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Mostrando entradas con la etiqueta Jueces. Mostrar todas las entradas
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El Gobierno vuelve a incumplir su programa y mantiene la elección parlamentaria del CGPJ

Publicado en www.publico.es

gallardon-santamaria

Gallardón acusa a las asociaciones de jueces de politizar la justicia y les resta poder en la preseleción de candidatos al Consejo

El Gobierno culminó este viernes un nuevo incumplimiento de su programa electoral al mantener la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, y de paso dió una nueva coz a las asociaciones de jueces, con quienes el ministro Ruiz-Gallardón mantiene un durísimo enfrentamiento.

La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales escribe una carta abierta a Mariano Rajoy

Publicado en www.upfiscales.com


Carta abierta al Presidente del Gobierno

COMPROMISO CON LA JUSTICIA

En la presente Legislatura se está produciendo una indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha imposición se está realizando sin consenso con el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento y despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en el posterior desarrollo práctico de la reformas (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios). Por supuesto, despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen el alcance social de las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia.

Moliner prevé "un deterioro judicial" por la supresión de los jueces sustitutos

Publicado en www.elidealgallego.com


Así lo ha expuesto Moliner al presentar la Memoria del Poder Judicial de 2011 en la que ha sido su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso desde su elección en julio tras la dimisión de su antecesor Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes en fin de semana.

moliner
Aunque la mayor parte de las cifras que ha ofrecido son de 2011, también ha dado datos de este año, en el que se ha reducido un 3,05 por ciento el número de asuntos que entraron en los juzgados.

Sin embargo, ha matizado que en los asuntos computados no figuran ni los procesos monitorios, ni las ejecuciones hipotecarias, que han incrementado "notablemente" (52,36 % los procesos monitorios y 134,13 % las ejecuciones hipotecarias reales), así como un 24,66 los despidos.

A la luz de estos datos ha explicado que, por tanto, no ha descendido la litigiosidad, "sino que se ha modificado la calidad de la misma, siendo sorprendente el incremento de las ejecuciones hipotecarias" con "la consiguiente creación de un conflicto social".

Moliner augura "penuria" al no ser posible el aumento de la plantilla de jueces

Publicado en www.europapress.es


El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el número de asuntos que tienen que resolver los jueces y magistrados "excede de sus posibilidades por mucho que dediquen a ello sus esfuerzos", por lo que es necesaria la creación de nuevas plazas.

Cifras de la Justicia en España: Número de jueces, sueldos y litigiosidad

Publicado en www.elpais.com



JUECES
Jueces en España: 5.171 (el 18,2%, interinos)
Jueces por habitante (datos de 2010):
- En España: 10,2 por cada 100.000 habitantes
- Media europea: 21,3 por 100.000 habitantes
SUELDOS
Sueldo medio anual de los jueces (incluyendo complementos y 14 pagas; sin incluir los recortes de este año):
Juez: 47.494 euros
Magistrado: 69.886 euros
Juez de adscripción territorial: 69.964 euros
Magistrado Audiencia Nacional (sin contar los presidentes de sección o sala): 80.897 euros
Magistrado Tribunal Supremo (sin contar los presidentes de sala): 111.931 euros
Presidente Audiencia Nacional: 127.584 euros
Presidente del Supremo: 130.152 euros.
ABOGADOS
En España: 125.208 colegiados (272 por cada 100.000 habitantes).
Media europea: 127 por cada 100.000 habitantes
PLEITOS
Litigiosidad: nueve millones de asuntos nuevos en 2011
Duración media estimada de los pleitos:
Orden civil: 8,6 meses
Orden penal: entre 8 y 10 meses
Orden social: 8,6 meses (3,8 meses en los procesos por despido).
Orden contencioso-administrativo: 12,9 meses (25,9 meses en las salas de Tribunales Superiores).
Fuente: Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Europa.


Publicado el 17/12/2012 en www.elpais.com

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Justicia habilitará a ‘jueces becarios’ con funciones de titular pero menos sueldo

Publicado en www.elpais.com

gallardon


Alumnos de la Escuela Judicial harán unos meses de prácticas al frente de juzgados

Los jueces en fase de formación en la Escuela Judicial —con la oposición ya aprobada, pero aún sin cumplir el último proceso de selección— tendrán que pasar un periodo de “prácticas” de, como mínimo, cuatro meses ejerciendo como jueces suplentes, con idénticas responsabilidades y funciones que un juez titular, pero con bastante menos sueldo. Será una especie de figura de juez becario, o un MIR para jueces —más corto en el tiempo— como el que existe para los médicos.

El Poder Judicial impone un mes de suspensión a un juez pontevedrés por retrasos injustificados

Publicado en www.lavozdegalicia.es


El magistrado podría ser sancionado con un mes de suspensión de empleo y sueldo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó este jueves sancionar con un mes de suspensión de empleo y sueldo a un magistrado pontevedrés por la supuesta comisión de una falta muy grave a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En concreto, se alude a que el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra pudo incurrir en lo recogido por el artículo 417.9, esto es, que desatendió o se retrasó injustificada y reiteradamente «en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales».

Alfonso Guevara, el 'antijuez' que nunca rectifica

Publicado el 24/11/2012 en www.elconfidencial.com

alfonso-guevara

Alfonso Guevara es todo lo contrario a lo que se espera de un juez. Su nombre está relacionado con los enfrentamientos y la excentricidad. Su última decisión, como presidente de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, de dejar en libertad a la cúpula de la mafia china ha sido el colofón de una carrera llena de sombras por sus polémicas y controvertidas actuaciones.

Jueces mileuristas y precarios



Recientemente, se ha presentado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que el ministro de la cosa ha incluido una disposición que ha dado poco que hablar, pero que tiene un extraordinario calado.

Ni más ni menos que adecuar la situación de la judicatura a la realidad social y laboral de nuestros días: crear una nueva categoría de jueces completamente dependientes, con una espada de Damocles sobre su togada cabeza, y todo ello por el sueldo de un becario.

A nuestros sucesivos gobiernos, y a las mayorías parlamentarias que los sustentan (no se olviden este detalle, sobre todo a la hora de ir a votar), siempre les ha gustado la idea de una Justicia interina, soslayando los requisitos de inamovilidad e independencia que proclama nuestra Constitución. Sólo desde esta óptica se pueden explicar los miles de sustitutos, literalmente, que ocupan de forma casi permanente puestos de juez o de fiscal. Muchos son profesionales excelentes, y en no pocos casos resultan un pilar fundamental de la institución allá donde sirven. Pero su existencia es una anomalía del sistema. Porque al no haber aprobado una oposición, están al albur de quien les pone en su puesto. Dos informes negativos del Fiscal Jefe correspondiente, por ejemplo, inhabilitan a cualquier fiscal sustituto para formar parte de la bolsa de trabajo al año siguiente. El mecanismo es todavía más opaco y ominoso en el caso de los jueces.

La Justicia versus Gallardón

Los abogados se concentran este lunes, los secretarios judiciales se manifiestan el día 19 y los jueces protestan el 23 de noviembre

gallardon


Publicado en www.europapress.es

Las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, han puesto en pie de guerra a jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales, que han anunciado concentraciones durante este mes de noviembre ante las sedes judiciales y el departamento ministerial.

Estos colectivos demandan unánimemente que el Ministerio escuche sus valoraciones y propuestas para mejorar la Administración de Justicia y poner fin al "colapso" y la "sobrecarga de trabajo" que a diario se encuentran en los juzgados y tribunales.

Los retrasos del Poder Judicial libran a un juez de Lorca de una sanción

El CGPJ impuso una multa de 300 euros al magistrado por tardar más de un año en dictar una sentencia, pero el Supremo la anula por dilaciones en el trámite

CGPJ
Consejo General del Poder Judicial


El retraso con el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tramitó el expediente disciplinario abierto al juez de lo Penal número 1 de Lorca, José Luis García Fernández, por retraso injustificado en sus juzgado, le ha librado de la sanción de 300 euros que se le impuso.

Los jueces de Madrid piden la dimisión del presidente del CGPJ




Las juntas de Madrid y de Barcelona tampoco descartan ir a la huelga

La junta general de jueces de Madrid, la más numerosa de toda España, ha acordado por mayoría, en su reunión de este viernes, solicitar la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, por considerar que no defiende sus intereses en el conflicto abierto con el Ministerio de Justicia por el recorte de derechos estatutarios y la falta de inversión en la Justicia. Moliner fue elegido máximo representante del CGPJ el pasado 17 de julio, después de la dimisión de Carlos Dívar.

Lo ha explicado a los periodistas el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, al término de la reunión. A la cita han acudido 210 jueces.

Los jueces de Madrid también han votado pedir la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, pero no ha prosperado por los pelos. Asimismo, no descartan ir a la huelga si la negociación con el ministerio, que ha planteado una amplia reforma legislativa –en la que se incluye una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial–, no da sus frutos y no atiende a sus peticiones.

En Barcelona, la junta general de jueces lamenta igualmente la "ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España" y tampoco ha descartado medidas de presión como la huelga, si bien han aplazado la decisión a la junta de octubre.

Quejas por cuestiones "endémicas"


En rueda de prensa, la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha explicado este viernes que en la junta, a la que han asistido 143 jueces de forma presencial o por delegación, se ha ratificado por unanimidad un manifiesto en el que se muestra el "descontento de los jueces por cuestiones endémicas" por falta de inversión, voluntad política, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema judicial y la falta de concreción en la carga de trabajo de cada juzgado. "En la Administración de Justicia, en tiempos de crisis aumenta el trabajo y podemos llegar a una situación de colapso", ha advertido Feliu, a lo que ha añadido que están trabajando por encima de la carga de trabajo prevista. Ha avisado de que ello tiene un límite, deplorando que en épocas de bonanza tampoco se haya invertido en Justicia: "Incluso sanidad ha tenido muchas inversiones como el expediente digital y nosotros no tenemos nada de esto. Aún funcionamos con papel y fotocopias de fax".

Ha detallado que durante la junta se ha abordado la posibilidad de emprender medidas de presión porque algunos jueces piensan "que se ha llegado al límite", entre las que se han barajado la autorregulación y cumplir a rajatabla las horas de audiencia, aunque, por el momento, no han puesto sobre la mesa la convocatoria de una huelga. Para Feliu, la posibilidad de convocar paros en los juzgados la abordarán de cara a la junta de octubre, ya que consideran que tendrá "más eficacia" si se convoca a nivel estatal y no sólo en Barcelona.

La junta ha aprobado por unanimidad adherirse al documento de las asociaciones de jueces suscrito el pasado lunes [descargar aquí] en el que se lamenta la ausencia de inversión, la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Este documento ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y no descarta la convocatoria de una huelga.

"Máximo respeto" del ministro


Las juntas de Madrid y Barcelona no son las únicas. Están convocadas este viernes juntas en toda España para analizar los recortes del Gobierno que afectan a los miembros de la carrera y la falta de inversión en la Administración de Justicia. Las juntas celebradas en ciudades de todo el país pondrán en evidencia el verdadero nivel de malestar de los jueces. Estos decidirán si se adhieren al citado documento presentado por las asociaciones de jueces y fiscales. Los encuentros entre jueces asociados y no asociados se producen días después de que las siete asociaciones, que representan a todas las sensibilidades de la carrera judicial y fiscal hayan alcanzado un acuerdo para cumplir estrictamente las horas de audiencia fijada por la ley, la convocatoria de una concentración y otras medidas de protesta.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró este jueves que los jueces tendrán el "máximo respeto" por parte del Ministerio si deciden ir a la huelga "en su condición de funcionarios públicos" y ha recordado que conforman también un poder del Estado. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, mantendrá reuniones con las asociaciones judiciales, jueces no asociados, jueces decanos y presidentes de los tribunales superiores de justicia para conocer su parecer.

El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma del estatuto orgánico de los jueces que limita la actuación de los sustitutos y limita los días de permiso. Eso sí, se ha comprometido a volver a convocar oposiciones para el ingreso en la Carrera Judicial a partir de 2013 y mantenerlas con carácter anual, tras haber mantenido conversaciones con el presidente del órgano de gobierno de los jueces.


Publicado el 21/09/2012 en  http://www.publico.es

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Los jueces preparan movilizaciones contra los recortes de Gallardón




Las asociaciones barajan adoptar medidas de presión, entre las que no descartan paros, huelgas o concentraciones.

Los jueces han convocado este viernes juntas en toda España para analizar los recortes del Gobierno que afectan a los miembros de la carrera y la falta de inversión en la Administración de Justicia en un momento en el que las asociaciones han amenazado con adoptar medidas de presión, entre las que no descartan paros, huelgas o concentraciones.

Las juntas celebradas en ciudades de todo el país pondrán en evidencia el verdadero nivel de malestar de los jueces. Estos decidirán si se adhieren al documento presentado por las asociaciones de jueces y fiscales en el que se refleja el descontento del sector. Los encuentros entre jueces asociados y no asociados se producen días después de que las siete asociaciones, que representan a todas las sensibilidades de la Carrera judicial y fiscal hayan alcanzado un acuerdo para cumplir estrictamente las horas de audiencia fijada por la ley, la convocaoria de una concentración y otras medidas de protesta.

Las siete organizaciones celebraron el pasado lunes una reunión en la que suscribieron un documento en el que lamentan la ausencia de inversión, la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Las juntas de jueces someterán así a debate el documento firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Precisamente, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este jueves que los jueces tendrán el "máximo respeto" por parte del Ministerio si deciden ir a la huelga "en su condición de funcionarios públicos" y ha recordado que conforman también un poder del Estado. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, mantendrá reuniones con las asociaciones judiciales, jueces no asociados, jueces decanos y presidentes de los tribunales superiores de justicia para conocer su parecer.

El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma del estatuto orgánico de los jueces que limita la actuación de los sustitutos y limita los días de permiso. Eso sí, se ha comprometido a volver a convocar oposiciones para el ingreso en la Carrera Judicial a partir de 2013 y mantenerlas con carácter anual, tras haber mantenido conversaciones con el presidente del órgano de gobierno de los jueces.


Publicado el 21/09/2012 en  http://www.publico.es

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Pintan bastos


Por José Yoldi.


Todas las asociaciones judiciales y fiscales se han puesto de acuerdo. Aunque solo sea porque cada una es de un padre y una madre, merece la pena conocer su punto de vista, que además, me parece que, al menos por esta vez, cuenta con el respaldo de esa otra mitad de la carrera que no está asociada.

El señor ministro debería escuchar antes de lanzar globos sonda prospectivos que lo único que consiguen es poner de acuerdo a todos en su contra.

Con el fin de que estén ustedes informados les reproduzco el comunicado conjunto que las siete asociaciones han emitido hoy.


La Comisión interasociativa propone a las juntas de jueces y fiscales convocada para el próximo día 21 de septiembre que se adhieran al siguiente comunicado y medidas propuestas.

Los jueces, magistrados y fiscales queremos dejar patente el malestar de la Carrera Judicial y Fiscal debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una Justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, lo anterior contrasta con el manifiesto interés por el control político de nuestros órganos de gobierno.

La situación actual es la siguiente:

.- Ausencia de inversión en Justicia

.- Descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia.

.- Congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones.

.- Recortes salariales y estatutarios.

.- Control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

Reclamamos:

- El pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial, con abandono de la reforma planteada que atrofia su capacidad constitucional de actuación.

- El mantenimiento de un estatuto profesional que contemple actualmente la singularidad de nuestra función y en el que no se limiten ni nuestras funciones ni nuestros derechos.

- El desarrollo de reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la Administración de Justicia.

- La convocatoria de oposiciones para cubrir aquellas plazas plazas de Juez y Fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han resultado vacantes.

Consideramos estas reclamaciones una exigencia adecuada a la coyuntura económica actual, instando al Ministerio de Justicia para que abra una vía de negociación que de respuesta a nuestras peticiones. Hasta entonces los Jueces y Fiscales, para compensar las inadmisibles carencias de nuestra Administración de Justicia, solo ejerceremos nuestras funciones dentro de los estrictos márgenes de la Ley y, obviando criterios productivistas, atender solo a la Justicia de calidad que los ciudadanos merecen y reclaman.

Se proponen como medidas:

1.- Cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley.

2.- Autorregulación. Instar a la Comisión de Prevención de riesgos laborales para que proceda de inmediato a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales.

Entre tanto, instar la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo a la que ajustar nuestra función.

Los fiscales instarán a la Fiscalía General que fije un módulo de trabajo razonable y entre tanto, los fiscales ajustarán sus funciones a meros criterios de calidad y salud. Instarán, asimismo, de la Fiscalía General que fije un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la comisión de riegos laborales de los jueces.

3.- Por la comisión interasociativa se convocará una concentración de toda la Carrera Judicial y Fiscal.

Si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, ya que atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales y sigue sin abrirse una vía de negociación seguiremos adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga.

Las asociaciones de jueces y fiscales prestarán cobertura y asistencia a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas.

Mª Teresa Sáez Martínez (APM)

Ramón Rodríguez Jackson (AJFV)

Ignacio Martín Verona (JD)

Benito Raboso del Amo (FJI)

Antonio Roma Valdés (Asociación de Fiscales)

José María Caballero Sánchez – Izquierdo (APIF)

María Moretó Matosas (UPF)


Publicado el 18/09/2012 en http://blogs.elpais.com/despejen-la-sala/

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Jueces y fiscales advierten a Gallardón que irán a la huelga si no negocia por los recortes y la ausencia de inversión




Las siete asociaciones, representantes de todas las sensibilidades en la Carrera, acuerdan de momento cumplir estrictamente sus horarios.

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Las asociaciones de jueces y fiscales españoles han alcanzado un acuerdo este lunes para advertir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, su intención de adoptar medidas de presión concretas "sin descartar paros y huelgas" si "sigue sin abrirse una vía de negociación" por los recortes salariales en la Carrera y la ausencia de inversión en Justicia, ente otros asuntos.

Proponen que se adhieran a este comunicado las diferentes juntas de jueces y fiscales convocadas para este viernes, con el fin de obtener el máximo apoyo a las medidas propuestas, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión.

Esta tarde se han reunido representantes de las siete organizaciones, que reúnen todas las sensibilidades presentes en la carreras judicial y fiscal, y han acordado a partir de este momento el "cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijada por la ley", la convocación de una concentración y otras medidas de protesta.

El comunicado lo firma María Teresa Sáez Martínez, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Ramón Rodríguez Jackson de la Asociación Francisco de Vitoria (FdV); Ignacio Martín Verona de Jueces para la Democracia (JpD); Antonio Roma Valdés, de la Asociación de Fiscales (AF); José María Caballero Sánchez-Izquierdo, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y maría Moretó Matosas, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

En la nota, dejan patente el malestar existente en la Carrera "debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español", al entender que "no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos".

Esta necesidad, aducen, contrasta con la situación actual propiciada por el Ministerio, con ausencia de inversión, descoordinación en la gestión, congelación de plazas, recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

Entre otras cosas, reclaman respeto a la independencia judicial mediante el "abandono" por el Ministerio de la reforma planteada en la Ley Orgánica del Poder Judicial "que atrofia su capacidad constitucional de actuación; el mantenimiento de su estatuto profesional, el desarrollo de reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y la convocatoria de plazas.

CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORAS


"Los Jueces y Fiscales, para compensar las inadmisibles carencias de nuestra Administración de Justicia, solo ejerceremos nuestras funciones dentro de los estrictos márgenes de la Ley y, obviando criterios productivistas, atender solo a la Justicia de calidad que los ciudadanos merecen y reclaman", sigue el comunicado.

Además del cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, proponen instar a la Comisión de Prevención de riesgos laborales "para que proceda de inmediato a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales".

Entre tanto, exigen "instar la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo a la que ajustar nuestra función", mientras que los fiscales pedirán a la Fiscalía Genral que "fije un módulo de trabajo razonable".

"Si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, ya que atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales y sigue sin abrirse una vía de negociación seguiremos adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga", concluye la nota, que asegura que "las asociaciones de jueces y fiscales prestarán cobertura y asistencia a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas".


Publicado el 17/09/2012 en http://www.europapress.es/

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Fallece Manuel Peris, impulsor de Justicia Democrática


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Publicado en www.elpais.com.


El exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial dona su cuerpo a la medicina y rechaza cualquier funeral.

El exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Peris Gómez ha fallecido este viernes en Valencia, a los 85 años, víctima de una afección pulmonar, según ha informado la familia en un comunicado. Peris, que había donado su cuerpo a la Facultad de Medicina, manifestó en su testamento vital su voluntad de que no se efectuaran funerales, sufragios ni otros ritos funerarios.En los próximos meses se celebrará un acto en su memoria.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ingresó en la carrera judicial en 1953 y fue destinado a Chelva (Valencia), Alora (Málaga), Alzira (Valencia), Nules (Castellón), Barcelona y Valencia.

Juez Decano de Valencia (1978-1984) y magistrado de la Audiencia Territorial (1984) fue elegido por las Cortes Generales miembro del Consejo General del Poder Judicial (1985) del que fue vicepresidente hasta noviembre de 1990.

Desde esa fecha hasta su jubilación en 1997, fue magistrado de la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Manuel Peris impulsó, desde Barcelona en 1968, el primer movimiento democrático de jueces y fiscales de oposición al franquismo del que nacería en 1970 Justicia Democrática, asociación clandestina de ámbito estatal que mantuvo contactos con otros grupos de la oposición a la dictadura como la UMD (Unión Militar Democrática), la Assemblea de Catalunya y los partidos clandestinos.

Peris fue cofundador de la Junta Democrática del País Valenciano en 1975 y posteriormente de la asociación Jueces para la Democracia, que en su último congreso, celebrado el pasado 31 de mayo, le rindió un homenaje.

Según la familia, su libro Juez, Estado y Derechos Humanos (1976) constituyó un manual "de cómo debían actuar jueces y fiscales durante las detenciones, interrogatorios y registros para garantizar las libertades individuales de los ciudadanos".

Peris fue presidente del movimiento cristiano Justicia y Paz de Valencia, así como de la Sociedad Filarmónica de Valencia.


Publicado el 24/08/2012 en www.elpais.com

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Multa de 1.200€ a un juez que impidió al fiscal actuar por no sentarse a su izquierda


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Publicado en www.europapress.es.


El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 1.200 euros impuesta en su día por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Andújar (Jaén), Juan Carlos Moreno Gordillo, por dos faltas graves de abuso de autoridad y falta de consideración al Ministerio Fiscal (art. 418.5 de la LOPJ), ya que impidió la actuación del representante de la acusación pública al no querer éste situarse a la izquierda del magistrado durante dos juicios.

La resolución del alto tribunal rechaza el recurso interpuesto por el magistrado contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces, impuesta a raíz de las discrepancias generadas entre Moreno Gordillo y dos fiscales adscritos a su juzgado después de que éste les instara a colocarse en el estrado colocado a su izquierda, en vez del de la derecha.

En el primero de los incidentes, ocurrido en octubre de 2008, la fiscal sustituta pidió dos minutos de permiso para consultar con su fiscal jefe la exigencia de Moreno Gordillo y al volver a la Sala se le impidió su acceso. Como no existía otra acusación el juicio de faltas se falló por absolución, aunque finalmente esta decisión fue declarada nula por la Audiencia Provincial de Jaén.

Un mes después se repitió la escena con otro fiscal, a quien se negó la palabra durante otra vista tras señalar éste que el Estatuto Orgánico del Ministerio Público le facultaba a sentarse a la derecha y no al lado izquierdo del tribunal.

El CGPJ consideró, y ahora lo confirma el Supremo, que la imposición de una consecuencia tan drástica como la de no tener por comparecido al Ministerio Fiscal por el simple hecho de no sentarse en el sitio que el juez le indicaba "supera con mucho el ejercicio normal de las facultades de dirección de estrados de las que también el juez se encuentra investido, integrando un exceso o abuso claro".

Con independencia de la actitud de la Fiscalía en este asunto, el Supremo incide en que lo corregido o controlado por el CGPJ "no ha sido la actividad jurisdiccional del recurrente sino el ejercicio del poder gubernativo en lo referido a la suspensión y reanudación de las vistas, que es considerado excesivo en razón de las singulares circunstancias concurrentes y las consecuencias de la medida adoptada".

El magistrado sancionado pretendía que se le levantara la sanción, se le devolviera la multa que ya abonó y ser indemnizado con 9.000 euros por daños y perjuicios.rtículo 418.5 El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial


Publicado el 17/08/2012 en www.europapress.es

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Los jueces conservadores creen que Gallardón puede abocarles a la huelga


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Publicado en www.publico.es.


El portavoz de la APM destaca que ni el ministro ni Moliner se han puesto en contacto con las asociaciones para resolver el conflicto

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, cree que la pelota sobre una eventual huelga indefinida de jueces y fiscales está en el tejado del Gobierno. El portavoz de la APM, Pablo Llarena, personalmente contrario a un paro de ese tipo, declaró a Público que la decisión depende en última instancia de la capacidad de Ruiz-Gallardón y del Consejo General del Poder Judicial de arreglar el conflicto. Y ni el ministro ni el nuevo presidente del CGPJ se han puesto en contacto aún con las asociaciones. Una huelga indefinida tendría un efecto devastador sobre una justicia que, sin el empujón de un paro de este tipo, ya acumula mucho retraso y asuntos pendientes.

Llarena, a título particular, considera que una huelga indefinida como la que las siete asociaciones de jueces y fiscales no descartan convocar, no sería "adecuada ni posiblemente la vía más lógica, ya que ello afectaría a los derechos fundamentales de los ciudadanos como el de la tutela judicial efectiva".

Debido a esa circunstancia específica del colectivo, la Constitución Española prevé que el Gobierno dote a jueces y fiscales de los medios precisos para realizar su tarea, y que el diálogo para discutir esos extremos se establezca entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. "Si esa interacción se rompe o no opera adecuadamente, se aboca" a los jueces a adoptar medidas previstas en la negociación colectiva general, como sería la huelga indefinida, añade Llarena.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales emitieron por primera vez en la historia el pasado 16 de julio un comunicado conjunto en el que criticaban durísimamente los recortes del Gobierno y las reformas anunciadas por Ruiz-Gallardón en el ámbito del Consejo del Poder Judicial, "cuyo verdadero objeto" entendian que era "el desmantelamiento del Poder Judicial, atacando a la independencia de los Jueces y a la imparcialidad de los Fiscales".

En el mismo texto anunciaban "la creación de una comisión conjunta y permanente que canalizará todas las medidas de protesta que deban adoptarse, paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la huelga". 

Hasta la fecha, los jueces han sido convocados a dos huelgas de un día de duración, ambas en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, pero nunca convocados por todas las asociaciones. El 18 de febrero de 2009, se produjo el primer paro a convocatoria de la Asociación "Francisco de Vitoria" y el Foro Judicial Independencia --segunda y cuarta asociación en la carrera por número de afiliados--. Fue la más existosa, con un 60 por ciento de seguimiento según los organizadores y casi un 36 de acuerdo a las cifras del CGPJ. En octubre del mismo año, la APM convocó otra huelga, esta vez en solitario, y logró un apoyo menor (24 por ciento según CGPJ, y 33 por ciento de acuerdo a la asociación convocante).

Las siete asociaciones que actúan ahora de forma unitaria establecieron el pasado 24 de juliosolicitar a los jueces decanos, los fiscales jefes y los presidentes de órganos judiciales colegiados, que convoquen para el próximo 21 de septiembre o fechas próximas Juntas de Jueces, Juntas de Fiscales y reuniones de magistrados, para que decidan si se adhieren al comunicado del 16 de julio y discutan las medidas de presión a adoptar. Previamente, las organizaciones convocantes acordarán una propuesta de movilizaciones para elevar a sus compañeros, siempre "sin descartar la huelga".

Más allá de los dos paros de un día citados, una huelga indefinida en reclamación de derechos nunca ha sido adoptada por los jueces. Los fiscales, por su parte, nunca se han puesto en huelga de forma colectiva. Si lo hicieron individualmente algunos fiscales en la huelga general del 29 de marzo, comunicándolo al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ni les abrió expediente sancionador ni les descontó el salario de un día. María Moreto, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, cree que no hubo reacción del fiscal general reduciendo el sueldo del día de huelga, como se hace con el resto de trabajadores, porque ello hubiera supuesto un reconocimiento del derecho de huelga de los fiscales.

Moreno declaró a Público que considera que los fiscales sí tienen derecho a huelga, ya que ni en la Constitución ni en la Ley está prohibido su ejercicio por parte del colectivo.

En cuanto al debate sobre la legalidad de una huelga, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, destaca que la Constitución Española ampara este derecho de los trabajadores sin limitación a jueces y fiscales. JpD apoyó la huelga general del 29 de marzo, y respalda la marcha que confluirá el próximo 15 de septiembre convocada por sindicatos y otras organizaciones contra los recortes del Gobierno.


Publicado el 13/08/2012 en www.publico.es

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Los jueces no descartan una huelga en otoño por el recorte salarial


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Junto a los fiscales, celebraran juntas simultáneas el próximo 21 de septiembre para decidir las medidas de presión que adoptarán.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha anunciado que en septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial en el sector público, entre las que no descartan la convocatoria de una huelga. En una entrevista con Efe, Bosch considera que las medidas emprendidas por el Gobierno para paliar el déficit suponen "el desmantelamiento del Estado social" y hacen que las consecuencias de la crisis financiera recaigan sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un punto de vista compartido, según el portavoz de JpD -de corte progresista-, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que "de manera unitaria" han rechazado los recortes en el sector público y por lo que el próximo 21 de septiembre está previsto que se celebren juntas de forma simultánea en todo el país. "Es una medida no habitual que anuncia cierta presión", apunta Bosch, que indica que entre las opciones que se están valorando -aún no planteadas formalmente- estudian realizar concentraciones a las puertas de los sedes judiciales, la suspensión de señalamientos de juicios, paros parciales o la convocatoria de una huelga.

Considera que en el contexto actual se dan las circunstancias para ejercer esos derechos "con cierta firmeza", ya que "en muy pocos meses" el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas que limitan los derechos fundamentales "con una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas". Y esto, a su juicio, supone estar pasando "de un sistema que refleja cierto igualitarismo a un modelo de enormes desigualdades sociales", en el que se rompe con criterios de protección social y se protegen los intereses de "determinadas minorías, como pueden ser las entidades bancarias y las grandes empresas".

Para Bosch, a estas minorías no se les exigen los mismos sacrificios que se están reclamando a otras capas de la población que ven recortados sus derechos reconocidos legalmente. "Ante esto solo caben dos alternativas: aceptar estos recortes de derechos de forma resignada o ejercer de forma crítica una serie de derechos como el de manifestación, libertad expresión y en última instancia el de huelga", defiende el portavoz de JpD, que también censura que el Gobierno "no aporte alternativas a esta situación".

El Gobierno acalla las protestas 


Por otra parte, Bosch ha criticado también las reformas legislativas del Código Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como la cadena perpetua revisable, el endurecimiento del vandalismo callejero, la multirreincidencia o la modificación de la ley del aborto. "Se trata de reformas propias del populismo punitivo que no atajan los problemas reales y que lo que buscan realmente es distraer a la sociedad a través de golpes de efecto y de titulares", ha opinado. El grado de dureza de la legislación penal española es "más que suficiente" y lo demuestra, según JpD, el hecho de que con una de las más bajas tasas de delincuencia de la Unión Europea, España tiene uno de los mayores porcentaje de población reclusa.

Como ejemplo, cita Bosch, los desórdenes públicos que se puedan cometer en actos de protesta, que "ya tienen respuesta" en el Código Penal, y cree que su endurecimiento y tipificar como delito medidas pacíficas de protesta, muestra la intención del Ejecutivo. "En vez de intentar convencer a la población sobre la hipotética bondad de las medidas anunciadas, el Gobierno pretende silenciar las formas críticas de protesta y endurecerlas para disuadir al ciudadano de que participen en determinadas manifestaciones", apunta.

Sin embargo, Bosch echa de menos que en casos como los de la delincuencia económica haya una "respuesta penal más clara" ya que generan graves daños a la sociedad, y en cambio sí se actúe sobre otras acciones que requerirían una intervención social para poder evitarlas, como los delitos contra la propiedad intelectual. "El modelo genérico del Gobierno en estos asuntos parece que es el paso del Estado social a un Estado penal de forma que se criminaliza la pobreza", ha concluido.


Publicado el 12/08/2012 en www.publico.es

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Sancionado un juez con una multa de 3.000 euros por tratar habitualmente "de manera vejatoria" a la secretaria judicial


Sancionado el Juez del Registro Civil de Murcia con una multa de 3000 Euros por la comisión de una falta grave del artículo 418.5 de la LOPJ

El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Admón. de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial

Desde el Sector de Justicia de CCOO, sindicato también denunciante en este proceso, saludamos esta resolución, que por fin hace algo de justicia con este Magistrado, tras años y años de "tropelías" del mismo con el resto del personal del Registro Civil de Murcia y con los ciudadanos y ciudadanas que acuden a realizar gestiones.

Pero esto no es óbice para creer que la resolución es algo "light" dado que el expediente bien podía haberse incoado por la comisión de falta muy grave.

En los hechos probados de la resolución se detallan minuciosamente diversas actuaciones del Magistrado hacia cinco funcionarias del Registro Civil de Murcia, todas ellas denunciantes en este expediente sancionador. Según la resolución "el Magistrado ha tratado habitualmente a la Secretaria Judicial de manera vejatoria, diciéndole que no se enteraba de nada, que era una ignorante, que allí se hacía lo que él decía, que él era el Poder Judicial, todo ello sin consideración a su dignidad, provocándole situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés, que han provocado su baja laboral por estado de ansiedad".

También ha quedado probado que el Magistrado requirió a una funcionaria para que en el acto ordenase la mesa, a lo que la misma respondió "que lo haría cuando terminara el trabajo que estaba realizando, insistiendo el Magistrado reiteradamente en que la ordenase, alzando el tono de voz y diciéndole que le estaba jodiendo", a lo que la funcionaria respondió "que ella no jodía a nadie, sentándose en su silla, frente a lo que el Magistrado empezó a gritarle que le ordenaba que se levantase para hablar con él a la misma altura, que le estaba dando una orden y que se estaba insubordinando, requiriéndole a la Secretaria Judicial para que levantase acta de lo que estaba sucediendo, cogiendo el Magistrado el respaldo de la silla donde la funcionaria estaba sentada y zarandeando la silla tres o cuatro veces mientras que le insistía en que se levantase". Asimismo, el Magistrado "la ha tratado habitualmente de manera vejatoria, manifestándole que él era el que mandaba allí y que hacía lo que él decía, diciéndole a los restantes funcionarios que no hablasen con ella, que no quería verlos cerca de ella, provocándole situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés".

Respecto a otra funcionaria que entró al despacho del Magistrado, manifestándole que tenía un expediente para su resolución, "éste le dijo que si se creía que le tenía que atender la primera, que lo dejase y se fuera, así que ello lo puso el primero en el montón donde estaban los restantes expedientes para resolver, indicándole el Magistrado que allí no se ponía, así que la funcionaria lo colocó el último del mismo montón, manifestándole de nuevo el Magistrado que donde se ponía, por lo que la funcionaria desconcertada lo puso al lado de los restantes expedientes, diciéndole el Magistrado con gritos y de manera agresiva que no se enteraba de nada, que no era tan difícil saber dónde poner el expediente, creando en la funcionaria una situación de angustia, tensión y nerviosismo que le hizo romper a llorar"."El Magistrado la ha tratado habitualmente de manera vejatoria y despectiva, diciéndole que no sabía hacer nada, que él iba a ser su maestro, que se callase e hiciese lo que él decía".

Respecto a otra funcionaria, "cuando pasaba al Magistrado la firma y le explicaba que las resoluciones las había redactado siguiendo las indicaciones de la Secretaria Judicial o de la Gestora Procesal, le decía que se pasaba las mañanas sin hacer nada, con el papo puesto en la silla, indicándole el Magistrado a que las consultas se las hiciese a él pues los demás no sabían una mierda, y manifestándole que ella no sabía nada pero que él sería su maestro. Cuando le preguntaba dudas le decía de manera humillante que si no se le caía la cara de vergüenza por preguntar eso, siendo una gestora procesal con tantos años de experiencia".

Respecto a otra funcionaria "ante una consulta que le hizo al Magistrado en su despacho, éste le dijo que el comentario que le había hecho rozaba la subnormalidad, ante lo cual ella respondió que dicho comentario entendía que no procedía en ningún caso, echándole entonces el Magistrado a gritos del despacho".

Respecto a los ciudadanos interesados en los expedientes tramitados en el Registro Civil Único de Murcia, "el Magistrado en ocasiones se ha dirigido a una funcionaria utilizando para identificar a los interesados en los expedientes, los términos de "maricones" cuando se trata de matrimonios entre personas del mismo sexo o "los gilipollas estos" para referirse a los extranjeros, así como a otra funcionaria, utilizando el término de "maricones, mariconas" para los matrimonios del mismo sexo, "putas" para referirse a las mujeres que tienen un hijo fuera del matrimonio, "cornudos" para referirse a los maridos de éstas y el término "gentuza" para los que solicitan la nacionalidad".

Desde el Sector de Justicia no se entiende que no se haya investigado el retraso existente en los expedientes de nacionalidad provocado por las órdenes expresas del Magistrado, pese a la inspección realizada en el Registro Civil, como así consta en la denuncia formulada por CCOO, lo cual hubiese podido constituir una falta muy grave.

Desde CCOO continuaremos haciendo todo lo posible para que las actuaciones de este Magistrado, si continuase con sus vejaciones, salgan a la luz y vuelvan a sancionarse.

SI SUFRES ACOSO LABORAL NO TE CALLES: DENÚNCIALO Y EN CCOO TE APOYAREMOS