejemplo, en el caso de La Rioja, la propuesta implica la desaparición de los partidos de Calahorra y Haro, al dejar como única demarcación la de Logroño. Otro ejemplo, los nueve partidos judiciales que hay en la actualidad en la provincia de Granada quedarían reducidos a tres, y municipios como Loja, Órgiva o Guadix perderían sus juzgados a favor de Granada capital, Motril y Baza. El informe también está originando gran revuelo entre despachos de abogados de las ciudades que pueden verse afectadas, ya que tendrán que desplazarse para pleitear a las nuevas cabeceras judiciales. Muchos alcaldes han indicado ya que se opondrán a que sus ciudades dejen de ser cabecera de partido judicial.

Publicado el 03/05/2012 en www.elpais.com

Enlace permanente:  http://goo.gl/w4VW9

Reducción de partidos judiciales. Propuesta del CGPJ

Para descargar el listado en formato PDF, pulsa aquí

ANEXO SOBRE LA PROPUESTA DEL CGPJ

DETALLE DE LA REDUCCIÓN DE 431 PARTIDOS JUDICIALES A 199, SEGÚN LA PROPUESTA DEL CGPJ (Pleno del CGPJ del 19 de abril), por CCAA y provincias**

Andalucía: El CGPJ propone reducir los actuales 85 partidos judiciales a 29, según la siguiente distribución:

Almería.- Quedarían 3 partidos judiciales, Almería (incluiría el actual de Roquetas), Huercal-Overa (incluiría Purchena, Vélez Rubio y Vera), El Ejido (incluiría Berja). Una reducción de 5.

Cádiz.- Quedarían 5 partidos judiciales, Cádiz (con Puerto Real y San Fernando), Chiclana de la Frontera (con Barbate), El Puerto de Santa María (con Sánlucar de Barrameda y Rota), Algeciras (con La Línea de la Concepción y San Roque) y Jerez de la Frontera (con Arcos de la Frontera y Ubrique). Una reducción de 9.

Córdoba.- Quedarían 3 partidos judiciales, Córdoba (incluiría Montoro, Posadas y Baena), Lucena (con Cabra, Priego de Córdoba, Puente Genil, Montilla y Aguilar de la Frontera) y Pozoblanco (con Peñarroya-Pueblonuevo). Una reducción de 9.

Granada.- Quedarían 3 partidos judiciales, Granada (con Santa Fe y Loja), Motril (con Almuñecar y Orgiva) y Baza (con Guadix y Huéscar). Una reducción de 6.

Huelva.- Quedarían 3 partidos judiciales, Huelva (con Moguer, La Palma del Condado, Valverde del Camino), Ayamonte y Aracena. Una reducción de 3.

Jaén.- Quedarían 3 partidos judiciales, Jaén (con Martos, Alcalá la Real), Úbeda (con Baeza, Cazorla y Villacarrillo) y Linares (con La Carolina, Andújar). Una reducción de 7.

Málaga.- Quedarían 5 partidos judiciales, Málaga (con Antequera y Archidona), Marbella (con Ronda y Estepona), Vélez-Málaga (con Torrox), Fuengirola (con Coín) y Torremolinos. Una reducción de 6.

Sevilla.- Quedarían 4 partidos judiciales, Sevilla (con Sanlúcar la Mayor, Coria del Río, Alcalá de Guadaira), Osuna (con Estepa, Marchena, Morón de la Frontera), Dos Hermanas (con Lebrija y Utrera). Una reducción de 11.

Ciudad Autónoma de Ceuta.- Mantiene el partido judicial

Ciudad Autónoma de Melilla.- Mantiene el partido judicial

Aragón: El CGPJ propone reducir los actuales 16 partidos judiciales a 6, según la siguiente distribución:

Huesca.- Quedarían 2 partidos judiciales, Huesca (con Jaca) y Monzón (con Barbastro, Fraga y Boltaña). Una reducción de 4.

**Las nuevas cabeceras de partidos judiciales no están ni concretadas ni definidas en la propuesta del CGPJ, pues las decidirán las CCAA.

Teruel.- Quedarían 2 partidos judiciales, Teruel (con Calamocha) y Alcañiz (con Caspe de la provincia de Zaragoza). Una reducción de 1, con partido judicial de ámbito interprovincial.

Zaragoza.- Quedarían 3 partidos judiciales, Zaragoza (con Ejea de los Caballeros, Tarazona), La Almunia de Doña Godina (con Calatayud y Daroca) y Alcañiz (Caspe). Una reducción de 5.

Asturias: El CGPJ propone reducir los actuales 18 partidos judiciales a 8, según la siguiente distribución:

Quedarían Oviedo (con Grado), Siero (con Villaviciosa, Piloña y Cangas de Onis), Mieres (con Lena, Langreo y Laviana), Avilés (con Pravia) y Luarca-Valdés (con Castropol y Tineo), Gijón, Llanes y Cangas de Narcéa

Baleares: El CGPJ propone reducir los actuales 6 partidos judiciales a 5, según la siguiente distribución:

Mahón (con Ciutadella), Palma de Mallorca, Eivissa, Inca y Manacor

Canarias: El CGPJ propone reducir los actuales 19 partidos judiciales a 11, según la siguiente distribución:

Las Palmas de Gran Canaria (con Arucas y Santa María de Guía de Gran Canaria), San Bartolomé de Tirajana (con Telde), Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife (con Guimar), Los Llanos de Aridane (con Santa Cruz de la Palma), Arona (con Granadilla de Abona), La Orotava (con Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos), San Cristóbal de la Laguna, San Sebastián de la Gomera y Valverde.

Cantabria: El CGPJ propone reducir los actuales 8 partidos judiciales a 3, según la siguiente distribución:

Santander (con Medio Cudeyo), Torrelavega (con San Vicente de la Barquera y Reinosa), Laredo (con Castro Urdiales y Santoña)

Castilla y León: El CGPJ propone reducir los actuales 41 partidos judiciales a 16, según la siguiente distribución:

Ávila.- Quedarían 2 partidos judiciales, Ávila (con Arenas de San Pedro, Arévalo y Piedrahita) y Arenas de San Pedro. Una reducción de 2

Burgos.- Quedarían 3 partidos judiciales, Burgos (con Lerma y Salas de los Infantes), Aranda de Duero, Miranda de Ebro (con Briviesca y Villacaryo de Merindad). Una reducción de 4.

León.- Quedarían 2 partidos judiciales, León (con Cistierna, Sahagún, La Bañeza y Astorga) y Ponferrada (con Villablino). Una reducción de 5.

**Las nuevas cabeceras de partidos judiciales no están ni concretadas ni definidas en la propuesta del CGPJ, pues las decidirán las CCAA.

Palencia.- Quedarían 2 partidos judiciales, Palencia (con Carrión de los Condes) y Cervera de Pisuerga. Una reducción de 1.

Salamanca.- Quedarían 2 partidos judiciales, Salamanca (con Béjar, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino) y Ciudad Rodrigo. Una reducción de 3.

Segovia.- Quedarían 1 partido judicial, Segovia (con Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda). Una reducción de 3.

Soria.- Quedarían 1 partido judicial, Soria (con Almazán y Burgo de Osma-Ciudad de Osma), Una reducción de 2.

Valladolid.- Quedarían 1 partido judicial, Valladolid (con Medina de Rioseco y Medina del Campo). Una reducción de 2.

Zamora.- Quedarían 2 partidos judiciales, Zamora (con Toro, Benavente, Villalpando) y Puebla de Sanabria. Una reducción de 3.

Castilla la Mancha: El CGPJ propone reducir los actuales 31 partidos judiciales a 14, según la siguiente distribución:

Albacete.- Quedarían 4 partidos judiciales, Albacete (con Casas-Ibáñez, Hellín y La Roda), Alcaraz, Almansa, y San Clemente (Cuenca)-Villarrobledo (partido judicial interprovincial). Una reducción de 3

Ciudad Real.- Quedarían 3 partidos judiciales, Ciudad Real (con Almagro y Puertollano), Manzanares (con Daimiel, Villanueva de los Infantes, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Tomelloso) y Almadén. Una reducción de 7.

Cuenca.- Quedarían 3 partidos judiciales, Cuenca (con Motilla de Palancar), Tarancón y el partido interprovincial de San Clemente (Cuenca)-Villarrobledo. Una reducción de 2.

Guadalajara.- Quedarían 2 partidos judiciales, Guadalajara (con Sigüenza) y Molina de Aragón. Una reducción de 1.

Toledo.- Quedarían 3 partidos judiciales, Toledo (con Orgaz e Illescas), Quintanar de la Orden (con Ocaña) y Talavera de la Reina (con Torrijos). Una reducción de 4.

Cataluña: El CGPJ propone reducir los actuales 31 partidos judiciales a 14, según la siguiente distribución:

Barcelona.- Quedarían 16 partidos judiciales (uno de ellos interprovincial), Barcelona, Arenys de Mar, Sabadell, Gavá, Granollers, Mataró, Rubí, Terrassa, Vilanova i la Geltrú y Sant Feliú de Llobragat, L’Hospitalet de Llobregat (con El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellá de Llobregat y Sant Boi de Llobregat), Badalona (con Santa Coloma de Gramenet), Manresa (con Berga e Igualada), Martorell (con Vilafranca del Penedés) y Cerdanyola del Vallés (con Mollet del Vallés). Y el partido interprovincial, Vic-Ripoll (de las provincias de Barcelona y Girona). Una reducción de 9

**Las nuevas cabeceras de partidos judiciales no están ni concretadas ni definidas en la propuesta del CGPJ, pues las decidirán las CCAA.

Girona.- Quedarían 7 partidos judiciales (uno de ellos interprovincial), Girona (con Santa Coloma de Farners), Sant Feliú de Guixols (con La Bisbal d’Empordá), Olot, Blanes, Figueres y Puigcerdá, más el partido interprovincial de Vic-Ripoll (de las provincias de Barcelona y Girona). Una reducción de 2.

Lleida.- Quedarían 5 partidos judiciales, Lleida (con Balaguer y Cervera), La Seu d’Urgell, Solsona, Tremp y Vielha e Mijarán. Una reducción de 2.

Tarragona.- Quedarían 4 partidos judiciales, Tarragona, El Vendrell, Reus (con Falset y Valls) y Tortosa (con Gandesa y Amposta). Una reducción de 4.

Comunidad Valenciana: El CGPJ propone reducir los actuales 36 partidos judiciales a 20, según la siguiente distribución:

Alicante.- Quedarían 8 partidos judiciales, Alicante (con San Vicente de Raspeig), Villena (con Alcoy y Ibi), Elda (con Novelda), Benidorm (con Villajoyosa), Torrevieja, Denia, Elche y Orihuela. Una reducción de 5.

Castellón.- Quedarían 3 partidos judiciales, Castellón de la Plana, Vinarós y Villarreal (con Nules y Segorbe). Una reducción de 2.

Valencia.- Quedarían 9 partidos judiciales, Valencia (con Mislata y Quart de Poblet), Sagunto (con Massamagrell), Alzira (con Carlet y Sueca), Catarroja (con Picassent), Xativa (con Ontinyent), Paterna (con Moncada y Lliria), Torrent, Requena y Gandía. Una reducción de 9.

Extremadura: El CGPJ propone reducir los actuales 21 partidos judiciales a 7, según la siguiente distribución:

Cáceres.- Quedarían 2 partidos judiciales, Cáceres (con Trujillo, Valencia de Alcántara y Logrosán), Plasencia (con Coria y Navalmoral de la Mata). Una reducción de 5.

Badajoz.- Quedarían 5 partidos judiciales, Badajoz (con Olivenza), Mérida (con Montijo, Villanueva de la Serena, Don Benito), Zafra (con Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Llerena, Almendralejo, Villafranca de los Barros), Castuera y Herrera del Duque. Una reducción de 9.

Galicia: El CGPJ propone reducir los actuales 45 partidos judiciales a 13, según la siguiente distribución:

A Coruña.- Quedarían 4 partidos judiciales, A Coruña (con Carballo y Betanzos), Santiago de Compostela (con Padrón, Negreira, Arzúa y Ordes), Ferrol (con Ortigueira), Noia (con Concurbión, Muros y Ribeira). Una reducción de 10.

Lugo: Quedarían 2 partidos judiciales, Lugo (con A Fonsagrada, Becerréa, Sarriá, Chantada, Monforte de Lemos), Mondoñedo (Vilalba y Viveiro). Una reducción de 7.

**Las nuevas cabeceras de partidos judiciales no están ni concretadas ni definidas en la propuesta del CGPJ, pues las decidirán las CCAA.


Ourense.- Quedarían 2 partidos judiciales, Ourense (con Bande, Celanova, O Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia), O Barco de Valdeorras (con Pobla de Trives). Una reducción de 7.

Pontevedra.- Quedarían 5 partidos judiciales, Pontevedra (con Marín, Cangas, A Estrada y Caldas de Reis), Vigo (con Redondela), Cambados (con Vilagarcía de Arousa), Tui (con O Porriño y Pontearéas) y Lalin. Una reducción de 8.

Madrid: El CGPJ propone reducir los actuales 21 partidos judiciales a 15, según la siguiente distribución:

Valdemoro (con Aranjuez), Majadahonda (con Pozuelo de Alarcón), Colmenar Viejo (con Torrelaguna), Móstoles (con Navalcarnero), Torrejón de Ardoz (con Coslada), Collado Villalba (con San Lorenzo de El Escorial), Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Fuenlabrada, Leganés, Madrid, Parla y Getafe.

Murcia: El CGPJ propone reducir los actuales 11 partidos judiciales a 5, según la siguiente distribución:

Murcia (con Molina de Segura, Mula y Caravaca de la Cruz), Cieza (con Yecla y Jumilla), Lorca (con Totana), Cartagena y San Javier

Navarra: El CGPJ propone reducir los actuales 5 partidos judiciales a 2, según la siguiente distribución:

Pamplona (con Aoiz y Estella) y Tafalla (con Tudela)

País Vasco: El CGPJ propone reducir los actuales 14 partidos judiciales a 6, según la siguiente distribución:

Álava.- Quedarían 1 partido judicial, Vitoria (con Amurrio), Una reducción de 1.

Guipúzcoa.- Quedarían 2 partidos judiciales, San Sebastián (con Irún), Bergara (con Eibar, Tolosa y Azpeitia). Una reducción de 4.

Vizcaya.- Quedarían 3 partidos judiciales, Bilbao (con Gexto), Barakaldo (con Balmaseda) y Durango (con Gernika-Lumo). Una reducción de 3.

La Rioja: El CGPJ propone reducir los actuales 3 partidos judiciales a 1, según la siguiente distribución:

Logroño (con Calahorra y Haro)


**Las nuevas cabeceras de partidos judiciales no están ni concretadas ni definidas en la propuesta del CGPJ, pues las decidirán las CCAA.



Esta propuesta del mapa anterior de reducción de partidos judiciales será debatida en otro Pleno del CGPJ que se celebrará el próximo 3 de mayo, que la concretará. Posteriormente, en el caso de ser aprobada, será remitida a los TSJ para informe y al Ministerio de Justicia, que es el competente para la aprobación de las modificaciones de la Ley de Planta y Demarcación.



Madrid, 25 de abril de 2012

Sobre la reducción de los partidos judiciales. Reunión con el vocal del CGPJ

Inmediatamente que conocimos el proyecto del CGPJ sobre la reforma de los partidos judiciales que aprobará el próximo día 3 de mayo y que supone una reducción de la mitad de los partidos actuales, CCOO solicitó una reunión urgente con el CGPJ, reunión que se celebró con una de las Vocales que han elaborado dicho proyecto, para trasladarle nuestra oposición al proyecto así diseñado pues afectará negativamente:

- al Servicio Público de la Justicia y por tanto, a los ciudadanos, a quienes se les dificultará y encarecerá aún más el acceso a la misma,

- a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de justicia, a quienes este proyecto supondrá nuevos recortes en los derechos y el empleo en esta Administración, en forma de amortizaciones de plantilla y traslados geográficos,

- a los Ayuntamientos y CCAA quienes también se verán afectados por la pérdida de actividad económica por la reducción de partidos judiciales

Por lo tanto, esta reforma así diseñada contará con la oposición de CCOO y así también se lo hemos vuelto a trasladar, entre otras cuestiones, por carta al Ministro de Justicia a través de su Directora de Gabinete con quien conseguimos reunirnos ayer mismo y le solicitamos nuevamente la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Justicia y de la que también os informamos en la hoja informativa.

En las siguientes entradas publicamos además de la hoja informativa de CCOO, la nueva carta (y ya son cuatro!) que dimos en mano a la Directora de Gabinete del Ministro y un cuadro que hemos elaborado sobre la reducción de los partidos judiciales en cada provincia.

Reunión con el CGPJ

Inmediatamente conocimos el proyecto de reforma de los actuales partidos judiciales cuyo mapa pudiera aprobarse en el Pleno del CGPJ del 3 de mayo, CCOO solicitó reunirse con el CGPJ

CCOO MANIFIESTA AL CGPJ NUESTRA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE DRÁSTICA REDUCCIÓN DE LOS PARTIDOS JUDICIALES

SUPONDRÁ UN ATAQUE AL EMPLEO PÚBLICO Y NUEVOS RECORTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN EL SERVICIO PÚBLICO

En dicha reunión, CCOO hemos trasladado a una de las Vocales del CGPJ que han presentado el proyecto, nuestra preocupación por las consecuencias que pudiera tener para el Servicio Público de la Justicia y para las condiciones laborales de los trabajadores de esta Administración, pues, en el primer caso, tal y como está diseñado podría ponerse en cuestión el objetivo, tantas veces defendido, de acercar la justicia al ciudadano (“justicia de proximidad” que se llamaba) para garantizar el fácil acceso y favorecer el ejercicio a la tutela judicial efectiva.

Pero el ejercicio de este derecho cada vez se le hace más caro al ciudadano de a pie, y con las últimas reformas ya aprobadas, justificadas por una supuesta agilización procesal (necesidad de constituir depósitos para recurrir, asunción de las costas procesales con la simple desestimación de la pretensión y no por la mala fe en la interposición de la reclamación…), y proyectos de reforma pendientes de aprobar como la implantación de tasas judiciales para los ciudadanos (“repago judicial”), se le suma ahora la propuesta de reducción de aproximadamente la mitad de los actuales partidos judiciales que supondrá primeramente un mayor alejamiento, incluso físico, de la justicia del ciudadano, un deterioro de la calidad de servicio público que se presta y un nuevo recorte en los derechos y condiciones laborales de los trabajadores.

El informe del CGPJ parte de unos presupuestos de base que hoy no se dan y que según él justifican el proyecto. No sólo porque esta propuesta se enmarca en una más que previsible reforma más amplia de la Administración de Justicia (modificación de la LOPJ, creación de los Tribunales de instancia, comarcalización de los Juzgados de Violencia….), sino también porque la implantación de la NOJ no está funcionando correctamente, porque en la actualidad la mejora en las infraestructuras en la red de comunicación a las que se hace referencia en el proyecto del CGPJ no son tales en muchas provincias, porque el desarrollo de los medios tecnológicos no llega a todos los lugares ni a todos los ciudadanos, etc…y porque, en definitiva, parece que el único motivo para acometer la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial en el sentido en el que se hace se enmarca en la crisis económica que padecemos, argumentándola como una necesaria “optimización de recursos” y esto no es otra cosa que nuevos recortes en la Administración de Justicia que se plasmarán en posibles amortizaciones de plantilla (propuestas que hay que poner en relación con la ya aprobada congelación de la OEP de todos los cuerpos y la no creación de unidades judiciales) y en recortes en las condiciones laborales de los trabajadores en forma de traslados forzosos geográficos y que CCOO rechaza, combatirá y será objetivo prioritario en nuestra acción sindical.

Además, éste es un proyecto que desde el punto de vista estrictamente económico afectará negativamente a los propios Ayuntamientos pues en torno a la actividad judicial también existe una afectación indirecta de negocios e infraestructuras que pueden verse resentidos, por lo que acometer esta reforma en este momento de crisis y más de esta manera tan agresiva en cuanto al número de partidos judiciales que se pretenden reducir, no parece lo más conveniente, y ello además de los conflictos políticos que se suscitarán entre los Ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de referencia para la determinación de las cabeceras de partido judicial.

La Vocal del CGPJ nos ha informado que la intención de este documento, cuyo mapa de reducción de partidos judiciales se presentará para su aprobación al Pleno el próximo 3 de mayo, es el punto de partida para abrir un debate público en torno a la Administración de Justicia y establecer un diálogo con CCAA, algunas de las cuales han elaborado también otros estudios e informes sobre la cuestión, y otros operadores jurídicos, pero sobre todo ha insistido en que es el Gobierno el único competente para aprobar una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y en qué condiciones, y, como hemos informado, el propio Ministro nombró recientemente una Comisión institucional para acometer el estudio y propuesta propia sobre dicha reforma.

Además, la Vocal ha insistido en que el proyecto es susceptible de modificación en cuanto al número de partidos judiciales cuando se entre en el detalle de cada uno de ellos y que no es competencia del CGPJ designar las cabeceras de los partidos judiciales que son competencia de las propias CCAA.

Mucho nos tememos que la propuesta de reforma del Ministro no va a ir por caminos muy distintos a la propuesta del CGPJ pero exigimos conocerla directamente pues afectará a las condiciones laborales de los trabajadores a quienes representamos, y es obligación legal del Ministro Gallardón negociar con los trabajadores, aunque muy probablemente, como viene siendo habitual, pretenda comunicar su proyecto antes a las CCAA el próximo 7 de mayo, con las que se reunirá en la Conferencia Sectorial.

CCOO no va a esperar sin hacer nada, ante una probable reforma que afecta de forma central a los trabajadores y, por eso, se dirigirá a los Ayuntamientos y CCAA, así como a otras organizaciones sociales y económicas afectadas, exponiéndolas los graves riesgos que esta este proyecto conlleva así diseñado y formulado, para intentar acordar y llevar a cabo actuaciones conjuntas. Riesgos tan evidentes como la pérdida de actividad económica en las localidades afectadas por la supresión de los partidos judiciales, pérdida muy importante de empleo, alejamiento de la Administración de Justicia de los ciudadanos, modificaciones graves unilaterales de las condiciones de trabajo de cientos de compañeros como el traslado forzoso de localidad….

CCOO llama a todos los trabajadores a defender nuestros derechos y luchar contra la amortización de plantilla y el traslado forzoso que supondrá un nuevo recorte de derechos en la Administración de Justicia.

CCOO SE REÚNE URGENTEMENTE CON LA DIRECTORA DE GABINETE PARA TRASLADARLE UNA NUEVA CARTA PARA EL MINISTRO DE JUSTICIA EXIGIENDO CONVOCATORIA INMEDIATA DE LA MESA SECTORIAL

Ante la actitud del ministro de Justicia de no contestar a ninguna de las cartas que le hemos remitido ni haber convocado desde su toma de posesión, hace ya 4 meses, ni una sola reunión de negociación de ningún miembro del equipo de dirección del Ministerio con los representantes de los trabajadores, CCOO decidió permanecer en el Ministerio de Justicia el tiempo necesario hasta lograr reunirse con la directora de Gabinete del ministro de Justicia.

Conseguida la reunión, le hemos trasladado nuestra exigencia sobre la necesidad de una convocatoria urgente de la mesa sectorial, pues a los graves problemas que existían antes de su llegada a la Administración de Justicia, se unen las consecuencias que van a tener reformas que el ministro ha anunciado en el Congreso, Senado, y en declaraciones públicas, y que CCOO le ha manifestado que no puede proceder a realizarlas en ningún caso sin negociación previa con los representantes de los trabajadores a los que van a afectar profundamente

Ya está bien que el ministro sea incapaz en 4 meses de recibir a las organizaciones sindicales, que son los representantes legales de miles de trabajadores de la Administración de Justicia, cuando muchas de las reformas anunciadas van a tener enormes consecuencias sobre las condiciones de trabajo de miles de empleados públicos de la Administración de Justicia. La última de ellas, la reducción de más de 200 partidos judiciales, que va a implicar graves perjuicios a cientos de trabajadores y miles de ciudadanos.

Madrid, 26 de abril de 2012

Para descargar la nota informativa, pulsa aquí

Propuesta del CGPJ de reducción del número de partidos judiciales

Enlaces relacionados (Fuente Ministerio de Justicia)

• Descargas de Demarcación y Planta judicial
• Cartografía judicial

El CGPJ aprueba hoy la reducción del 53,83% de los partidos judiciales en España

Nota informativa de CCOO de Justicia

Hoy, el pleno del CGPJ aprobará una propuesta de reducir el 53,83% los partidos judiciales en España

CCOO DENUNCIA QUE LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Y DEL MINISTRO DE JUSTICIA, DE REDUCIR MÁS DEL 50% DE LOS PARTIDOS JUDICIALES CONSTITUIRÁN UN DETERIORO SIN PRECEDENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La reducción de partidos judiciales que propone el CGPJ es pasar de 431 a 199 partidos judiciales

Esta reducción, si finalmente es aprobada por el Gobierno, es un retroceso sin precedentes en la Administración de Justicia y un profundo ataque a los derechos de los ciudadanos.

Y significa igualmente un ataque en toda regla a los derechos de miles de trabajadores de la Administración de Justicia, pues nos tememos que la propuesta busca fundamentalmente una reducción significativa de las plantillas y contemplará el traslado de localidad de cientos de trabajadores, sin respetar los derechos consolidados de éstos.

Si el Gobierno aprueba finalmente una propuesta en esta dirección, los ciudadanos tendrán más dificultades aún para que se respete su derecho a la tutela judicial efectiva.

Desde que tomó posesión, Gallardón ha anunciado, entre otras decisiones, primero, la modificación de la Ley de Planta y Demarcación sin negociación, luego que los Tribunales de Instancia agruparían Juzgados de la misma jurisdicción, más tarde el incremento de las tasas judiciales, después que los funcionarios públicos eran unos privilegiados por poder acudir a defender sus derechos laborales sin abogado ni procurador y ahora es el anuncio de la reducción muy considerable de los Partidos Judiciales.

Es evidente, que estas decisiones, sin respetar siquiera el derecho a la información, primero, y a la negociación con los representantes de los trabajadores, además de una falta de respeto a más de 40.000 compañeros, es un incumplimiento flagrante del derecho a la negociación colectiva, y parece que el Gobierno pretende aplicar de facto la infumable reforma laboral en el ámbito de la función pública, como CCOO viene explicando desde que fue aprobada por el Gobierno.

Asimismo, CCOO denunciará ante la opinión pública esta decisión, porque los ciudadanos tienen que conocer que lo que se pretende también en el ámbito de la Administración de Justicia es deteriorar los servicios públicos, acabando con derechos que hemos conquistado con los ingentes esfuerzos de miles de personas.

Sr. Ministro de Justicia: Adoptar medidas, como las que propone el CGPJ, que atentan gravemente a un servicio público como la Administración de Justicia, y que van a deteriorar los derechos de miles de trabajadores, exige, como mínimo, dar la cara y sentarse a discutirlas con los representantes de los trabajadores. Ya han pasado 4 meses desde su toma de posesión, y sigue sin reunirse con los sindicatos. ¿A qué espera?

Para CCOO una decisión de este tipo constituiría una agresión sin precedentes a los derechos de ciudadanos y de los empleados públicos, por lo que tendría la respuesta de la mayor contundencia, respuesta para la que pediremos el respaldo de los trabajadores de la Administración de Justicia .

Descarga de la nota informativa (PDF)

- Pulsa aquí

Estadística Judicial: Se reduce el número de asuntos ingresados en los juzgados españoles en el tercer trimestre de 2011

Nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial

El número de asuntos ingresados en el tercer trimestre de 2011 en los juzgados españoles alcanzó un total de 2.062.157 asuntos. Supone una reducción del 5,2 por ciento respecto al mismo trimestre de 2010, según el informe estadístico Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2011que elabora el Consejo General del Poder Judicial.

En este tercer trimestre, los tribunales españoles resolvieron 2.005.348 asuntos y están en trámite un total de 3.137.066.

Por jurisdicciones, el número de asuntos ingresados en la jurisdicción Civil en el tercer trimestre alcanzó los 319.560, con un descenso del 19 por ciento. En esta jurisdicción se resolvieron 353.301 asuntos y están en trámite 1.265.661. Destaca el descenso de los procesos monitorios ingresados, que ha llegado al 43,8 por ciento.

En la jurisdicción Penal entraron un total de 1.586.971 nuevos asuntos, con una disminución del 2,4 por ciento. Se resolvieron  1.533.051 y están en trámite 1.177.193.

La jurisdicción Social se mantiene estable, al registrarse 96.934 nuevos asuntos, con un descenso del 0,3 por ciento. Se han resuelto 69.328 y se encuentran en trámite 304.968 asuntos.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 58.629 nuevos asuntos, con un aumento del 3 por ciento. Se resolvieron 49.584 y están en trámite 389.107. Al igual que en el trimestre anterior, en esta última jurisdicción destaca el impacto de los recursos relacionados con la bajada de retribuciones a los funcionarios, que ha provocado un aumento de los pleitos registrados en las Salas de lo Contencioso y posteriormente en los juzgados centrales, donde el aumento ha sido del 77,7 por ciento.

Baleares, Andalucía, Madrid y C. Valenciana encabezan la litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado llegó a los  43,7 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas que han presentado los índices más altos de litigiosidad han sido Baleares, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana.

La tasa de litigiosidad en Baleares alcanzó los 51,9 asuntos por cada mil habitantes en el tercer trimestre, seguida de Andalucía (50,6 asuntos por cada mil habitantes), Madrid (47,3) y Comunidad Valenciana (46,4). Las autonomías con tasa de litigosidad más baja fueron La Rioja (25,9), País Vasco (30,3) y Extremadura (32,1). (*)

Proyección para 2011

El Estudio, elaborado por el servicio de Estadística del CGPJ, también incluye una proyección para el conjunto del año 2011, a partir de los datos recogidos hasta este tercer trimestre.

(*) Cálculos realizados sobre las cifras oficiales de población del INE, a 1 de enero de 2010 que son las últimas oficiales.

 

Archivos asociados:

20121301 El CGPJ informa Situación órganos judiciales 3T2011

[pdf, 94,26 KB]

Estadística Situación órganos judiciales tercer trimestre 2011

[pdf, 1,33 MB] 

La Permanente del CGPJ traslada al Ministerio de Justicia la necesidad de crear 50 unidades judiciales

Nota informativa del Consejo General del Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión ordinaria del día de la fecha, adoptó el siguiente Acuerdo:

Trasladar al Ministerio de Justicia:

1.- La necesidad perentoria de creación de cincuenta unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial , que se incorporarán en el mes de marzo de 2012. Teniendo en cuenta la inmediatez de dicha necesidad, y los problemas económicos, la Comisión Permanente entiende que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como Jueces de Adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas.

2.- La necesidad de elaboración por parte del Ministerio de Justicia, de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, con independencia de las que se contemplan en el apartado anterior, de manera que, de un lado vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial, y por otro se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles.

3.- La necesidad de dotar de continuidad a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la carrera judicial, en consonancia con las conclusiones del estudio sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados asumido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el mes de junio pasado. Se tiene en cuenta a tal efecto que la paralización de los procesos selectivos indicados produciría sus efectos en los tres años siguientes, sin olvidar que el exceso de carga de trabajo que actualmente soportan los órganos judiciales requiere el aumento de Jueces y Magistrados.

Con relación al presente acuerdo expresa su voto discrepante la Vocal Dña. Almudena Lastra de Inés, en primer lugar por no considerar conveniente que sea la Comisión Permanente quien formule la petición al Ministerio de Justicia, sino que debería haber sido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en segundo término, entendiendo que se puede hacer la solicitud de creación de las plazas reseñadas, pero no comparte la justificación del informe que sirve de sustento al resto de las peticiones contenidas en el acuerdo adoptado.

Madrid, 29 de diciembre de 2011

Acuerdos del CGPJ sobre atribución de competencias a determinados juzgados y Audiencias

En el Boletín Oficial del Estado número 307, de 22 de diciembre de 2011, se publican diversos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial por el se atribuye a algunas Audiencias provinciales y juzgados el conocimiento con carácter exclusivo de determinadas materias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales

• Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria el conocimiento con carácter exclusivo de la materia mercantil, conservando la Sección Segunda de la referida Audiencia el conocimiento, con el mismo carácter de exclusividad, de las materias relativas al derecho de familia, a la capacidad de las personas y a la violencia sobre la mujer en el orden civil.
  • PDF (BOE-A-2011-19956 - 3 págs. - 167 KB)
  • Otros formatos

Juzgados de lo Mercantil

• Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye el conocimiento de diversas materias, con carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.
  • PDF (BOE-A-2011-19957 - 2 págs. - 140 KB)
  • Otros formatos

Juzgados de lo Penal

• Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 4 de Algeciras el conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la mujer.
  • PDF (BOE-A-2011-19958 - 2 págs. - 139 KB)
  • Otros formatos
• Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 5 de Las Palmas de Gran Canaria el conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la mujer.
  • PDF (BOE-A-2011-19959 - 2 págs. - 140 KB)
  • Otros formatos
• Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 6 de A Coruña el conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la mujer.
  • PDF (BOE-A-2011-19960 - 2 págs. - 140 KB)
  • Otros formatos
• Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 4 de Oviedo el conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la mujer.
  • PDF (BOE-A-2011-19961 - 2 págs. - 140 KB)
  • Otros formatos

Juzgados de Primera Instancia

• Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ratifica el Acuerdo nº 58 de 23 de diciembre de 2010, en relación a la atribución al Juzgado de 1ª Instancia número 10 de León del conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos relativos al derecho de familia y la capacidad de las personas.
  • PDF (BOE-A-2011-19962 - 2 págs. - 140 KB)
  • Otros formatos

El Consejo General del Poder Judicial otorga los Premios a la calidad de la Justicia 2011

El jurado de los Premios a la Calidad de la Justicia 2011 ha decidido otorgar los galardones de esta segunda edición a siete iniciativas, de un total de 21 proyectos presentados.

* Experiencia para conseguir una Justicia más eficaz

- Órganos Judiciales: Oficina de Presentaciones del Juzgado Guardia Valencia.

- Entidades públicas: Dirección General de Modernización de Cataluña. Sistema de Gestión de las Piezas de Convicción.

* Experiencia para conseguir una Justicia más transparente

- Órganos Judiciales: Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

- Entidades públicas: Consejería de Educación de Murcia y Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Figura del Juez de Paz Educativo.

* Experiencia para conseguir una Justicia más accesible

- Órganos Judiciales: Juzgado 1ª Instancia 73 Madrid. Proyecto piloto de Mediación intrajudicial.

- Entidades Públicas: Cuenta Depósitos y Consignaciones de Banesto y Expediente electrónico en la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.

La entrega de premios se realizará en Madrid el próximo día 19 de diciembre en el salón de actos del Consejo General del Poder Judicial, en una ceremonia presidida por Carlos Dívar, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.

Los Premios a la Calidad de la Justicia se convocan para distinguir a los órganos jurisdiccionales, oficinas judiciales, entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia, que hayan destacado por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión. Se otorgarán dos premios en cada una de estas tres modalidades: Justicia más eficaz, Justicia más transparente y Justicia más accesible.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ y los vocales Antonio Dorado y Miguel Carmona, así como por Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, y Victoria Ortega, secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española.

ANEXO: Descripción de los proyectos premiados

-Experiencias para conseguir una Justicia más eficaz:

- Oficina de Presentaciones del Juzgado de Guardia de Valencia

La Oficina es una apuesta de colaboración entre el Decanato de Valencia y la Jefatura Superior de Policía que supone un coste cero para la administración pública. Empezó a funcionar el pasado 17 de febrero y, en este tiempo, ha permitido localizar a 4.458 personas que estaban siendo buscadas por los juzgados o la Policía.

Sobre 406 personas pesaba una orden de búsqueda judicial por solicitudes de averiguación de domicilio, de detención y presentación o de busca captura e ingreso en prisión. Además, 4.052 de los identificados estaban buscados por la Policía en el marco de actuaciones relacionadas con el control de órdenes de alejamiento por malos tratos, la prohibición de salida y entrada del territorio nacional o la retirada de la tarjeta de extranjeros.

La Oficina de Presentaciones se ubica en una dependencia del Juzgado de Guardia y está dotada de una terminal informática con acceso a las bases de datos policiales. Cuenta con la colaboración de los agentes de la Unidad Adscrita de Policía Judicial y su finalidad es la identificación de los imputados que se presentan, la constancia documental de dicha presentación y la averiguación inmediata de las requisitorias vigentes. En sus primeros nueve meses de funcionamiento, este servicio ha identificado en total a 21.302 personas.

- Dirección General de Modernización de Cataluña: Sistema de control y gestión de las piezas de convicción

Desarrollo de una herramienta informática que da apoyo a los órganos judiciales en la gestión de efectos y piezas de convicción, dentro del proyecto de e-justicia.cat. Este sistema se encarga de gestionar las piezas de convicción -las entradas, salidas, traslados, inventarios, etcétera-, así como de controlar los depósitos judiciales, tanto externos como internos, sus ubicaciones, gastos, personas de contacto y los comunicados entre el juzgado, el depósito y los servicios territoriales, además de alertas generadas en la custodia de piezas.

La identificación de los objetos que componen las piezas de convicción, sus ubicaciones y ulteriores movimientos se realiza con etiquetas de códigos de barras y mediante el terminal de mano. El sistema permite incorporar fotografías de las piezas de convicción en un gestor documental, para la consulta de los usuarios de los órganos judiciales, así como la firma electrónica de los oficios y recibos generados por los órganos judiciales y depósitos.

- Experiencia para conseguir una Justicia más transparente:

- Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

Acciones inspiradas en el principio de Transparencia y encaminadas a acercar el trabajo de los Juzgados y Tribunales a la sociedad. Estas acciones

han contribuido a lograr un cambio radical en el modo en que se relaciona el TSJ con los ciudadanos y con los usuarios de la Justicia en Cantabria.

Destacan las siguientes actuaciones: el programa Educando en Justicia que se desarrolla en los colegios y en el que ya han participado 5.000 escolares a lo largo de seis cursos; la Jornada para la prevención del ciberacoso entre los estudiantes; y la presencia del Poder Judicial en distintos canales de Internet: la página web (www.tsjcantabria.poderjudicial.es), y las ventanas en Facebook y en Twitter. Además, destaca la apuesta realizada por el Tribunal Superior por facilitar el trabajo de los profesionales jurídicos con la difusión en estos tres canales de las resoluciones concursales dictadas en esa comunidad, en lo que es una iniciativa pionera.

- Consejería de Educación de Murcia y Tribunal Superior de Justicia de Murcia-Juez de Paz Educativo

La figura del "Juez de Paz Educativo", desarrollada de forma singular en la Región de Murcia desde el año 2007, permite que los alumnos de un centro escolar asuman la función de componedores de conflictos, mediante la participación, el diálogo y el consenso, fomentando así un clima de

convivencia. Los alumnos son asesorados por magistrados y docentes previamente formados.

El programa ha ofrecido ya a 94 centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la Región de Murcia una herramienta de intervención ante los conflictos distinta a la sancionadora, promoviendo el valor de la Justicia en un Estado de Derecho, al favorecer fórmulas de justicia restaurativa y proteger los intereses de las partes en conflicto y la comunidad. La labor de los 188 alumnos Jueces y Juezas de Paz Educativos se ha centrado en el restablecimiento de las relaciones cotidianas de convivencia, propiciando el acercamiento entre las partes, invitando a sus compañeros a la reflexión y reconocimiento del eventual daño causado.

- Experiencia para conseguir una Justicia más accesible:

- Juzgado 1ª Instancia número 73 de Madrid-Mediación

Proyecto piloto en Madrid de mediación intrajudicial para determinados procesos civiles. El objetivo de este proyecto consiste en potenciar la Mediación Intrajudicial como método de resolución de conflictos auxiliar y complementario. La selección de los casos que derivan a la Mediación la

realiza el magistrado, quien invita a las partes a que acudan a una sesión informativa. Si se accede a la derivación del caso al Servicio de Mediación Civil, el Juzgado acuerda la suspensión del proceso por el plazo previsto en el artículo 19 de la LEC. Si las partes no deseen paralizar el procedimiento y exista plazo suficiente para practicar las sesiones de mediación entre la citación a juicio y la celebración de la vista correspondiente, no se suspende el procedimiento y se acuerda la intervención del Servicio de Mediación adscrito al Juzgado.

Desde la puesta en marcha efectiva de este Servicio, en enero de 2010, hasta junio de 2011, se han realizado 36 derivaciones al Servicio de Mediación. El porcentaje de casos cerrados con acuerdo es alto, un 77%, y está por encima de la media de otros proyectos de mediación

intrajudicial.

- Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales de Banesto

Aplicación informática de gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. Desde el 1 de enero de 2003 se pone a disposición de los órganos judiciales un servicio ágil y pionero en el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia. Proporciona desde las aplicaciones informáticas precisas para la gestión telemática de los pagos e ingresos hasta la formación de secretarios. La aplicación CDCJ ha incorporado nuevas funcionalidades, tales como el acceso mediante certificado digital, tasa de depósito para recurrir o la nueva funcionalidad diseñada por el CGPJ de embargo automatizado de cuentas. Las innovaciones se han realizado sin que se produzcan discontinuidades en el servicio. El acceso telemático a las cuentas de consignación facilita un ahorro de tiempo sustancial tanto al secretario judicial como al profesional, que tiene la posibilidad de consignar a través de Internet de forma rápida, segura y en cualquier lugar y horario.

Los Secretarios Judiciales gestionan con esta aplicación más de 3 millones de expedientes activos y se realizan anualmente alrededor de 6 millones de operaciones con un mínimo número de incidencias.

- Consejo General de la Abogacía: Expediente electrónico en Justicia Gratuita

Desarrollo informático que posibilita la presentación de la petición de justicia gratuita por parte del ciudadano y posterior tramitación del expediente de manera totalmente informatizada, mediante la interconexión con los distintos Colegios de Abogados y con las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Destaca el hecho de que es el propio Colegio, el que, previa autorización del solicitante, accede a los distintos registros para obtener los documentos que se precisan para adjuntar al expediente.