Alrededor de doscientas personas participaron ayer [11/12/2012] en una concentración contra las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La protesta estaba convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CIG, CSIF, STAJ y USO; los partidos políticos BNG, EU, PSOE, Anova, Equo y Espazo Ecosocialista Galego; y las asociaciones Fuco Buxán, Encontro Social de Ferrolterra, Marcha Mundial das Mulleres, Stop Desafiuzamentos y Foro da Emigración, con el apoyo del Colegio de Abogados, jueces y fiscales de Ferrol.
La concentración, en la que participaron el juez decano, Alejandro Morán Llordén, una jueza de lo Social y varios fiscales y secretarios judiciales, además de un buen número de abogados y miembros de las organizaciones convocantes, dio comienzo a las siete de la tarde en la plaza de España y en el transcurso de la misma se dio lectura a un comunicado bajo el lema “Por unha xustiza para todos e todas”.
En el documento, que fue leído por Jorge Suárez, de CCOO, se refería que los profesionales de la Justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios y, por encima de todos, los ciudadanos, “non podemos permanecer impasibles ante o sutil desmantelamento do servicio público de Xustiza que está a perpetrar o ministro Gallardón”. En este sentido, se añadía que, a golpe de leyes exprés, la Justicia va a quedar reducida a “cascallos”, entre la falta de medios, las privatizaciones y las restricciones económicas, por lo que la única vía posible es la unión y la movilización cívica, además de los correspondientes recursos legales y jurídicos que permitan constatar la inconstitucionalidad de muchas de las medidas adoptadas por el Ministerio.
“Todos estes colectivos, aínda que en moitas ocasións teñamos intereses contrapostos, unímonos nunha soa voz, a fin de amosar a nosa máis rotunda oposición aos diferentes proxectos de consecuencias devastadoras”, señaló el portavoz. Se refirió “á natureza abusiva e claramente perturbadora do dereito constitucionalmente protexido de tutela xudicial efectiva, que se manifestou coa aprobación da Lei de Taxas Xudiciais”, así como a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “que suporá un grave perxuizo para a sociedade na tramitación ordinaria de procedementos, cunha sobrecarga do 30% de traballo a xuices e fiscais, ademáis dun retroceso nas condicións laborais dos funcionarios a tempos preconstitucionais”.
En tercer lugar, aludió a la “mercantilización do Rexistro Civil”, poniendo servicios públicos en manos de “profesionais de cobro”, y que supondrá una situación incierta para los 3.000 funcionarios que atienden este servicio en España.
El comunicado hacía referencia, asimismo, a la falta de inversión en medios personales, materiales y organizativos que sufrió la Administración de Justicia, “impedindo o seu desenvolvemento e modernización, que se utiliza agora como argumento para xustificar a súa privatización”.
Por último, se denunció la política actual sobre el drama social de los desahucios, “política máis mediática que eficaz, que non da solución a protección necesaria para os colectivos desfavorecidos polas execucións hipotecarias”.
El portavoz de los convocantes concluyó apuntando la necesidad de pontenciar la unidad de todos los colectivos, informar a la ciudadanía de las consecuencias de las reformas y movilizarse para tratar de lograr un cambio de políticas que atiendan más a cuestiones humanas que presupuestarias, loitando por “unha xustiza de calidade, universal e gratuita”.
ejemplos prácticos
Partiendo de la premisa de que la justicia, la educación y la sanidad se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, los convocantes de la protesta de ayer insisten en que no ha lugar al re-pago y distribuyeron un folleto informativo con algunos ejemplos prácticos para que la ciudadanía, la principal afectada por la implantación de la Ley de Tasas, sepa cómo le van a afectar las reformas que promueve el Gobierno.
Así, se apunta el caso de una negligencia médica en un hospital por un parto, en el que los padres reclaman 600.000 euros al Estado por las graves secuelas cerebrales de su hijo. En la que denominan “era pre-Gallardón”, los padres podían ganar el juicio y recibir la indemnización, sin más, mientras que en la “post-Gallardón” señalan que, “a combatividade da Administración, consciente do custo das taxas, obrigaralles a chegar o Tribunal Supremo, polo que o gasto nas diferentes instancias suporá a esa familia 11.300 euros, só en taxas e sin ter a seguridade de cobrar a indemnización”.
Otro ejemplo se refiere a que en los estados sociales modernos el trabajador es un colectivo altamente protegido por el sistema jurídico frente al empresario, “mentres que na era Gallardón o traballador despedido é penalizado pola lei de taxas, de xeito que para recorrir un despido improcedente terá que pagar 500 euros. Se chega a última instancia a taxa será de 1.250 euros”.
En materia de tráfico, un conductor al que se le impone una sanción leve que considera injusta, hasta ahora si acudía a la vía judicial y le daban la razón no tenía gasto alguno, a partir de la reforma, para recurrir tendrá que abonar una tasa de 200 euros y lo lógico será que no lo haga, aunque la sanción sea injusta.
Otro ejemplo práctico, también en materia de tráfico, lo representa una persona que en un accidente pierde la visión de un ojo y puede llegar a un acuerdo con la compañía aseguradora sobre la indemnización, que podría cifrarse en 60.000 euros.
Con la implantación de la reforma, y sabiendo que el demandante tendrá que hacer frente a una tasa de 500 euros, más un porcentaje de la indemnización que reclama y las minutas de abogado y procurador, las aseguradoras es muy probable que ofrezcan una cantidad muy inferior a la que realmente corresponda.
Registro civil
Según la información facilitada ayer a este periódico por el secretario del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ferrol y del Registro Civil, Miguel Regueiro, la Ley que regula el Registro Civil fue aprobada prácticamente por unanimidad en el Congreso y en Senado el año pasado, para su entrada en vigor en julio de 2014. Cuando todavía queda un año y medio para esa fecha, el Gobierno elaboró otro anteproyecto que traslada las competencias del Registro Civil a los registradores de la propiedad y los notarios, con la aplicación de aranceles. Las inscripciones y los expedientes serán tramitados por los registradores de la propiedad, mientras que los notarios se harán cargo de las bodas.
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