La inscripción y la certificación del nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, los actos de última voluntad…, servicios obligatorios que hasta ahora eran gratuitos, deberán ser pagados por la ciudadanía con la privatización del Registro Civil, cuya gestión pasará a manos de los registradores de la propiedad y mercantiles, cuerpo al que, no casualmente, pertenecen el director y subdirector de los Registros y del Notariado y el presidente Rajoy.
El anteproyecto de la Ley de la reforma integral de los Registros civiles, que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros, contiene modificaciones radicales para la tramitación de todos los actos, hechos y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas.
Si la movilización no lo impide, a partir de la entrada en vigor de esta ley, los ciudadanos deberemos pagar por todas las inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran gratuitas, porque eran prestadas por funcionarios públicos sin ánimo de lucro (jueces, secretarios y funcionarios judiciales), porque lo que pretenden Gallardón y Rajoy es entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios.
Lo auténticamente escandaloso es que el director general y el subdirector general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández y Francisco Javier Vallejo Amo respectivamente, que han participado activamente en la dirección para la elaboración del texto de la reforma de la ley de registros civiles, pertenecen al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Tampoco es un secreto que el propio presidente del Gobierno pertenece a dicho cuerpo en servicios especiales y con reserva de plaza.
No se le oculta a nadie que la aprobación de esta reforma de los registros puede estar plagada de "conflicto de intereses o de captura del regulador", porque entregar desde el Ministerio de Justicia a los registradores, que son funcionarios públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado sino de los aranceles que pagan los usuarios de los servicios que prestan, la gestión de los registros civiles, plantea como mínimo la duda más que razonable de si el proceso no está viciado desde su comienzo.
El anteproyecto de reforma integral de los registros civiles contiene, entre otras, las disposiciones siguientes:
· Los encargados de los registros serán los registradores de la propiedad y mercantiles, a los que se asigna la llevanza de todos los registros jurídicos. Se les otorgan funciones de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de los registros.
Serán designados por el Ministerio de Justicia y nombrados por la Comunidad Autónoma.
Los la registradores de propiedad y mercantiles cobrarán mediante los correspondientes aranceles, a cargo del ciudadano, sus honorarios y los costes derivados de la prestación del servicio público, que dejará de ser gratuito.
· Reduce el número de registros civiles a una por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias, así como en Ceuta y Melilla. Elimina el Registro Civil central.
· Atribución a los notarios de la competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil. Por tanto, el matrimonio civil, competencia del juez o alcalde hasta el momento, deja también de ser gratuito.
· Se introduce una clara discriminación contra el matrimonio civil respecto al religioso.
· Mientras los ciudadanos deberán pagar por las inscripciones y certificaciones, las Administraciones Públicas estarán exentas de coste.
· El personal funcionario que preste servicios en los registros civiles únicos o en juzgados con competencias en materia de registro civil perderán su plaza y serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales. No se garantiza ni siquiera que mantendrán como mínimo las retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa.
La privatización de los registros civiles se hace después de que, con cargo a los impuestos de la ciudadanía, el Ministerio de Justicia haya gastado más de 128 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles. Una inversión que pasa ahora a manos privadas junto a la gestión y cobro a los ciudadanos por actos obligatorios, y que supone un regalo a los registradores de decenas de millones de euros sufragados con el sacrificio de todos y con nuestros impuestos.
Para el Sector de Administración de Justicia de CCOO, "la desvergüenza del ministro de Justicia y del Gobierno, tras la aprobación de la infame Ley de Tasas, alcanza cotas insoportables con este nuevo paso dado en la misma dirección de privatizar la Justicia: los ciudadanos con ingresos reducidos verán imposible su acceso a la Justicia debido a la ley de Tasas, y ahora, tampoco podrán solicitar los certificados obligatorios imprescindibles como los de nacimiento, defunción, matrimonio….., al tener que pagar por ellos doblemente, con los impuestos y con los aranceles".
Ante esta privatización de los registros civiles es necesario recordar, que los registradores de la propiedad ya han demostrado su falta de preocupación por los intereses de los ciudadanos cuando organizaciones de consumidores denunciaron el cobro excesivo de los registradores por las cancelaciones hipotecarias, cuyas cantidades indebidamente cobradas ascendían, según estas mismas denuncias, a más de 400 millones de euros.
Los registros civiles realizan anualmente alrededor de 1.300.000 trámites. Si el arancel por cada trámite fuera, según todas las informaciones, de entre 10 y 40 euros, no es difícil obtener el resultado de la recaudación obtenida en la privatización que pretende el Gobierno. Incluso, aunque fuera verdad que algunos de estos trámites siguieran siendo gratuitos, la recaudación sería millonaria.
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