En plena recesión económica y con una pérdida continua de poder adquisitivo por parte de la inmensa mayoría de los trabajadores, las Sociedades de Inversión de Capital Variable, comúnmente conocidas como Sicav, siguen engrosando curiosamente su patrimonio, con un aumento del 2% hasta septiembre, según VDOS, hasta rozar los 24.000 millones de euros.
Sobre el papel, algo más de 400.000 personas se reparten este capital, pero en realidad son muchos menos los beneficiados, ya que cerca del 90% de estas sociedades son sospechosas de ser Sicav “privadas”, en manos de un único accionista, y no verdaderas instituciones de inversión colectiva con decenas y hasta miles de partícipes.
Generalmente las grandes fortunas ostentan el 99,9% del capital de una Sicav para utilizarla como vehículo de sus inversiones en otras empresas, representando el resto de accionistas un papel meramente simbólico. Con esta estrategia pretenden reducir al mínimo su factura fiscal, ya que las Sicav solo tributan un máximo del 1% sobre sus beneficios, en contraste con el 52% que pagan las rentas más altas en el IRPF (llegando al 56% en el caso de Cataluña).
A diferencia de un pequeño inversor, que necesita retirar parte o la totalidad de su inversión depositada en una Sicav para hacer frente a sus necesidades económicas, los grandes patrimonios apenas reintegran su participación. ¿Por qué? Porque controlan íntegramente el destino de las inversiones de la sociedad y no necesitan sacar el dinero para adquirir una determinada participación en otra empresa, sino que realizan esa operación a través de la Sicav.
Esta argucia les permite pagar solo un 1% por los beneficios que obtenga la Sicav de sus inversiones, al mismo tiempo que permite a estos patrimonios multimillonarios no tributar jamás en el IRPF por dichas ganancias.
Para evitar este abuso, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) hemos hecho llegar en múltiples ocasiones a los grupos políticos del Congreso una propuesta para fijar el porcentaje máximo de participación en una Sicav entre el 2% y el 5% de su capital social máximo. En el caso de que este tipo de sociedades no respetara el nuevo porcentaje de participación, sería una causa de descalificación como institución de inversión colectiva. Así de fácil.
Publicado el 23/12/2012 en www.nuevatribuna.es
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