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Los jueces de Madrid piden la dimisión del presidente del CGPJ




Las juntas de Madrid y de Barcelona tampoco descartan ir a la huelga

La junta general de jueces de Madrid, la más numerosa de toda España, ha acordado por mayoría, en su reunión de este viernes, solicitar la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, por considerar que no defiende sus intereses en el conflicto abierto con el Ministerio de Justicia por el recorte de derechos estatutarios y la falta de inversión en la Justicia. Moliner fue elegido máximo representante del CGPJ el pasado 17 de julio, después de la dimisión de Carlos Dívar.

Lo ha explicado a los periodistas el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, al término de la reunión. A la cita han acudido 210 jueces.

Los jueces de Madrid también han votado pedir la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, pero no ha prosperado por los pelos. Asimismo, no descartan ir a la huelga si la negociación con el ministerio, que ha planteado una amplia reforma legislativa –en la que se incluye una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial–, no da sus frutos y no atiende a sus peticiones.

En Barcelona, la junta general de jueces lamenta igualmente la "ausencia de voluntad política para modernizar la Justicia en España" y tampoco ha descartado medidas de presión como la huelga, si bien han aplazado la decisión a la junta de octubre.

Quejas por cuestiones "endémicas"


En rueda de prensa, la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha explicado este viernes que en la junta, a la que han asistido 143 jueces de forma presencial o por delegación, se ha ratificado por unanimidad un manifiesto en el que se muestra el "descontento de los jueces por cuestiones endémicas" por falta de inversión, voluntad política, la congelación de plazas judiciales, la lentitud e ineficacia del sistema judicial y la falta de concreción en la carga de trabajo de cada juzgado. "En la Administración de Justicia, en tiempos de crisis aumenta el trabajo y podemos llegar a una situación de colapso", ha advertido Feliu, a lo que ha añadido que están trabajando por encima de la carga de trabajo prevista. Ha avisado de que ello tiene un límite, deplorando que en épocas de bonanza tampoco se haya invertido en Justicia: "Incluso sanidad ha tenido muchas inversiones como el expediente digital y nosotros no tenemos nada de esto. Aún funcionamos con papel y fotocopias de fax".

Ha detallado que durante la junta se ha abordado la posibilidad de emprender medidas de presión porque algunos jueces piensan "que se ha llegado al límite", entre las que se han barajado la autorregulación y cumplir a rajatabla las horas de audiencia, aunque, por el momento, no han puesto sobre la mesa la convocatoria de una huelga. Para Feliu, la posibilidad de convocar paros en los juzgados la abordarán de cara a la junta de octubre, ya que consideran que tendrá "más eficacia" si se convoca a nivel estatal y no sólo en Barcelona.

La junta ha aprobado por unanimidad adherirse al documento de las asociaciones de jueces suscrito el pasado lunes [descargar aquí] en el que se lamenta la ausencia de inversión, la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Este documento ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y no descarta la convocatoria de una huelga.

"Máximo respeto" del ministro


Las juntas de Madrid y Barcelona no son las únicas. Están convocadas este viernes juntas en toda España para analizar los recortes del Gobierno que afectan a los miembros de la carrera y la falta de inversión en la Administración de Justicia. Las juntas celebradas en ciudades de todo el país pondrán en evidencia el verdadero nivel de malestar de los jueces. Estos decidirán si se adhieren al citado documento presentado por las asociaciones de jueces y fiscales. Los encuentros entre jueces asociados y no asociados se producen días después de que las siete asociaciones, que representan a todas las sensibilidades de la carrera judicial y fiscal hayan alcanzado un acuerdo para cumplir estrictamente las horas de audiencia fijada por la ley, la convocatoria de una concentración y otras medidas de protesta.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró este jueves que los jueces tendrán el "máximo respeto" por parte del Ministerio si deciden ir a la huelga "en su condición de funcionarios públicos" y ha recordado que conforman también un poder del Estado. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, mantendrá reuniones con las asociaciones judiciales, jueces no asociados, jueces decanos y presidentes de los tribunales superiores de justicia para conocer su parecer.

El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma del estatuto orgánico de los jueces que limita la actuación de los sustitutos y limita los días de permiso. Eso sí, se ha comprometido a volver a convocar oposiciones para el ingreso en la Carrera Judicial a partir de 2013 y mantenerlas con carácter anual, tras haber mantenido conversaciones con el presidente del órgano de gobierno de los jueces.


Publicado el 21/09/2012 en  http://www.publico.es

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